Entre el Lawfare y la fuerza bruta: cómo el gobierno de Luis Arce se pretende perpetuar en el poder en medio del caos boliviano. Juanlu González
Introducción: un golpe a cámara lenta
Bolivia vive hoy uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Lo que comenzó como un proyecto de transformación social exitoso bajo el liderazgo de Evo Morales, ha degenerado en una distopía política donde el lawfare (guerra jurídica) y la brutal fuerza represora se han convertido en las herramientas predilectas de un gobierno que, lejos de representar los intereses populares, ha decidido entregar el país a los grupos oligárquicos mientras se blindan él y sus cómplices de cualquier consecuencia judicial por la perpetración de sus delictivos actos contra el pueblo boliviano. Luis Arce, quien llegó al poder como supuesto continuador del proceso de cambio, ha demostrado ser un traidor a los principios que decía defender, perpetuándose con su camarilla de malhechores en el poder mediante mecanismos ilegítimos, mientras Bolivia se hunde en una crisis económica sin precedentes que tiene al país al borde de la quiebra y el default.
El Lawfare como herramienta de exclusión política
El gobierno de Arce ha instrumentalizado el sistema judicial para eliminar a toda oposición, especialmente aquella que proviene del mismo campo progresista que lo llevó al poder. El caso más emblemático es la exclusión ilegal de Evo Morales de las elecciones presidenciales de 2025. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), controlado por el oficialismo, reinterpretó la Constitución para limitar las reelecciones, prohibiendo así la candidatura de Morales bajo el argumento de que ya había gobernado más de diez años. Esta decisión, claramente política, fue tomada por magistrados «autoprorrogados» que permanecen en sus cargos de manera ilegal tras vencer su mandato constitucional. Sin embargo, la Constitución boliviana no niega la elección en periodos no consecutivos, como está sucediendo ahora con Lula Da Silva en Brasil o como podría suceder con Donald Trump en EEUU.
Pero la persecución no se limita a Morales. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y otra figura clave de la izquierda, también fue bloqueado cuando intentó inscribirse usando la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Dos jueces ordinarios, claramente alineados con el gobierno, ordenaron al Tribunal Electoral no permitir su inscripción. Como denunció el analista Armando Ortuño, «algunas instancias del Poder Judicial se han convertido en un suprapoder que está vulnerando la autonomía de las autoridades electorales”.
Esta estrategia de lawfare no es nueva en América Latina, pero en Bolivia ha alcanzado niveles particularmente descarados. Como señaló la presidenta de la CIDH, Nancy Hernández, cuando «la política se apropia de la justicia, aprueba leyes inconstitucionales, con la complacencia de jueces serviles, concentran poder y logran la impunidad”.
La farsa del «Autogolpe» y la militarización del control político
El intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, liderado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, ha sido utilizado por Arce para justificar un mayor autoritarismo. Mientras el presidente denuncia que «solo la derecha y el fascismo» tratan de encubrir el golpe, sectores del propio oficialismo, incluido Evo Morales, han acusado al gobierno de orquestar un «autogolpe» para victimizarse y consolidar su poder.
Las sospechas no son infundadas. Zúñiga, quien amenazó públicamente con capturar a Morales días antes del intento golpista, mantenía una relación cercana con Arce —incluso jugaban baloncesto juntos los fines de semana— y fue ascendido pese a ser «uno de los peores oficiales de su promoción». Esta conexión sugiere que el gobierno pudo haber tenido algún nivel de complicidad o al menos conocimiento previo de los eventos.
Independientemente de su origen, el fallido golpe ha servido para que Arce intensifique el control militar sobre la sociedad. El gobierno ha desplegado efectivos en puntos fronterizos bajo el pretexto de combatir el contrabando, pero en realidad estas medidas buscan acallar el descontento popular que crece ante la crisis económica. Como admitió el propio Arce, pidió a las Fuerzas Armadas que lo defendieran del «golpe blando» que, según él, planea la oposición.
Crisis económica: el telón de fondo del autoritarismo
Mientras Arce se blindaba judicial y militarmente, Bolivia se hundía en la peor crisis económica en décadas. La inflación acumulada alcanzó el 9.97% en 2024, la más alta desde 2008, mientras el boliviano se depreció hasta cotizarse a 20 por dólar en el mercado paralelo, frente al tipo de cambio oficial de 6.96. Esta devaluación implícita de más del 65% ha devastado el poder adquisitivo de los bolivianos.
Los supermercados exhiben estantes vacíos y productos básicos como aceite, arroz y papel higiénico con precios prohibitivos. La escasez de dólares ha paralizado las importaciones, llevando a muchos comerciantes a la quiebra. En la frontera con Perú, el contrabando se ha disparado mientras los bolivianos buscan desesperadamente soles peruanos, una moneda más estable.
