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Análisis y posicionamiento del FAI ante la visita de la Ministra de Exteriores a Colombia

 

La visita de la ministra de Asuntos Exteriores de España a Colombia, una provocación al gobierno de Venezuela

 

El atropello a la soberanía venezolana y la injerencia en asuntos internos es una constante por parte de algunos gobiernos “democráticos” de Europa, Estados Unidos y sus aliados. A la hora de fijar una posición anteponen sus intereses políticos e ideológicos para desconocer su gobierno, su institucionalidad, su constitución y promover o apoyar los ataques sistemáticos a la estabilidad política, económica y social de esta nación suramericana.

La mayoría de los gobernantes que se oponen a la Revolución Bolivariana o la hacen responsable de la situación que vive su población actual se han negado a escuchar las denuncias del Gobierno y de múltiples organizaciones sociales sobre la existencia de un ataque sistemático a su economía, a través de las acciones unilaterales coercitivas implementadas contra esta nación. Acciones que comenzaron a intensificarse a partir del 2015 y que se han venido incrementando escandalosamente, a la par de intensificar los ataques terroristas que crean un cuadro de guerra híbrida contra Venezuela dirigida por Estados Unidos, en su actuar imperialista, y que ha sido apoyada por sus aliados e incluso han seguido los pasos del Gobierno de Washington, como es el caso de la Unión Europea (UE).

La UE decide lo que le parezca políticamente conveniente a sus intereses en el caso de Venezuela sin tener pruebas ni investigar seriamente y haciendo caso omiso a los informes y denuncias que demuestran la agresión al pueblo. Ante esta cruda realidad parece claramente comprometida a socavar las posibilidades de que en Venezuela tenga lugar un acuerdo político, ya que desconoce esta injusta realidad y aparece con nuevas “sanciones” contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral al considerar fraudulentas las elecciones del nuevo Parlamento que ha abierto una posibilidad de diálogo para lograr la estabilización política del país y la recuperación económica, que pasa por eliminar estas medidas destructivas aplicadas al país. El sector de la oposición que acudió a las elecciones decidió cambiar la estrategia ante el fracaso continuo de las acciones por derrocar al gobierno y las consecuencias que han afectado duramente a la vida del pueblo en general y a la economía nacional por la injerencia extranjera. Pero a este grupo tampoco lo acepta la UE. ¿Realmente quieren una salida de diálogo a la controversia interna?

La reacción de la Asamblea Nacional y del gobierno venezolano ante la nueva sanción no se hizo esperar y declaró “persona no grata” a la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país, Isabel Brilhante Pedrosa, y entregó notas de protesta a los embajadores de Francia, España, Alemania y Países Bajos bajo el argumento de que la Constitución de Venezuela y la Carta de la ONU han sido irrespetadas por los países europeos.

Además de su posición en la UE, la respuesta del Gobierno de España a toda esta agresión contra la soberanía venezolana es la de visitar Colombia para llegar a unos acuerdos de cooperación con el Gobierno de Duque que involucran a los migrantes venezolanos en ese país. Esta visita se llevó a cabo a finales del mes de febrero de 2021, en pleno conocimiento del papel que ha jugado Colombia en la agresión contra Venezuela. Agresión dirigida por el gobierno de EE. UU. en las últimas administraciones de Obama y Trump y que continuará en la administración de Biden, conociendo su trayectoria y las acciones bélicas que ha tomado en su corta gestión.

La UE manifiesta su voluntad de continuar con los bloqueos en una abierta injerencia. Ni siquiera son capaces de oír a su propia dirigencia política, como es el caso de parlamentarios alemanes que criticaron al ejecutivo de su país por el apoyo a Juan Guaidó y por el aval a las medidas coercitivas unilaterales en el país por sus efectos nefastos sobre la población.

La UE se niega a escuchar a las víctimas y protege a los transgresores

Las acciones injerencistas, de distintas maneras, han sido parte activa y corresponsable de los crímenes de lesa humanidad que se comenten contra el pueblo venezolano, bajo la excusa de la ilegitimidad del Gobierno, elegido por el pueblo de acuerdo con las leyes vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, las denuncias no son solo del gobierno y las victimas del pueblo, van más allá. La última se deriva del informe preliminar de la relatora especial de la ONU, Alena Dohuan, presentado el 12 de febrero de 2021, en la que concluye que las sanciones agravan la crisis económica. Destaca las sanciones sobre el petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central. Estas han exacerbado las calamidades existentes al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y programas sociales. Esto ha tenido un efecto devastador en toda la población, en especial los de extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, así como la población indígena[1].

