Perú. La lucha continúa, la crisis institucional aumenta. Geraldina Colotti

Parafraseando el dicho “el apetito viene con comer”, podríamos decir lo mismo de la lucha de clase: “el apetito viene con pelear”. Suele ser así, porque es con la lucha que aumentan la ira y la conciencia, y uno se acostumbra a andar sin paracaídas, confiando sin embargo en la solidaridad que se va construyendo para avanzar juntos.

(Foto de portada: Wayka)

Es lo que estamos viendo en Perú donde, luego del golpe institucional contra el presidente Pedro Castillo, acusado apresuradamente de un golpe de Estado contra las instituciones, las poblaciones indígenas de la alta montaña han descendido a decir basta a un sistema de poder que ha apagado, con el esquema habitual, la luz abierta con la elección del maestro rural.

El esquema en boga entre las élites del poder es el del lawfare, el uso del derecho o del poder judicial con fines políticos, implementado por el Congreso -de mayoría conservadora- mediante el procedimiento de «vacancia», el equivalente al juicio político. Un esquema que ya cuenta con varios antecedentes en América Latina, desde Paraguay en tiempos de Fernando Lugo, pasando por Dilma Rousseff en Brasil, hasta Pedro Castillo: todos sacados con la complicidad de sus vicepresidentes o vicepresidentas, u obligados a salir del país y reemplazados por una vice «autoproclamada», como en Bolivia tras el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales.

En Perú, el motivo de la «vacancia» es el de «indignidad moral». Así han quedado eliminados del juego seis presidentes en seis años, que no han podido completar el mandato previsto de cinco años. El único que lo consiguió, Hollanta Humala, de 2011 a 2016, sucumbió al chantaje y al desgaste, para acabar, como otros antes que él, en el campo de los que tendría que enfrentar.

El mismo desgaste se impuso al maestro Castillo, quien ciertamente no carece de rectitud moral, pero que sufrió tanto la ausencia de experiencia política como el manque de apoyo de un partido de izquierda consolidado y empeñado en mantener los principios enunciados en el estatuto. Tanto es así que ninguno de los proyectos que a su débil gobierno le hubiera gustado presentar para honrar el programa electoral, ha logrado entrar a discusión en el Congreso. Una institución en la que el conglomerado de poderes fuertes, bien acostumbrados al esquema, no ha hecho más que afilar sus cuchillos.

Así, un derrumbe tras otro (un cambio de ministros tras otro), se preparó la trampa en la que cayó el maestro rural, aferrándose incluso ingenuamente a la intervención de la OEA que, como sabemos, apoya a los gobiernos progresistas como la cuerda sostiene a los ahorcados. Y, de hecho, terminó aplastado por el mecanismo, y ahora está en prisión en base a un procedimiento arbitrario, que no ha tenido en cuenta sus prerrogativas presidenciales.

Una práctica, la del lawfare, que se ha convertido en una herramienta de ajuste de cuentas incluso entre grupos de poder, que la han utilizado para cambiar de caballo cuando el presidente de turno había pisado callos un poco más importantes que los suyos, o se había vuelto tan impresentable incluso para su poderosos padrinos.

Este también parece ser el caso de la actual presidenta «de facto», Dina Boluarte, contra quien algunos miembros del Congreso han presentado un primer procedimiento de «vacancia» por las muertes provocadas durante las manifestaciones populares. Boluarte tomó el relevo de Castillo el 7 de diciembre, como ejecutora de un plan largamente elaborado. Ahora «gobierna» con el apoyo de la derecha, a quien le debemos el actual sistema político, fruto de la «constitución» del dictador Alberto Fujimori.

Una constitución que las fuerzas alternativas quisieran finalmente reemplazar por una nueva carta magna, resultado de un proceso constituyente en el que se escuche la voz de los sectores populares. Una voz que Boluarte o quien mueva sus hilos está tratando de sofocar con las armas o al menos desviar, tratando de vaciar de contenido la protesta.

Apelando a su antiguo pasado izquierdista, sin miedo al ridículo, Boluarte ha tratado de montar el lema principal de las protestas: “que se vayan todos”. “Debemos irnos todos”, dijo, proponiendo adelantar las elecciones y convocar a una Asamblea Constituyente. Obviamente, en su propósito, esta Asamblea debe ser convocada por el mismo sistema de poder al que pertenece, mientras que las calles llaman a una renovación radical y profunda.

Pero el Congreso tampoco ha aceptado una propuesta de adelanto de elecciones por diciembre, quedándose incrustado en su propio esquema y confiando en el desgaste inevitable de la protesta. La discusión sigue, y la confusión reina, en el laberinto de reglas y quimeras en el que intentan abrirse paso los diputados de Perú Libre, que ahora pretenden proponer un referéndum consultivo sobre la posibilidad de una Asamblea constituyente, pero sin esperanza que que el proyecto pueda pasar.

Mientras tanto, los medios hegemónicos persiguen sin tregua sus objetivos, los planteados mucho antes de la elección de Pedro Castillo y basados en la búsqueda del «enemigo» interno y en el chantaje del «terrorismo», que sirven para criminalizar la protesta. Los medios de comunicación especulan con supuestos financiamientos externos, guardando silencio sobre los miles de millones gastados por los que mueven los hilos en Washington para apoyar a la oligarquía, razón por la cual al expresidente boliviano Evo Morales se le ha prohibido la entrada al país.

Pero, mientras tanto, las manifestaciones continúan, aún después de la fuerte represión que ha golpeado a los estudiantes de la capital, tras la toma de la principal universidad de Lima, en solidaridad con las organizaciones de los pueblos indígenas, que bajaron de las montañas para defender su dignidad y su propio voto. Hay más de 60 muertos, la policía dispara sin freno, cientos de heridos y detenciones masivas son diarias, pero el pueblo no se rinde.

Con una recaudación de 20.000 soles, recolectados por la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres a través de vasos colocados en cada mercado, la población arequipeña logró financiar el viaje a Lima de una delegación, que se sumó a la marcha que alimenta el paro general indefinido. Y la colecta se está extendiendo, así como las protestas se están extendiendo a otras regiones del país. Piden que Boluarte se vaya, junto con todo el Congreso.

(Publicado en Resumen Latinoamericano, el 3 de febrero de 2023)