Leopoldo López no era un «preso político»; es un criminal, sentenciado a 13 años de cárcel por los tribunales de Venezuela como principal instigador de las revueltas de 2014 que causaron la muerte de más de cuarenta personas.
Leopoldo López había sido entrenado y financiado por Washington para organizar las operaciones de «cambio de régimen» en Venezuela, desde su plataforma ultraderechista Voluntad Popular, que recurría a las técnicas de agitación violenta en las calles con resultado de muertes para criminalizar al gobierno como responsable. Seguía así las tácticas expuestas por el teórico Gene Sharp en su libro «De la dictadura a la democracia» y usada con profusión en las llamadas «revoluciones de colores».
Las medidas de gracia del gobierno de Maduro habían permutado su prisión por arresto domiciliario hasta terminar su condena. Esta circunstancia permitió su fuga para poder dirigir él personalmente el frustrado intento de golpe de estado de 2019, que había organizado con la colaboración del figurante Guaidó.
La injerencia del Reino de España dio entonces un salto cualitativo, al ser acogido el prófugo en la embajada de España en Caracas, contraviniendo la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que prohíbe la protección de criminales, condenados en firme, contra el estado anfitrión. Para evitar la escalada, el hecho fue tolerado por el gobierno de Venezuela bajo compromiso de su no participación en actividades políticas.
Muy al contrario, desde su refugio en la embajada, Leopoldo López continuó siendo el principal artífice de todas las actividades insurgentes, que organizaba desde allí con la aquiescencia del Embajador Jesús Silva. La última y más desesperada, la preparación de la frustrada incursión de paramilitares conocida como operación Gedeón en mayo de este año.
Hay que señalar el cinismo del embajador y de las autoridades españolas sobre su no participación en los hechos que le han permitido escapar.
Los vínculos de Leopoldo López con España, como vector de penetración de la actividad de acoso a Venezuela desde la propia España y desde la Unión Europea, fueron estrechados por el PP durante el gobierno de Rajoy: se le concedió la ciudadanía española en 2015 y su padre, con poderosos intereses inmobiliarios en Madrid, fue presentado en las listas electorales y elegido eurodiputado por ese partido en 2019.
Con esta operación, el Reino de España perpetúa la ignominiosa tradición abierta por la dictadura del general Franco de dar refugio a personalidades implicadas en los peores crímenes contra los pueblos del mundo, desde nazis exiliados tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, neofascistas italianos que ejecutaron aquí acciones terroristas tras la dictadura, hasta tiranos y sus familias (como Batista o Trujillo), además de agentes de las sanguinarias dictaduras del cono Sur y terroristas de la extrema derecha latinoamericana.
Resulta insoportable la hipocresía de las autoridades, políticos y medios españoles, rotundos en su categorización de terrorismo para cualquier actividad que cuestione la vigencia de la Constitución Española, aún por vías pacíficas, que sin embargo dan amplia cobertura a un criminal convicto y confeso, calificándolo como «preso político».
La continuada injerencia española en la política Venezolana, que tuvo su máxima expresión en el apoyo directo al golpe de estado de 2002 contra Hugo Chávez, se inscribe en el marco de la guerra desatada por el imperialismo, liderado por los EEUU, contra su soberanía para hacerse con sus recursos, impedir la integración regional y frustrar el poderoso ejemplo de dignidad y resistencia que supone para las clases populares de toda Latinoamérica.
Es llamativo el sometimiento a criterios ajenos al declarar «enemigos de España» a quienes determinan desde los EEUU, sin exigir de ellos el más mínimo soporte documental.
Este sometimiento cobra especial significación en la innoble actitud del Alto Representante de la UE para la Política Exterior, el español Josep Borrell, vocero e impulsor de las acciones de guerra económica contra Venezuela desde ese ámbito.
El FAI denuncia la actitud servil del Gobierno, contraviniendo la Convención de Viena y la propia legislación española y faltando al compromiso de no permitir actividades ilegales desde su embajada.
Asimismo, denunciamos la irresponsable participación de muchas de las instituciones a todos los niveles de la administración en el apoyo a esta facción filofascista de la oposición venezolana.
Y de manera general, denunciamos a los partidos del arco constitucional y al complejo mediático españoles, que sostienen desde hace años la campaña de acoso contra el legítimo gobierno de Venezuela, en una actitud que solo beneficia a ciertas élites dispuestas a sacrificar la paz.
Condenamos la colaboración del Gobierno de España en la huida clandestina de un delincuente convicto de terrorismo y prófugo y demandamos su devolución por vía de extradición a las autoridades de Venezuela.
El FAI exige del Gobierno un cambio radical en su actitud hacia Venezuela, respetando el derecho internacional, acatando el principio de no injerencia de las Naciones Unidas y apoyando de la mejor fe todas las medidas que el Gobierno de Nicolás Maduro, el único que reconoce esta institución, está implementando para lograr la pacificación del país y la superación de la grave crisis económica inducida por la agresión imperialista.
¡Basta de injerencia contra la República Bolivariana de Venezuela!
¡Manos fuera de Venezuela! ¡Respeto a su soberanía!
¡Respeto al Derecho Internacional!
Frente Antiimperialista Internacionalista
26 de octubre de 2020
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