Afganistán: las mujeres, de nuevo, como propaganda otanista

Hace 20 años, cuando George W. Bush ordenó la ocupación militar de Afganistán tras los atentados del 11-S, se nos hizo creer que uno de los motivos de la intervención de las fuerzas de la OTAN era proteger a las mujeres afganas y liberarlas del burka. A partir de ahí, una vez instalado el gobierno afgano títere de Washington, las afganas dejaron de preocupar a la “comunidad internacional”, aunque la mayoría siguieron encerradas en un burka material y jurídico.

En estos días pasados los talibanes han tomado el control del país, tal como sus líderes pactaron con el ex-presidente Donald Trump, y vuelven las campanas mediáticas a tocar a rebato sobre el negro futuro que se prevé para las mujeres afganas.

Lamentos porque vivirán bajo la Sharia (ley islámica), peticiones a la “comunidad internacional” para que las ayude, recogida de firmas y ofrecimientos para acogerlas como refugiadas son algunas de las reacciones que hemos podido leer y oír en estos últimos días. Así, por ejemplo, la ex-directora de El País, Soledad Gallego, declaraba:

“No permitamos que les suceda esto a las mujeres afganas. Movilicémonos con toda la fuerza de la que seamos capaces para ayudarlas antes de que caiga sobre nosotros la mayor de las vergüenzas”.

La señora Gallego parece ignorar que la mayor de las vergüenzas cayó sobre “nosotros” no solo desde que su medio apoyara la invasión de Afganistán en 2001, sino mucho antes, a fines de la década de 1970, cuando la CIA financió, organizó y armó a los muyahidines afganos para derrocar a la República Democrática de Afganistán, allanando el terreno a la toma del poder talibán en la década de 1990, que después serviría de excusa para la ocupación estadounidense del país asiático.

Durante todo ese proceso, en que Gran Bretaña y Estados Unidos enaltecieron a las fuerzas reaccionarias del fundamentalismo islámico contra el “comunismo”, las afganas pasaron de ser sujetos de derechos civiles, los mismos que ya entonces gozaban las mujeres en otros países “modernos”, a ser las siervas de los siervos de un Estado semi-feudal. Hace no mucho lo recordábamos en este artículo y en estos días lo ha vuelto a recordar Olga Rodríguez.

En estos 20 años de gobiernos títeres en Afganistán, la Sharia no ha sido la ley oficial. Pero, en la práctica, poco se le ha diferenciado, especialmente si atendemos a las mujeres más pobres de los medios rurales. Ello sin que la señora Gallego ni otras periodistas, políticas e intelectuales que dieron y dan su apoyo a la OTAN hayan levantado la voz, como no lo hacen tampoco sobre la situación de las mujeres en otros países islámicos “aliados” como Arabia Saudita o la región siria de Idlib, ocupada por sus “rebeldes moderados”.

El fundamentalismo islámico solamente preocupa a nuestros burgueses bienpensantes cuando se posiciona, al menos en apariencia, contra los intereses del amo de Washington. Y les parecen tolerables -e incluso apoyan tácita o explícitamente- otros fundamentalismos como el cristiano, que dio un golpe de Estado en Bolivia, o el sionista, que está cometiendo un genocidio en suelo palestino; porque responden precisamente a esos intereses.

La misma hipocresía despliega la izquierda líquida española. La secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha dicho en su cuenta de Twitter que “Afganistán es hoy la enésima expresión de una política OTAN fallida y seguidista. No podemos desligarnos de nuestra responsabilidad de proteger la vida y los derechos del pueblo afgano, especialmente de mujeres y niñas”.

Pues, señora Belarra, es la misma “política fallida” de la OTAN de la que Unidas Podemos hace “seguidismo”, como demuestran las recientes declaraciones de miembros de su formación política a favor de la permanencia de las bases militares estadounidenses en nuestro suelo. Y su socio, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, está encantado con que España sea la sede de la próxima reunión de la OTAN.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo el lunes pasado que la llamada comunidad internacional debe «garantizar la seguridad y dignidad del pueblo afgano, especialmente de los más vulnerables«. Esto cuando su gobierno y los anteriores han sido cómplices directos de que en Afganistán, solo desde enero a mayo de 2019, hayan muerto en ataques de EEUU, la OTAN y el propio gobierno afgano 305 civiles, incluidos mujeres y niños, y más de un centenar de soldados del ejército español allí destacado.