Ante este colapso, el gobierno respondió con 11 medidas y 7 decretos que, lejos de resolver los problemas estructurales, profundizan el control estatal: desde patrullajes militares en fronteras hasta procesamientos por «agio y especulación». Estas medidas represivas contrastan con la incapacidad de Arce para industrializar el país y sustituir importaciones como prometió.
La fractura del MAS y la traición final
El Movimiento al Socialismo (MAS), otrora fuerza hegemónica de la política boliviana, hoy está irreconociblemente fracturado. Arce se apropió de las siglas mediante turbias maniobras judiciales usando la complicidad de muchos estómagos agradecidos y aquellos que se vendieron porque esperaban serlo, mientras Morales quedó marginado del partido que él mismo fundó. Es más si hoy Evo está vivo es porque los planes de magnicidio fracasaron estrepitosamente.
Esta ruptura no es ideológica, sino de intereses: mientras Morales sigue representando a los sectores populares, Arce ha optado por aliarse con los poderes fácticos que antes denunciaba. Y no, que nadie venda estos hechos como una pelea fratricida entre facciones políticas donde lo mejor es no pronunciarse a ver qué pasa, porque lo que acontece en Bolivia es una lucha entre la democracia popular y la oligarquía y las clases dominantes, que es donde quieren pescar votos tanto el nuevo MAS, como otras candidaturas supuestamente progresistas.
El gobierno ha convertido al impostado MAS en una herramienta de su proyecto personal. Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno de Arce, represor popular donde los haya y que sueña con ser el Bukele boliviano, fue proclamado candidato presidencial del oficialismo en un congreso absolutamente ilegal saltándose incluso los estatutos del propio movimiento, mientras Eva Copa, alcaldesa de El Alto y otra figura del arcismo, creó su propio partido (Morena). Todos ellos, incluyendo a Arce (que se postula para un escaño en el Senado que lo blinde 4 años), pertenecieron al MAS pero hoy representan intereses distintos y hasta contrapuestos.
Corrupción institucionalizada
El escándalo de corrupción que involucra al hijo menor del presidente, Rafael Arce Mosqueira, ejemplifica el doble discurso del régimen. En 2021, con apenas 25 años y sin historial laboral que justifique tal fortuna, adquirió el predio «Adán y Eva» en Santa Cruz por 3.3 millones de dólares. Durante la «pausa ambiental» decretada por su padre en 2024, cuando Bolivia enfrentaba una crisis de incendios forestales, 182.6 hectáreas de este terreno protegido fueron ilegalmente deforestadas y quemadas para convertirlas en cultivos. Las imágenes satelitales son contundentes, al igual que los permisos exprés que recibió de la Autoridad de Bosques y Tierras para legalizar este ecocidio. Como coincidencia sospechosa, el Estado construyó un puente de 148 metros sobre el río Piraí, a solo 15 km de la propiedad, con una inversión de 21.7 millones de bolivianos, obra que durante años había sido postergada.
Este patrón de corrupción se extiende a otros ámbitos. Denuncias periodísticas señalan que la familia presidencial se habría enriquecido mediante negocios turbios vinculados a YPF-B y la importación de hidrocarburos. Mientras comunidades indígenas son criminalizadas por defender sus territorios, los allegados al poder pueden deforestar selva impunemente, acumular propiedades cuestionables y acceder a contratos públicos privilegiados. Seis ministros del gobierno de Arce han renunciado por casos de corrupción, demostrando que estos no son hechos aislados sino parte de un sistema de saqueo institucionalizado.
La Resistencia Popular es la esperanza
Frente a este escenario desolador, el pueblo boliviano no ha permanecido pasivo. Las movilizaciones contra el gobierno crecen, los transportistas, cocaleros y otros gremios anuncian bloqueos y la resistencia se organiza. Como dijo Arce sin darse cuenta de la ironía: «el pueblo nos puso aquí en Casa Grande y el único que nos va a sacar es el propio pueblo». Ese mismo pueblo que está siendo encarcelado, torturado y al que priva de sus derechos fundamentales. Arce debería dimitir inmediatamente, aunque el resto de golpistas no se lo va a permitir, les va la vida y la fortuna personal en ello. Ahora de nuevo el Lucho intenta encarcelar a Evo Morales por terrorismo por supuestamente organizar protestas sociales, una prerrogativa —las protestas— protegida en la mayoría de estados democráticos y prácticamente el deporte nacional boliviano.
La oligarquía fascista que hoy controla Bolivia mediante Luis Arce podrá haber ganado batallas mediante el lawfare y la fuerza bruta, pero la guerra por la verdadera democracia está lejos de terminar. El pueblo boliviano, que derrotó dictaduras y golpes en el pasado, seguramente encontrará el camino para liberarse también de este gobierno traidor que, vestido de progresismo, ha entregado el país a los peores intereses.
(Publicado en Bits Rojiverdes, el 5 de junio de 2025)
