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El circo institucional. Francisco García Cediel

Ya lo dijo Mario Vargas Llosa en la Convención del PP en 2021; lo importante en unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien. El escritor peruano resumía en una frase la base del sistema burgués, en el que los procesos electorales son, sobre todo, un mecanismo de legitimación de la dominación de clase.

El invento varía de un lugar a otro y también en función de los periodos históricos que atravesamos, pero sustancialmente se basa en unos mismos parámetros: corroborar a través de una supuesta participación en las urnas un sistema que, con sus matices, mantenga el poder de facto de la oligarquía financiera. Las consultas electorales vienen a configurarse como procesos en los cuales unas opciones formalmente distintas pero coincidentes respecto al mantenimiento de la economía de mercado lanzan sus mensajes publicitarios y tertulias en medios de comunicación como si se tratara de votar qué detergente lava más blanco.

Claro que, en ocasiones, una votación puede dar resultados no deseados para el poder económico, pero en tales momentos éste asoma la patita de su descarnada dominación corrigiendo por lo civil o lo militar ese “votar mal” al que aludía el Sr. Vargas Llosa.

Para poner solo ejemplos recientes, uno de ellos fue el referéndum que tuvo lugar en Grecia en 2015, en el que la mayoría del electorado heleno votó contra las draconianas condiciones de rescate que proponía la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. A pesar del resultado de las urnas, el gobierno de ese país, gestionado por la “izquierdista” Syriza, se pasó literalmente por el arco del triunfo el voto popular e implementó las medidas rechazadas en dicha consulta, que supusieron el endurecimiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo griego.

Y, más recientemente, hemos de aludir a los acontecimientos acaecidos en Perú a fines de 2022: ¿Como se explica, en términos democráticos que, tras unas elecciones presidenciales en las que ganó una opción más o menos de izquierdas frente a la oligarquía parasitaria encuadrada en el llamado “fujimorismo”, hoy en día el presidente esté encarcelado, su familia exiliada, la oligarquía en el poder desplegando a la  policía y el ejército mientras los sectores populares movilizados frente a dichos acontecimientos ven como decenas de los suyos riegan con su sangre las tierras y calles del país andino?. Tal vez Don Mario nos pueda ilustrar para respondernos a esta pregunta; el Perú votó mal, porque en 2023 se prevé la renovación de los llamados Contratos-Ley que en el periodo de Fujimori se instauraron dando concesiones sobre hidrocarburos, minería, pesca y otros a empresas privadas y multinacionales a cambio de impuestos mínimos, con independencia de los beneficios de las firmas adjudicatarias1. El temor de que Castillo, a pesar de su ingenuidad, quisiera renegociar dichas concesiones exigiendo por ejemplo una subida de impuestos explica el golpe parlamentario, apoyado (¿cómo no?) por las grandes empresas norteamericanas y europeas, incluyendo las españolas.

En este caso la máquina de propaganda presenta ante la opinión pública el conflicto en ese país como consecuencia del “golpismo” del hoy expresidente Castillo al pretender disolver el parlamento, sin que nadie apunte que la vigente Constitución de Perú permite en su artículo 134 dicha medida dentro de las facultades presidenciales en determinadas circunstancias, al igual que muchas constituciones vigentes, como por ejemplo la francesa.

En el Estado español y pese a que los intereses de la oligarquía no están siendo cuestionados debido a que los dos bloques que aspiran a gestionar su hegemonía coindicen en lo sustancial (capitalismo, pertenencia a la UE y la OTAN, incremento de gastos militares, alineamiento con Estados Unidos…), se producen fenómenos curiosos de choques institucionales, como recientemente la resolución del Tribunal Constitucional negando el derecho del legislativo a votar un cambio en el sistema de renovación del propio Tribunal. Aunque en diciembre de 2022 se ha sorteado el problema de dicha renovación en un aparentemente sorprendente acuerdo, no deja de ser curioso que muchos de los que defienden la soberanía del parlamento peruano para cesar y encarcelar al presidente de ese país, opinen que en el parlamento español hay cosas que no se pueden votar (no digamos nada del Parlament de Catalunya).

