Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español. Resolución final

Desde el sitio web de la Red Universitaria por Palestina nos llega la Resolución Final adoptada por el Tribunal de los Pueblos Sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español tras las sesiones celebradas los días 28 y 29 de noviembre de 2025 en Madrid:

Presidencia: Rabab Abdulhadi, Luz Gómez, Raji Sourani

Secretaría: Pablo Gutierrez Vega

RESOLUCIÓN FINAL: “DECLARACIÓN DE MADRID” DE 29.11.2025

Naturaleza y Mandato del Tribunal

1. El Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español (TPCGP-25) es un tribunal de conciencia, integrado por personalidades del ámbito jurídico, académico, cultural y de defensa de los derechos humanos, convocado por la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y organizaciones de la sociedad civil con el fin de examinar, desde la perspectiva del derecho internacional y la ética pública, la conducta de actores estatales y no estatales en sus vínculos con la ocupación, el apartheid y genocidio del pueblo palestino.

2. Este Tribunal no posee autoridad jurisdiccional estatal ni aspira a ello. Sigue la tradición de los Tribunales Russell I y II, reconocidos internacionalmente por su contribución a la denuncia de violaciones masivas de derechos humanos y al fortalecimiento de la conciencia moral universal. Su objetivo es estudiar, comprender y movilizar a la sociedad civil española.

3. El Tribunal examina la posible responsabilidad, por acción u omisión, del Estado español y de las empresas, organizaciones e instituciones de su jurisdicción que contribuyen a y/o se benefician de las graves violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el contexto citado, incluyendo su eventual incumplimiento del deber de prevenir crímenes internacionales como crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio.

II. Competencia Material y Marco Normativo

1. El Tribunal examina los hechos a la luz de los principios y normas reconocidas por:

• La Carta de las Naciones Unidas.

• Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales.

• La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948).

• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto expresión codificada del derecho penal internacional.

• El corpus del derecho internacional de los derechos humanos y los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad de naciones.

• Los principios rectores sobre las empresas y los derechos Humanos de Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” (Resolución 17/4 2011)

• La doctrina consolidada por los Tribunales Russell y el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre derechos de los pueblos, autodeterminación y responsabilidad indirecta o por complicidad.

III. Sobre los Hechos y las Evidencias Consideradas

Tras las investigaciones, el análisis y la evaluación de los informes presentados por los equipos de trabajo de las siete mesas temáticas, el Tribunal considera acreditados los hechos presentados y emite las siguientes conclusiones:

1. Se ha expuesto y documentado que el Estado español lleva décadas colaborando con la ocupación, el apartheid y la Nakba permanente y con el genocidio en último término, violando la legalidad internacional y, con ella, la prohibición a los estados terceros de ayudar o asistir a otro en la comisión de crímenes internacionales. El gobierno español tenía y tiene pleno conocimiento de las ilegalidades y crímenes de guerra cometidos por el Estado israelí, sin que esta información haya motivado las medidas correspondientes para suspender relaciones económicas ni diplomáticas, ni para imponer las sanciones obligadas por numerosas resoluciones internacionales.

2. Un caso de especial relevancia es el relativo a la Global Sumud Flotilla, atacada por las fuerzas de ocupación israelí, que secuestraron, maltrataron y deportaron a 49 personas con pasaporte español. El gobierno “actuó” abandonando la obligación legal de tomar las medidas necesarias para proteger los derechos de sus ciudadanos.

3. La expansión de la industria bélico-policial-securitaria, junto con las prácticas de cabildeo del sionismo, alimenta la trama de intereses empresariales, sociales y políticos que marcan las agendas de los agentes implicados. Esta trama de intereses se sostiene y refuerza sobre una “simbiosis estatal-corporativa” en la que las administraciones públicas de estados cómplices como el español actúan a modo de apéndices instrumentales de los mercados, muy especialmente de las corporaciones dedicadas a la producción de daño y muerte.

4. Una red de empresas estatales, nacionales e internacionales participa activamente del negocio del genocidio, prestando servicios, fabricando productos, alimentando la maquinaria económica y logística de la ocupación y reforzando sus lógicas de captura del espacio y opresión sistemática.