Este informe ratifica la veracidad de lo que Venezuela viene denunciando, donde se señala que el impacto abarca todos los ámbitos de la vida, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo productivo y la vida cotidiana. De allí, que la relatora especial de la ONU pidió a Europa y a EE. UU. que respeten los principios del derecho internacional y, por tanto, cesen las sanciones sobre Venezuela. Más de 82 organizaciones sociales apoyan este informe y se unen a la campaña internacional. ¿Y cual fue la reacción la UE? Incrementar las sanciones, lo cual la coloca en evidencia de una violación del derecho internacional contra ese país.

Estas acciones precarizan las condiciones de vida de la población e impide al país administrar sus propios recursos, además de que roben sus activos en el extranjero. La intención ha sido asfixiar al pueblo, destruyendo todos los avances de la Revolución e impedir el desarrollo del país cortando todos los suministros a la producción y a la vida. Todo esto se presenta a la opinión internacional como un fracaso del gobierno bolivariano, y no como una consecuencia a las medidas inhumanas que han aplicado cada vez con más severidad, sin importar el daño psicológico y físico a la población.

Durante estos 6 últimos años el Gobierno Bolivariano ha resistido y, contra todo pronóstico, el pueblo, de forma mayoritaria, ha apoyado a la revolución porque ha comprendido que se trata de la defensa de su legítimo derecho a la soberanía e independencia, base para construir una sociedad más justa e igualitaria. Hoy identifica con claridad quiénes son sus verdaderos agresores, venciendo incluso la más dura y agresiva manipulación mediática para ocultar la verdad de lo que ahí sucede.

La soberbia de algunos gobiernos de Europa, siguiendo la línea de EE. UU. les impide reconocer sus propios desaciertos políticos, que no solo violan el derecho internacional, sino que los convierten en corresponsables de la precaria situación que vive hoy el pueblo producto de estas acciones. Estos gobiernos apostaron a que las medidas tendrían un efecto inmediato sobre el pueblo para ponerlo en contra del gobierno y que se ganarían a un sector de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para un alzamiento militar contra el Gobierno revolucionario. La realidad demostró una fuerte y solida alianza cívico militar capaz de detectar a los traidores y a los terroristas que asesinan al pueblo utilizando sus armas y el bloqueo de medicinas y alimentos. A pesar de la inteligencia colectiva que impidió que se concretaran los intentos de golpes de Estado, magnicidio y otros actos terroristas, no se pudo impedir la destrucción de parte importante de las instalaciones del estado, servicios públicos, centros escolares, hospitales y a las instalaciones de las empresas de producción del estado. Así como el asesinato de dirigentes políticos, sindicales, campesinos y el pueblo trabajador que estuvo presente o cercano a actos de masa en defensa de la revolución.

Estos grupos terroristas opositores que actúan en el territorio amparados y financiados por EE. UU. y la UE se convierten en traidores a la Patria, que en cualquier país serían severamente castigados. Sin embargo, de forma mágica y casi instantánea los medios se olvidan de las víctimas reales y convierten a los agresores opositores del gobierno en víctimas que deben proteger. Este es un descarado acto de irresponsabilidad y falta de humanidad. Parecería que los derechos humanos son solo para los opositores y para los que migran por distintas razones creadas en esta guerra que se ha orquestado contra la Venezuela Bolivariana.

Aquí también hay mucho de hipocresía porque supuestamente se desea salvar al pueblo de una “dictadura” propiciando una confrontación bélica que desconoce el dialogo y la diplomacia. De hecho, se ha obstaculizado el esfuerzo de dialogo y se han impuesto condiciones externas para avanzar en una confrontación que cada vez es más injerencia criminal porque la oposición radical ya no está en el país y no actúan de forma independiente del gobierno de Washington.

