Bolivia en el punto de mira. Declaración del FAI
Bolivia en el punto de mira.
Declaración del FAI
Una vez más el silencio de los medios es el arma de destrucción masiva más cruel. Desde su toma de posesión hace siete meses, el gobierno de Bolivia de Rodrigo Paz está aplastando de manera inmisericorde las protestas populares contra el desmantelamiento de todos los avances conseguidos por los gobiernos del MAS, el Movimiento al Socialismo, durante las ultimas décadas. Ello incluye la entrega a multinacionales extranjeras de uno de los principales recursos del país, el litio.
El detonante inmediato fue un paquete de 10 leyes presentado por el Gobierno, que incluye la privatización de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y servicios básicos, además de cambios constitucionales que eliminarían la condición de Estado Plurinacional. Estas medidas respondían a los condicionamientos del FMI con el que el Ejecutivo negociaba un paquete de financiación, pese a haber prometido en su campaña electoral no recurrir al organismo. Según denunció Evo Morales, «El fondo ha condicionado: primero, acabar con las subvenciones. Segundo, devaluación del tipo de cambio. Y tercero, privatizar todas las empresas públicas».
Luego, la distribución de un combustible de mala calidad dañó a miles de vehículos. El Gobierno dio al menos tres versiones distintas y, tras cambiar a los responsables del sector y crear un seguro de resarcimiento, lograron neutralizar las protestas de los transportistas. Poco después, la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz benefició al candidato oficialista, Luis Revilla y dio lugar a nuevas protestas.
El contexto económico agrava la situación. Bolivia enfrenta su peor crisis en cuatro décadas, con una grave escasez de dólares y una inflación interanual del 14% en abril. Entre las primeras medidas de Paz estuvo la eliminación de subsidios a los combustibles, lo que elevó el costo de vida.
Las protestas suponen una verdadera insurrección popular que moviliza a millares de personas marchando sobre La Paz y que mantienen bloqueados sus accesos, a pesar de las duras medidas represivas del gobierno.
La movilización reúne a sectores muy distintos. A inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas salieron a las calles con reclamos como el aumento salarial, la no privatización de empresas y la dimisión del presidente.
La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, lidera parte de las marchas. Pero es Evo Morales, refugiado en su región natal de el Trópico de Cochabamba para protegerse de las amenazas que pesan sobre su vida, quien lidera en gran medida las protestas de los grupos mas numerosos y firmes de los pueblos originarios.
La persecución a la que se ha sometido a Evo Morales es sin duda uno de los elementos de la situación en Bolivia. Desde que retornó de su exilio (a consecuencia del golpe de estado de 2019 que anuló las elecciones e impuso al gobierno títere de Jeanine Áñez) y tras la victoria electoral de Luis Arce (el candidato del MAS en 2020), Evo Morales fue apartado de toda responsabilidad política y sometido a una campaña de difamación que acabó en acusaciones falsas que han supuesto su situación de prófugo de la Justicia. La propia debilidad del gobierno de Arce y su inconsistencia con las políticas del MAS en las legislaturas anteriores generó la desafección de su electorado y facilitó la victoria electoral de Rodrigo Paz, candidato de la derecha, no sin una intensa campaña ejercida por los medios y agencias de inteligencia extranjeras.
Hay una profunda componente supremacista y clasista en el enfrentamiento de Bolivia, donde una parte de la sociedad, principalmente residente en la ciudad y región de Santa Cruz, no está dispuesta a admitir la mayoría social que suponen los pueblos originarios ni sus conquistas durante la formación del estado Plurinacional en la primera etapa del gobierno del MAS.
La COB denuncia desde las redes sociales la enorme represión a la que se está sometiendo a las protestas, ya con decenas de muertos y centenares de heridos causados por la represión a bala perpetrada por el ejército y la policía.
Los obreros bolivianos no están dispuestos a ceder en su demanda de dimisión del gobierno y convocatoria de nuevas elecciones, mientras el Gobierno prepara un decreto ley que le permitiría establecer un estado de excepción sin las restricciones contempladas en la constitución vigente para el empleo de la fuerza en la represión.
Evo Morales denuncia la presencia de asesores norteamericanos y mercenarios de Black Water/Academi, que estarían preparando un baño de sangre para reprimir las protestas. Bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista se aprestan para intervenir en la represión en connivencia con la policía, en respuesta a un llamado explícito del presidente Paz a la sociedad boliviana a movilizarse contra las protestas, alimentado un clima de guerra civil.
El gobierno de Milei esta enviado también materiales para reprimir las protestas y el grupo de gobiernos reaccionarios de Latinoamérica compuesto por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú están realizando una amplia campaña de criminalización de las protestas.
Esta explosiva situación da cuenta del destino de los pueblos de Latinoamérica que, tradicionalmente masacrados por las burguesías dependientes del exterior, han sido capaces de levantar la cabeza y armar una institucionalidad alternativa que les protege de un enriquecimiento sin límites. Pero al mismo tiempo, muestra la fragilidad de estas conquistas, enfrentados ahora con la ofensiva de recolonización del continente que preconiza la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de EEUU y que ha tenido ya sus más clamorosas manifestaciones en el asalto a la Venezuela Bolivariana y en la amenaza final contra Cuba.
Y todo ello, con el silencio cómplice de todos los operadores políticos y medios de comunicación, que presentan las revueltas como simples disturbios organizados por los levantiscos indígenas en base a enfrentamientos entre diferentes sectores de ellos, en lugar de denunciarlo como una legítima reacción a un fraudulento regreso al orden neoliberal que demandan las grandes corporaciones globalistas desde una potencia que se resiste a perder su hegemonía.
La ESN de EEUU es, en realidad, un proyecto de recolonización de Latinoamérica y el Caribe que implica eliminar la soberanía, subordinar los centros de decisión, cambiar actores y normas, apropiarse, controlar y gestionar directamente los recursos del país y subordinar la economía al sistema financiero del imperio. También, ejercer una represión sin limites a quienes cuestionen estas medidas, la eliminación física de los centros de resistencia y la sumisión del poder nacional a la metrópoli estadounidense.
Según establece la ESN de EE.UU., no es un asunto de un país, ni de las resistencias antiimperialistas. Es de todos y cada uno de los países que de una o otra manera, por las buenas o por las malas, se han de enfrentar a esta situación: la regresión a la condición de colonia.
Todo ello en un mundo convulso y violento, donde las mas elementales reglas de la convivencia humana son vulneradas impunemente. El genocidio en Gaza o el asedio criminal a Cuba son la evidencia de una colonización que contempla el exterminio.
Debemos pensar que en algún momento la retaguardia estratégica del Sur Global estará operativa para hacerle frente; pero mientras eso llega, incluso para incentivarla, la resistencia es insustituible, una resistencia mas firme, mas segura, mas unitaria, mas inteligente, que acelere e impulse un movimiento emancipador del sur global inspirado en el internacionalismo.
11 de junio de 2026
Frente Antiimperialista Internacionalista
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