5. Durante los últimos dos años, los puertos del Estado español se han convertido en enclaves cruciales de las rutas que abastecen de armas y energía al régimen genocida de Israel. Estos puertos, infraestructuras públicas financiadas con recursos colectivos, se han convertido en nodos logísticos de una maquinaria genocida que sostiene la ocupación, el apartheid y la destrucción sistemática de Palestina. Rutas y escalas se repiten regularmente, con los puertos de Algeciras, Valencia, Barcelona, Cartagena y la base naval de Rota desempeñando papeles distintos en una misma red. Los puertos españoles son piezas de una logística genocida integrada.

6. La evidencia presentada demuestra que la Banca Armada ha desempeñado un papel crucial en la producción y uso de las armas utilizadas en Gaza. Los bancos Santander y BBVA, seguidos por Caixabank, Ibercaja, Banca March… son a la vez beneficiarios y facilitadores imprescindibles del exterminio del pueblo palestino.

7. Ha sido documentado que empresas del sector de la obra civil y las infraestructuras se han beneficiado de la ocupación y el apartheid, puesto que han colaborado y participado en proyectos desarrollados en los territorios ocupados que violan los principios y los derechos de la población palestina. Constructoras españolas están asociadas a proyectos energéticos y de infraestructuras viarias o ferroviarias.

8. Se ha documentado que hay corporaciones multinacionales extractivas israelíes con filiales en España y directamente cómplices con el genocidio. Se ha constatado que entidades públicas, académicas y financieras funcionan de forma entrelazada y mantienen relaciones con estas empresas cerrando los ojos ante sus violaciones de los derechos humanos.

9. Se ha documentado que, en ámbitos fundamentales para la supervivencia del pueblo palestino –como el agua, la energía y los bienes y servicios básicos–, empresas españolas e israelíes obtienen importantes beneficios.

10. Se entiende probada la conexión del capital inmobiliario, los fondos de inversión y ciertas instituciones españolas con fondos de inversión israelís y estodounidenses responsables de la violación de los derechos de los palestinos, siendo numerosas las filiales de empresas israelíes que operan en el territorio español. El sector turístico se presenta como una de las áreas de negocio más lucrativas para ambas partes.

11. Queda documentado que el mercado de la ciberseguridad en España está dominado por la tecnología israelí, directa e indirectamente –a través de empresas estadounidenses vinculadas a capital israelí–, en el ámbito de las administraciones públicas y en el privado, y que las empresas tecnológicas son actores clave en la perpetración del genocidio palestino, así como para el régimen de apartheid preexistente.

12. Se expone que los medios de comunicación no son espectadores sino actores estructurales del genocidio: seleccionan, enmarcan, silencian o amplifican mensajes de blanqueamiento del sionismo y de deshumanización de la resistencia palestina. La cobertura mediática de Gaza en 2023–2025 muestra enfoques y posiciones políticas de complicidad con el genocidio presentadas frecuentemente como “neutrales”.

13. La incitación al genocidio se produce mediante la difusión por los medios de comunicación masiva de discursos que deshumanizan al pueblo palestino y potencian o justifican las acciones de Israel.

14. Israel ejecuta un culturicidio que busca desarticular la memoria colectiva, quebrar la transmisión intergeneracional y destruir la identidad nacional del pueblo palestino. El Estado español participa en la legitimación de la ocupación israelí, el apartheid y el genocidio mediante la promoción cultural, proyectando una imagen distorsionada y favorable de Israel. La colaboración cultural toma así un carácter estratégico.

15. Ha quedado documentado que la influencia de Israel en espacios culturales contribuye a la aceptación social de políticas ilegales y la invisibilización de los crímenes cometidos contra las y los palestinos. Una red cultural de complicidad integra los campos económico, simbólico y mediático bajo una estrategia de legitimación efectiva y estructural.

16. La presencia de Israel en el contexto deportivo español se observa en multitud de áreas. Entre ellas destaca la inversión de capital israelí y/o sionista en clubes como el Atlético de Madrid o el Movistar Team, el negocio de la retransmisión de eventos deportivos por empresas cercanas a Netanyahu, como DAZN, o la compra de tecnología israelí por organismos españoles como La Liga o el FC Barcelona. En España, numerosos clubes y eventos deportivos cuentan con patrocinadores vinculados a las prácticas genocidas, de ocupación ilegal y de apartheid que Israel lleva a cabo en Palestina. Junto al patrocinio privado, la participación de organismos públicos, corporaciones municipales y gobiernos de comunidades autónomas evidencia su colaboración en la vulneración de los derechos fundamentales del pueblo palestino.