La hipocresía de querer “proteger la democracia en Venezuela” llega a tal extremo que las conclusiones del informe no modificaron en nada su actitud de desconocer al gobierno y sus instancias y, mucho menos, de actuar a favor de proteger al pueblo. Es importante recordar que los activos de PDVSA en EE. UU. correspondientes a su filial CITGO fueron entregados irresponsablemente por la Administración Trump al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Esto viola el derecho internacional y facilitó uno de los actos de corrupción más atroces contra el pueblo venezolano, abiertamente denunciado por distintos sectores. CITGO, a través de la Fundación Simón Bolívar, ofrecía ayuda a los planes sociales y en especial a niños y niñas con enfermedades complicadas que debían ser trasladados a otros países para su recuperación. Esto fue eliminado y tuvo consecuencias inmediatas en estos niños y niñas que estaban en procesos de tratamiento que no pudieron continuar, con las consecuencias fatales previsibles. Este hecho parece no conmover a los actores de esta acción criminal, que evidencian una nula sensibilidad humanitaria y una evidente complicidad en este atroz acto de corrupción que ha ocasionado víctimas en la población venezolana y frustrado el sueño de muchos de tener un futuro de vida sana.

La solicitud de respeto a la soberanía venezolana no se responde con un acto de provocación

Consideramos que la visita a Colombia, en este preciso momento, de la Ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González, es una nueva provocación a la soberanía venezolana. El recorrido de la ministra junto a la canciller colombiana Claudia Blum y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa en el Puente Internacional Simón Bolívar, fronterizo con Venezuela, en Cúcuta (Colombia) el sábado, 27 de febrero pasado, alabando la acción “solidaria” del gobierno colombiano no solo es una clara provocación sino una injerencia externa. Es importante recordar que este fue el escenario, hace dos años, del show de falsa ayuda humanitaria que dejó en evidencia la escasa capacidad de convocatoria de Guaidó y de la alianza que tiene con el gobierno colombiano y con sectores del narcotráfico para derrocar al gobierno de Venezuela. El acto se convirtió en un verdadero fracaso, inocultable ante su propia gente y la población venezolana.

La ministra, al igual que todos a los que nos interesa la política, debe conocer ampliamente el rol que ha jugado Colombia en la planificación y apoyo a los actos terroristas en Venezuela, aupando y entrenando a paramilitares y sicarios para desestabilizar al gobierno, destruir instalaciones y asesinar a líderes chavistas o presuntos chavistas, como ha sido su estilo a nivel interno. ¿Cómo puede creerse la supuesta solidaridad de un gobierno denunciado por sus terribles actos contra los migrantes venezolanos y con sus connacionales que regresan a su patria o para los que viven en ella? Colombia se ha convertido en uno de los países donde más se violan los derechos humanos, entonces ¿cómo se puede ver esta solidaridad que no sea como un gran negocio para los involucrados?

Según EFE y Reuter, la visita está encuadrada dentro del reconocimiento a la creación por parte del gobierno colombiano del Estatuto Temporal de Protección para Inmigrantes Venezolanos. La medida tendrá una duración de 10 años y pretende regularizar la situación de parte de los 1,73 millones de venezolanos que residen actualmente en Colombia.

Un programa de 10 años debe ser millonario. Por eso el interés en la cooperación de España. Cooperante que parece creer ciegamente en un gobierno del que su propia Fiscalía reconoce irregularidades y que recibe denuncias constantes de su pueblo sobre masacres, torturas, mentiras, falsos positivos y las cuotas de asesinatos de los que debe responder ante los órganos que “financian la paz” matando a dirigentes y pueblo desarmado. De hecho, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) entregó un reporte que busca contribuir en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), emprendida por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). A manera de ejemplo en Antioquia, se presume la existencia de al menos 906 cuerpos inhumados de personas no identificadas y que pueden corresponder a este tipo de víctimas. Y esta no es la única denuncia que se ha hecho en los últimos meses.

Del otro lado de la frontera, la situación no se percibe tal como la describió la ministra, la cual afirmó «Yo he visitado Colombia, he visitado una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país y a todos sus vecinos”. Los otros proyectos no son competencia de Venezuela, pero en el caso en que el vecino involucrado directamente es Venezuela, no entendemos a qué respeto se refiere, cuando se ignora y no existe interés alguno en escuchar las demandas para resolver el problema de fondo, no solo de la migración sino de la población que sufre y resiste en el territorio nacional.