En la misma línea de cinismo e hipocresía, los lacayos de la Unión Europea, en boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, han confirmado que tendrán que “hablar” y «tratar» con los talibanes, vencedores de la guerra, mientras no solo se niegan a hacerlo con los presidentes de Cuba o Venezuela, cargos electos, sino que, además, les imponen sanciones, ilegales según las leyes internacionales.

En estos días ya estamos viendo cómo los medios corporativos están intentando blanquear al nuevo gobierno de los talibanes. En realidad, llevan haciéndolo desde que el inquilino de la Casa Blanca decidiera negociar con ellos el traspaso de poder.

Mientras tanto -y como en ocasiones anteriores- los mismos medios utilizan la “cuestión femenina” como arma de propaganda occidental a través de entrevistas a “activistas” locales y grupos de mujeres que son instrumentos, consciente o inconscientemente, del imperialismo Otanista. Así, El País, por ejemplo, publicaba recientemente las declaraciones de una periodista afgana que recuerda las “sevicias a las que los talibanes sometieron a las afganas entre 1996 y 2001”, y denuncia que éstos van a poner fin ahora a las “libertades civiles de las que han disfrutado desde 2001”.

En serio. ¿Qué tipo de libertades son las que han mantenido un nivel de analfabetismo entre las mujeres del 87%, uno de matrimonios forzados, incluso de niñas, de hasta el 80%, impunidad total para los delitos de violación y otros abusos sexuales, o la prohibición de decir el nombre de una mujer en público e incluso plasmarlo en documentos oficiales? Esto por señalar sólo algunas de estas “libertades civiles”.

En efecto, como afirma Olga Rodríguez, parece que se quiere “aceptar el argumento falaz de que las cosas van bien con la presencia de tropas estadounidenses y solo empiezan a ir mal cuando estas abandonan”.

Dudo, sin embargo, que la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA por sus siglas en inglés), mencionada en su artículo, no siga siendo otro brazo del imperialismo estadounidense si tenemos en cuenta que, desde su fundación en 1977, su presidenta, Meena Kewshwar Kamal, se alineó con la doctrina Carter contra la República Democrática de Afganistán, a la que llamaban la “marioneta soviética” de Kabul. Esto le valió el generoso apoyo de los gobiernos occidentales mientras la CIA actuaba bajo cuerda con Bin Laden.

La RAWA, que no ha tardado en publicar la serie de prohibiciones a que se verán sometidas las afganas bajo la Sharia talibán –reproducidas en redes sociales-, como si durante los últimos 20 años muchas de ellas no hayan estado vigentes, no es la primera organización de mujeres afganas, como dice en su página web. Ya en 1965, un año después de la Constitución que otorgó el derecho al voto a las mujeres, se fundaba la Organización Democrática de las Mujeres Afganas. En ese año, además, Anahita Ratebzad fue elegida diputada en el Parlamento. Después, bajo el gobierno de la República Democrática, tuvo la cartera de Educación desde donde impulsó los programas de educación igualitaria entre los sexos. En un viaje oficial a Europa, Margaret Thatcher, más ocupada en el enaltecimiento de los muyahidines, rehusó entrevistarse con ella.

Es altamente probable que al gobierno talibán, ya reconocido por la “comunidad internacional”, lo presenten a partir de ahora los medios de propaganda Otanista como un Estado Islámico “inclusivo” donde las mujeres serán muy felices, tal como los propios portavoces talibanes han declarado. Pero nos tememos que la situación de la mayoría de afganas no vaya a mejorar respecto a lo que ha sido en las últimas décadas, a no ser que surja dentro del país un movimiento verdaderamente revolucionario capaz de forzar cambios radicales que garanticen la igualdad social y la soberanía popular.

(Publicado en Canarias Semanal, el 19 de agosto de 2021)