17. En el ámbito del mercado sanitario queda documentado que, pese a las reiteradas declaraciones de personal sanitario y personas expertas en salud pública sobre las atrocidades cometidas contra la población civil en Gaza, una gran mayoría de academias, asociaciones y sociedades científicas de medicina, enfermería o farmacia, así como organizaciones profesionales de la salud, se ha mantenido en silencio y ha ignorado por completo las obligaciones impuestas por sus códigos deontológicos. En términos materiales, la complicidad con el genocidio en el ámbito médico tiene su principal exponente en el gigante farmacéutico TEVA.

18. Una parte significativa de las universidades del Estado español sigue participando en consorcios de investigación, manteniendo convenios de colaboración, cátedras y programas de movilidad con universidades e instituciones de investigación israelíes. Está documentado que algunas de estas colaboraciones implican la investigación para el desarrollo de tecnología de doble uso.

19. Así mismo, se ha documentado la amplia colaboración de las universidades y centros de investigación españolas con empresas presentes en los territorios ocupados o que participan de la economía del apartheid y el genocidio.

20. Centros educativos y universidades del estado español replican la lógica de eliminación colonial que se implementa en Gaza y en Palestina, mediante una censura disfrazada de imparcialidad.

VII. Consideración Final

1. El Tribunal declara que esta Resolución se emite con la convicción de que la voz de la conciencia colectiva es un instrumento indispensable frente a la impunidad, especialmente cuando los mecanismos institucionales formales son insuficientes o lentos para responder a la gravedad de los hechos.

La actual fase del genocidio nos obliga a continuar con este trabajo de documentación, denuncia y memoria. Instamos a todos los participantes y colaboradores en este Tribunal a seguir con trabajos iniciados.

En Madrid,

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM,

a 29 de noviembre de 2025

A continuación, el discurso de apertura del Tribunal, efectuado por nuestra compañera Ángeles Diez:

Bienvenidas/os/es.

Éste no es un Tribunal jurídico, no estamos aquí para sustituir a ninguna instancia nacional o internacional. Es un Tribunal de opinión, un Tribunal de conciencia. Seguimos la estela de los Tribunales Russell y los tribunales populares que se fundamentan en Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel (1976) en la que se dice:

Conscientes de interpretar las aspiraciones de nuestra época, nos hemos reunido […] para proclamar que todos los pueblos del mundo tienen el mismo derecho a la libertad, el derecho de liberarse de toda traba extranjera, y de darse el gobierno que elijan; el derecho, si están sojuzgados, de luchar por su liberación, y el derecho de contar en su lucha con el apoyo de otros pueblos.

Estamos aquí para asumir nuestra responsabilidad como académicos, estudiantes, profesionales, ciudadanas y ciudadanos con la justicia y la verdad. Estamos aquí para dar testimonio de los hechos cotidianos, las operaciones administrativas, las políticas, de todo aquello que es fuente y sustento del colonialismo, del genocidio del pueblo palestino y, por tanto, de nuestra deshumanización, porque consentir –o refugiarnos en la impotencia frente al exterminio colonial de los palestinos– es el penúltimo escalón de nuestra deshumanización.

No queremos sustituir las voces palestinas. No vamos a denunciar al gobierno de Netanyahu ni al estado sionista que perpetra los crímenes horrendos que contemplamos todos los días. No tiene sentido decirle al asesino que suelte su arma asesina. Ya existen suficientes informes, resoluciones y declaraciones. Para eso están los informes de la relatora especial de NNUU para los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanese, la demanda que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, el dictamen consultivo de esta misma Corte Internacional, etc. Creemos que, en este momento, nuestro papel es otro.

Hace unos días, Francesca Albanese nos decía:

El genocidio de hoy es algo diferente. Es abiertamente alentado, negado cínicamente, es apoyado, armado y utilizado como arma sin descanso, mientras que quienes se oponen a él son silenciados, golpeados, criminalizados y difamados.

