España no debe pagar la guerra comercial contra China. Pedro Barragán
La creciente confrontación de Bruselas con Pekín amenaza con convertir a España en víctima colateral de una disputa geopolítica que poco tiene que ver con nuestros intereses. Frente a la lógica de bloques, España necesita autonomía estratégica, cooperación con China y una política económica que responda a sus propias prioridades.
Europa está entrando en una dinámica de confrontación económica con China cuyas consecuencias empiezan a recaer sobre sus propias empresas, trabajadores y consumidores. Bajo las banderas de la seguridad económica y la protección industrial, Bruselas multiplica las barreras comerciales y alimenta una política proteccionista que amenaza con debilitar la competitividad europea. Para España, esta deriva resulta especialmente preocupante por sus efectos sobre la inversión, la industria y nuestras oportunidades de desarrollo.
Lo que está en juego va más allá de la cuestión arancelaria. Se trata de decidir qué papel quiere desempeñar Europa en un mundo cada vez más multipolar. La ofensiva económica y tecnológica de Estados Unidos contra China está condicionando las relaciones internacionales, y España debe evitar que sus intereses nacionales queden subordinados a una estrategia de confrontación diseñada desde Washington y asumida por Bruselas.
China constituye ya un socio económico fundamental para nuestro país. Según ICEX, es nuestro segundo proveedor mundial y un mercado de extraordinaria importancia para las empresas españolas. Sus exportaciones de maquinaria, componentes tecnológicos y bienes industriales contribuyen a sostener nuestra competitividad, mientras su mercado abre importantes oportunidades para sectores como la alimentación, la industria farmacéutica, la automoción y los servicios.
La cooperación industrial ofrece ejemplos concretos de esta convergencia de intereses. La alianza entre Chery y Ebro en Barcelona representa una oportunidad para recuperar capacidad manufacturera, incorporar tecnología y fortalecer la industria automovilística. También el proyecto de colaboración entre Geely y Ford en Almussafes abre expectativas para la actividad de la factoría y garantiza el empleo de sus 4.000 trabajadores. Las inversiones en baterías y energías renovables refuerzan igualmente el potencial de una relación económica más estrecha.
En una economía necesitada de reindustrialización, innovación y empleo de calidad, ignorar este potencial sería injustificable.
Sin embargo, Bruselas parece empeñada en profundizar una política comercial cada vez más restrictiva. Los aranceles adicionales impuestos en 2024 a los vehículos eléctricos chinos ilustran una estrategia que puede encarecer la transición energética, perjudicar al consumidor europeo y dificultar nuevas alianzas industriales. Resulta contradictorio proclamar la defensa de la competitividad europea mientras se levantan obstáculos frente a uno de los principales motores de innovación y producción industrial del mundo.
La contradicción resulta especialmente visible en el sector de las telecomunicaciones. El 15 de septiembre de 2026, diecisiete máximos responsables de grandes operadoras europeas, entre ellos Marc Murtra, presidente de Telefónica, dirigieron una carta a Ursula von der Leyen alertando sobre las consecuencias de las restricciones previstas contra proveedores tecnológicos chinos como Huawei y ZTE. Según sus estimaciones, la sustitución de equipos ya instalados podría alcanzar los 40.000 millones de euros, desviando recursos esenciales para el despliegue de redes de fibra, 5G y 6G.
El episodio refleja la paradoja política de cómo medidas presentadas como instrumentos de autonomía tecnológica pueden terminar debilitando a las propias empresas europeas, encareciendo sus inversiones y retrasando infraestructuras estratégicas. Y cabe preguntarnos si Europa está defendiendo verdaderamente su soberanía económica o simplemente trasladando a sus empresas los costes de la rivalidad geopolítica estadounidense con China.
España no debería aceptar que su futuro industrial quede condicionado por decisiones de Bruselas que no siempre reflejan sus intereses ni por las prioridades estratégicas de Washington. La autonomía europea debe significar capacidad real de decisión, no adhesión automática a una política de bloques.
A ello se añade el riesgo de represalias comerciales que podrían perjudicar a sectores exportadores españoles, particularmente al agroalimentario, después de años de esfuerzos para consolidar su presencia en el mercado chino. Convertir una relación de oportunidades compartidas en un escenario de restricciones recíprocas entraña costes económicos que merecen una consideración mucho más seria.
España necesita defender en Europa una política económica exterior basada en el pragmatismo, la diversificación y la cooperación. En un escenario internacional marcado por la rivalidad entre grandes potencias, España tiene la oportunidad de desempeñar un papel constructivo entre Europa y China, defendiendo el diálogo, la estabilidad comercial y la cooperación económica frente a la escalada de restricciones.
La verdadera autonomía estratégica no consiste en escoger obedientemente un bloque, sino en disponer de capacidad política para defender los intereses propios. España necesita una Europa capaz de relacionarse con China desde la negociación, el respeto mutuo y la confianza en sus capacidades, no desde una confrontación permanente que puede terminar perjudicando precisamente a quienes pretende proteger. Porque los costes de las guerras comerciales suelen terminar recayendo sobre quienes menos tienen que ganar con ellas.
(Aparecido en Público, el 25 de octubre de 2026)