La realidad migratoria venezolana es muy compleja y siempre ha sido analizada desde fuera y manipulado por intereses foráneos. Sabemos que Colombia es la frontera terrestre más fácil de penetrar por vía terrestre, para ir y volver si se quiere. No existen cifras oficiales, sin embargo, la ONU dice que 5,4 millones de personas han salido de Venezuela, para lo que ya están solicitando públicamente nada menos que 1.440 millones de dólares para las ONG e instituciones de los que llaman países de acogida y organismos multilaterales en este 2021. La cifra no solo parece abultada intencionalmente, sino que la mayoría de los datos reportados sobre migración venezolana a la OIM y ACNUR son suministrados por países que se han unido en el llamado Grupo de Lima, que han evidenciado una clara intención de derrocar al Gobierno Bolivariano. Estas razones son suficientes para poner en duda la objetividad de la información que ofrecen a estos organismos. Según investigaciones de Misión Verdad la cifra que maneja el gobierno colombiano es totalmente falsa, ya que es la suma de todas las entradas desde 1991 sin deducir las salidas y las personas fallecidas. Tampoco se deducen las personas que tienen doble nacionalidad o son hijos de colombianos nacidos en Venezuela y que históricamente se desplazan entre ambos países.

No se puede creer en la voluntad de diálogo del gobierno España cuando se fija una posición internacional contra el Gobierno de Venezuela y se realizan actos como este que claramente tienen una connotación ideológica que vulnera la soberanía nacional. Este no puede entenderse como acto de buena voluntad a favor del pueblo porque sería negar la historia y el contexto en el cual se ha dado la migración venezolana. ¿Y el que se queda en Venezuela resistiendo heroicamente no merece por parte de la UE un acto de humanidad, devolviéndole los recursos retenidos y robados en los bancos europeos? ¿Al gobierno de España, al igual que otros países europeos, le preocupa que los recursos del país los administre el Gobierno de Maduro, aunque sea poniendo condiciones de garantía para disminuir los daños de la pandemia? ¿Pero no le preocupa el destino de “la cooperación a los migrantes” administrada por el desacreditado, antidemocrático, corrupto y narcoestado colombiano? El rol de Colombia asignado por el Gobierno de EE. UU. contra Venezuela es ampliamente conocido y difundido por las propias autoridades gubernamentales de ese país. Por lo que la posición del Gobierno del estado español se muestra sesgada y no contribuye de ninguna manera al dialogo que la propia ministra señala como disposición a favorecer.

El cuadro de hostilidad en las relaciones entre Caracas y la UE puede cambiar cuando la UE entienda que los problemas se resuelven en el país con los actores en juego; que el dialogo es interno y los demás solo deben auspiciar el mismo, tal como lo ha hecho el Reino de Noruega. Desde nuestra perspectiva, si se cree en un diálogo respetuoso de la soberanía e independencia de Venezuela, de lo que se trata es de comenzar con el cese inmediato del bloqueo económico, del ataque a la moneda venezolana y de todas las medidas unilaterales y coercitivas que desde el 2015 penden sobre la Revolución bolivariana como una espada de Damocles.

Entendemos que la guerra mediática contra Venezuela incluye la migración, y que una ingente cantidad de recursos se ha movido sin los controles adecuados para garantizar que realmente le llegue a los afectados; sin embargo, creemos que este problema solo se resuelve desbloqueando al país para estabilizar su economía y avanzar en el desarrollo y que puedan regresar los que así lo deseen.

El Frente Antiimperialista Internacionalista se suma a la campaña internacional por el Cese inmediato de las medidas unilaterales y coercitivas contra la República Bolivariana de Venezuela y hace un llamado al Gobierno del Estado Español para que respete los principios del Derecho Internacional y facilite ante la UE el cese de las sanciones sobre Venezuela.

8 de marzo de 2021

  1. Recomendamos leer el informe en http://www.correodelorinoco.gob.ve/lea-el-informe-preliminar-de-relatora-especial-de-la-onu-alena-douhan/

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