Hace tiempo que la limpieza étnica es una evidencia, un objetivo explícito y reconocido por aquellos que la desencadenaron y la perpetran día tras día. El apartheid también es un hecho incuestionable. Es la estructura administrativa necesaria para el colonialismo de asentamiento israelí. Sin embargo, no es tan evidente el papel que juegan nuestros estados e instituciones, organizaciones y empresas en el sostenimiento de la estructura genocida. Tampoco es evidente quién o quiénes, con nombres y apellidos, en el Estado español, están detrás del enriquecimiento, el negocio colonial y el etnocidio.

No queremos recurrir a la práctica tan habitual de los académicos de, en el mejor de los casos, victimizar a los palestinos o, en el peor, convertirlos en objetos de estudio e investigación. No hablaremos en este Tribunal en nombre de los palestinos. Pondremos en contexto el crimen y colocaremos el foco en “los nuestros”: en los empresarios, políticos, gestores, periodistas, banqueros, rectores…

No se necesita investigar mucho para encontrar las políticas racistas y genocidas del estado sionista israelí, pero cuando tratamos de descubrir los soportes internacionales que permiten esta situación –y la RUxP lleva más de un año en esta tarea–, entonces nos encontramos con un mar de opacidad, con infinitos recursos, normas, connivencias, narrativas, cobardías y distanciamientos que nuestros países europeos generan haciendo posible el genocidio que perpetra el estado sionista israelí contra los palestinos.

Queremos dar cuenta, queremos contar y demostrar que el genocidio es una práctica social incrustada en la identidad occidental europea.

Si el umbral, dice Agamben, es el espacio en el cual pueden ocurrir cambios, pasajes e incluso fenómenos de flujo y reflujo, como en las mareas, en Palestina hace tiempo que se traspasó ese umbral. Ya nada ni nadie puede volver atrás. No podemos regresar al punto en el que aún podíamos frenar el genocidio. Durante este tiempo los europeos hemos devenido espectadores del genocidio y, para justificar nuestra impotencia, hemos hecho declaraciones, promesas y reconocimientos. Y el exterminio y el saqueo han continuado ocurriendo, siguen ocurriendo, hoy, ahora, en estos momentos.

Este tribunal parte de dos ideas que vamos a fundamentar con las investigaciones, testimonios e informes de muchos de los que hoy nos estáis acompañando. Estas dos ideas son:

1) que el sionismo, como el colonialismo, no se sostiene por sí sólo

y 2) que la causa palestina es la causa de la humanidad.

Este tribunal no es un puente entre la causa palestina y nuestra sociedad. Este tribunal es el intento de construir un espacio colectivo para enfrentar la impunidad. Hablaremos de corresponsabilidad, de cooperación necesaria y de complicidad. Haremos un retrato de las estructuras –que son estructurantes– de una cotidianidad que oculta la sangre de la que se alimenta: la sangre palestina.

También consideramos una obligación acabar con el relato humanitario dominante en nuestras filas académicas. Nuestra arrogancia nos convierte a menudo en francotiradores con las manos limpias de sangre pero repletas de muertos que siguen siendo asesinados –decía Mohammed El-Kurd. Este Tribunal no es neutral. La neutralidad no sirve para hacer justicia sino todo lo contrario. La neutralidad mata. La neutralidad es complicidad encubierta.

Esta primera edición del Tribunal ha resultado de seis meses de trabajo en siete equipos de coordinación y docenas de participantes investigando, recopilando y documentando las complicidades con el genocidio palestino.

Contamos con una presidencia compartida: la catedrática de estudios árabes e islámicos Luz Gómez, de la Universidad Autónoma de Madrid, y la profesora Rabab Abdulhadi, Directora y Senior Scholar de Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies en la San Francisco State University [con Raji Sourani como presidente de honor].

Durante estas jornadas, repartidos en mesas, abordaremos la complicidad y cooperación con la ocupación y el genocidio de nuestras instituciones universitarias y científicas, de los bancos y las industrias de armas, las empresas que actúan en el sector inmobiliario, la construcción, el sistema sanitario, las federaciones deportivas, agentes culturales, medios de comunicación, abordaremos la represión de los cuerpos de seguridad del Estado… en cada mesa tendremos una presidencia, una secretaría jurídica, testimonios y declaraciones. De cada mesa resultará una Resolución y, en la sesión de clausura, la presidencia del Tribunal dará cuenta de una Resolución Final que compendie el trabajo realizado en cada una de las mesas.