Comentarios a las manifestaciones públicas de militares españoles

España fue el único país de Europa en el que pervivió un régimen fascista, a pesar de la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que su acceso a la ONU fue vetado por su origen fascista.

El carácter fascista del estado tenía ciertas peculiaridades que lo vinculaban a las tradiciones más retrógradas de la oligarquía agraria española, al catolicismo más rancio y a la añoranza por un imperio colonial perdido, pero que conservaba fuerzas militares expedicionarias en el protectorado de Marruecos y que fueron, en última instancia (junto con el apoyo incondicional de Alemania e Italia), las que decidieron el destino de la guerra que se desató tras el golpe militar de julio de 1936.

De manera que el golpe fue de los militares “africanistas” y secundado por grupos fascistas y clericalistas, que ante su fracaso, emplearon las más despiadadas técnicas de exterminio habituales entre las tropas coloniales para derrotar a un ejército leal a la República (pero con pocos cuadros, mal armado y sin entrenamiento), a la solidaridad de las Brigadas Internacionales y a una resistencia popular épica.

La represión contra los sectores más comprometidos con la República fue monstruosa, tanto en el avance de las tropas rebeldes, como una vez asentado el gobierno de Franco. Hay censados más de 130.000 desaparecidos, siendo considerado un acto de genocidio en el que se asesinaba a las personas por su mera orientación política. Era una venganza deliberada y un intento de impedir cualquier alternativa política por generaciones.

Tal ejercicio de represión resultó en un país absolutamente traumatizado por la guerra, que perdió a sus mejores hombres y mujeres e incapaz de enfrentarse a la dictadura del general Franco, que acabó muriendo en la cama 39 años después del golpe de estado.

Antes de su muerte, el dictador designó al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey. En plena agonía del dictador, los EEUU, que ya habían establecido sus bases militares en España a cambio de su aceptación en la ONU, maniobraron para asegurar la fidelidad de España a cambio de su apoyo al nuevo rey.

Se inicia así un periodo denominado como “transición” a la democracia, que sería tutelada por los propios militares y factores del régimen, en medio de una gravísima crisis económica, de manifestaciones de violencia política (en muchos casos, de falsa bandera o con la connivencia de los servicios secretos, nacionales o de los EEUU) y de continuas amenazas de golpe de estado militar.

Previamente, desde los servicios secretos de EEUU y la fundación Friedrich Ebert se había potenciado al histórico partido socialista (PSOE), reconvirtiéndolo a los valores capitalistas de la socialdemocracia alemana, renunciando al marxismo y desbancando al partido comunista (PCE) como referente principal de los sectores obreros.

En esas condiciones, se redacta una nueva constitución “democrática” pactada desde los sectores mas liberales del régimen y los nuevos actores de los partidos “obreros” (PSOE y PCE). Las condiciones impuestas para su participación fueron la renuncia a la forma republicana de gobierno y la aceptación de la monarquía. Se garantizaba además la autonomía militar, asignando a las Fuerzas Armadas (FAS) el papel constitucional de preservar la unidad e independencia de la patria y el orden constitucional y colocándolas bajo el mando supremo del rey.

Previo a la aprobación de la nueva constitución, apareció un grupo de militares progresistas, la Unión Militar Democrática (UMD) que, a semejanza de lo que había ocurrido en el vecino Portugal, propugnaba el fin de la dictadura y denunciaba la utilización de las FAS como sostén del régimen político. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió allí, en que el Movimiento de las Fuerzas Armadas consolidó la conocida como “Revolución de los Claveles”, los militares de la UMD fueron duramente reprimidos y muchos, expulsados del servicio.

Entre los señuelos colocados a los sectores de izquierdas para entrar en el juego de la transformación de una dictadura en una democracia figura la conocida como Ley de Amnistía, que, aprobada todavía por las cortes franquistas, liberaba a todos los presos políticos del régimen, pero que también suponía la ley de punto final o de impunidad para todos los crímenes cometidos por los agentes del franquismo durante la guerra y la dictadura. La Ley de Amnistía, sin embargo, excluía expresamente a los militares de la UMD.

Al igual que para la judicatura, las fuerzas políticas del nuevo estado jamás intentaron depurar las FAS de activos colaboradores del franquismo.

Los primeros gobiernos de la transición, de la Unión de Centro Democrático y del PSOE sufrieron varios pronunciamientos y amenazas militares; en el primero de los casos, se produjo incluso un golpe de estado frustrado, promovido en realidad por el propio rey Juan Carlos, que se vio obligado a recular ante el desordenado ímpetu de los sectores más exaltados. La consecuencia directa de esta intentona fue la entrada inmediata de España en la OTAN.