Lo cierto es que se ha impuesto en este caso, más allá del ruido mediático, la institucionalidad, que es el modo de vestir con un ropaje dorado la descarnada dominación de clase, y los aspirantes a reemplazar como gestores al actual bloque gubernamental difunden simplezas tales como “que los jueces elijan a los jueces”, que es como proponer que al ministro de Agricultura le elijan los funcionarios del Ministerio de Agricultura, y que no dejan de ser discusiones estériles que escamotean la nada neutral naturaleza de las leyes y de quienes juzgan.

Tal como señaló el Jurista letón Peteris Stucka: “El Derecho es un sistema (u ordenamiento) de relaciones sociales correspondiente a los intereses de la clase dominante y tutelado por la fuerza organizada de esta clase”.

El paradigma de la democracia para la prensa oficial, los Estados Unidos de América, con sus galerías de condenados a muerte repletas de personas negras,  latinas e inimputables, al menos tiene la ventaja de visualizar de un modo más claro la naturaleza de clase del poder, con Lobbies institucionalizados que abiertamente compran voluntades de los órganos electos en pro de los beneficios empresariales de las grandes corporaciones energéticas, armamentísticas y farmacéuticas, pagando campañas electorales de ciertos candidatos afines, mientras decenas de millones de personas viven en la precariedad o la miseria: Es la corrupción institucionalizada.

En Europa, ante los escándalos recientes sobre compra de políticos en torno al Mundial de Futbol de Qatar, se nos intenta convencer de que se trata de unas (pocas) manzanas podridas en un inmenso cesto de rectitud, cuando una mínima reflexión pone de manifiesto que, en unas sociedades basadas en el beneficio empresarial como objetivo en sí mismo, estos fenómenos son consecuencia lógica de la propia esencia del poder.

El apoyo sin fisuras a un régimen surgido del golpismo como el ucraniano, con tintes y connivencia con el fascismo, pero útil a los intereses del bloque imperialista encabezado por USA, es otro ejemplo paradigmático. La democrática Europa ha impuesto la censura a todos aquellos medios y personas que cuestionen un único discurso respecto al actual conflicto.

Señaló el filósofo argentino Néstor Kohan que la democracia, entendida ésta como gobierno del pueblo, es incompatible con los sistemas de dominación de la burguesía, ya que la mayoría de la población no puede decidir sobre los más básicos aspectos de su vida cotidiana; trabajo, salario digno, vivienda…, de tal modo que los mecanismos de participación popular se ven limitados a convocatorias periódicas y puntuales para elegir a unos representantes que, tras su nombramiento, no se ven sometidos a ningún control popular ni  posibilidad de revocación.

En este año 2023 en el que están previstos varios procesos electorales, asistiremos a buen seguro al consabido circo mediático para blanquear un sistema de dominación cuyas bases no serán seguramente cuestionadas por ninguno de los contendientes con posibilidades, salvo que inesperadamente los nadies decidan cambiar las reglas del juego de este Monopoly en el que, como en el juego de mesa del mismo nombre, la banca siempre gana.

(Publicado en La Comuna, el 23 de enero de 2023)


  1. Los contratos- ley fueron establecidos en 1991 por el gobierno de Alberto Fujimori a través del Decreto Legislativo N°662 y el DL N°757. Estos Convenios fueron elevados a rango constitucional con el Artículo 62 de la Constitución de 1993, que dice: “mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente” (…) “los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. Por ejemplo, un aumento en la tasa del Impuesto a la Renta no es aplicable a una empresa que cuente con un contrato-ley vigente. Es decir, estos contratos-ley afectan de forma directa a la capacidad del estado para legislar sobre asuntos tributarios o de derechos laborales. Este año muchos de los contratos-ley aprobados durante el gobierno de Fujimori vencen y algunos analistas consideran que este es un elemento fundamental para comprender porqué el congreso actual quiere mantenerse en el poder hasta 2023. Pinche AQUÍ para más información 

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