La profesionalización de las FAS tras la incorporación a la OTAN y su consiguiente apartamiento de veleidades golpistas, fue el mantra repetido hasta la saciedad por las distintas fuerzas políticas del arco parlamentario, que justificaban así la ausencia de medidas correctivas sobre el carácter manifiestamente antidemocrático de muchos de sus mandos.

Tampoco la OTAN ha sido nunca una garantía de talante democrático de las fuerzas armadas de sus socios, a pesar de sus proclamas, como demuestra su tolerancia con las dictaduras de Portugal, Grecia o Turquía. El sesgo antidemocrático de los militares es funcional al ejercicio brutal de las agresiones imperialistas para las que se ha constituido.

En estas condiciones, no es de extrañar el atrevimiento de ciertos militares para hacer reclamaciones públicas a los poderes del estado para adoptar políticas más afines a su personal ideología : se consideran en la obligación de tutelar a la nación, haciendo evaluaciones que no les corresponde sobre la conducción de la política e invocando a su primera autoridad, el rey.

Una ideología que hunde sus raíces en el pasado franquista, del que se sienten orgullosos y del que no muestran un ápice de pudor para reivindicarlo, aún con el lastre de los innumerables crímenes que cometieron y que el estado “democrático” se niega a reconocer, pese a las demandas reiteradas de las Naciones Unidas contra la Ley de Amnistía.

Y la supuesta “profesionalidad” ganada con tantas campañas de imposición y guerra por doquier, siempre subordinados a los EEUU, a la OTAN o a la UE, no les priva de hacer ridículas apelaciones al nacionalismo, a la patria eterna o a la soberanía.

En los últimos tiempos, con una crisis del capitalismo que parece terminal, hemos visto florecer manifestaciones del más rancio fascismo, recurso que ha sido tradicionalmente utilizado por la burguesía cuando las instituciones del parlamentarismo liberal parecen incapaces de garantizar su fin último, la acumulación de capital.

Quizá la expresión más clara de ese neofascismo se haya dado en los EEUU, en donde su presidente cesante ha dado muestras de su más absoluto desprecio por la verdad, construyendo siempre el relato que le interesa, sin que se sienta obligado a justificar o a explicar sus políticas. La realidad se construye a la medida del poder y punto. Esta forma de hacer política tiene su correlato en países como Brasil, India… y en muchos de Europa.

En concreto, en España, ha aparecido el partido de extrema derecha Vox, que está presente en el parlamento con 52 diputados. El crecimiento del partido ha sido espectacular, tras un penoso tratamiento por el anterior gobierno del Partido Popular (PP) de las aspiraciones nacionalistas de Cataluña. La agitación de la calle, en todos los medios y la movilización de los tribunales y de la policía, han actuado para identificar al nacionalismo catalán como el causante de todos los males de España, exacerbando las pulsiones nacionalistas en el resto del estado.

El descalabro electoral del PP, abrumado por la corrupción sistémica tras 7 años en el gobierno, ha dado alas a esta nueva marca electoral, que ha recogido a los sectores más reaccionarios de la derecha patria que durante décadas habían sido amorosamente acogidos en su seno. La derecha española, a diferencia de las de Francia o Alemania, no tiene complejos a la hora de prohijar a fascistas porque, a fin de cuentas, fueron los fascistas quienes resolvieron su crisis existencial frente a la radical democracia republicana.

Y como corresponde a la nueva forma de hacer política, ya no hay pudor para guardar las formas, no ya democráticas, sino simplemente, racionales: cualquier barbaridad puede ser expresada sin consecuencia alguna y es aplaudida con vehemencia por innumerables hooligans. El ejemplo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, es paradigmática.

El partido ultra Vox, que hace suya la defensa del franquismo y de los valores de la dictadura, ha resultado un refugio cómodo para algunos militares de alta graduación retirados. Y, como no, trata de patrimonializar a las fuerzas armadas y al mismo rey, con la connivencia de ambos. No es de extrañar que militares crecidos en ese mismo ambiente, sin que se les hay hecho reproche alguno, se sientan autorizados y legitimados para amagar con tales planteamientos golpistas.

Lo verdaderamente preocupante de las famosas cartas y chats de militares nostálgicos no es su exigua capacidad para forzar la reorientación de la política: es la constatación de que el fascismo goza de muy buena salud entre los mandos militares y de que existe una complicidad objetiva entre estos sectores de sus cuadros y los sectores de la oligarquía beneficiarios del franquismo que, tras 42 años de democracia formal, mantienen el control de los aparatos del estado para su servicio.