¿CRISIS EN EL FLANCO SUR DE LA OTAN? Andrés Piqueras
La “desbandada transfronteriza” del enclave colonial español de Ceuta, en estos días, no es un fenómeno espontáneo (ni migratorio en sí), sino el resultado de una larga secuencia de decisiones diplomáticas, transformaciones jurídicas y tensiones sociales que se han ido acumulando desde décadas, pero intensificándose desde 2020. En el trasfondo se entrecruzan la reconfiguración internacional del conflicto del Sáhara Occidental, la inveterada carencia de política exterior española, la profunda crisis social que atraviesa la juventud marroquí bajo un régimen marcado por la corrupción estructural y el creciente papel de Marruecos como actor proimperial en el Sahel.
El punto de inflexión se sitúa en diciembre de 2020, cuando la administración estadounidense reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización diplomática entre Rabat y el ente sionista que ocupa Palestina. Este gesto rompe el consenso internacional vigente desde 1975 y desata una reacción en cadena: Argelia refuerza su apoyo al Frente Polisario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula sucesivamente los acuerdos comerciales y pesqueros que incluyen recursos saharauis, y Marruecos intensifica su presión para que los Estados europeos respalden su plan de autonomía. A partir de 2021, varios gobiernos europeos —Alemania, Países Bajos, Italia, incluso Francia— se subordinan a los dictados de Washington, acercándose a las posturas marroquíes sobre el Sáhara. Sus argumentos, en adelante, intensificarán el mantra de que Marruecos es un socio clave para la contención migratoria, la seguridad regional y la cooperación antiterrorista. La UE al completo se desliza en la práctica hacia una aceptación tácita de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, aunque jurídicamente seguía reconociendo el derecho a la autodeterminación.
En marzo de 2022, el Reino de España ejecutó un giro diplomático sin precedentes al alinearse con Rabat y respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, abandonando de facto su posición histórica de apoyo al derecho saharaui a la autodeterminación reconocido por Naciones Unidas. Este viraje supuso una ruptura con la doctrina jurídica internacional que considera a España potencia administradora de iure del territorio desde 1975, dado que nunca culminó un proceso de descolonización conforme a la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General ni transfirió legalmente la soberanía a ninguna otra autoridad. Al aceptar la tesis marroquí, el Gobierno español se distanció de sus obligaciones como antigua metrópoli —obligaciones que incluyen proteger a la población saharaui, garantizar un referéndum y no favorecer la anexión de un territorio pendiente de descolonización— y dejó sin respaldo político a un pueblo que, hasta 1976, habitaba territorios administrados como provincias españolas y cuyos vínculos jurídicos con España siguen reconocidos en múltiples normas internas. Este giro constituye, pues, una villanía y una traición histórica: España renuncia a su responsabilidad colonial, legitima la ocupación marroquí y se sitúa en contradicción con el corpus jurídico de la ONU, que, cada vez más tímidamente, sigue exigiendo un proceso de autodeterminación libre y verificable.
Pero tal decisión provoca, además, la ruptura de relaciones diplomáticas con Argelia y la reducción del suministro de gas, un elemento crucial dada la dependencia estructural española del gas argelino, que históricamente ha oscilado entre el 30% y el 45% del total importado. La vulnerabilidad energética española se hace evidente: Argelia es el proveedor más estable y cercano, mientras que Marruecos no puede ofrecer alternativas energéticas equivalentes. Esta dependencia es la que todavía deja más en evidencia la obediente política exterior española con Estados Unidos, y explica los tristes intentos posteriores de rectificación.
Así, a partir de 2023, el ministro español de Exteriores, el inefable Albares, inicia un acercamiento discreto a Argelia, buscando restablecer canales de comunicación y reducir la tensión. En 2025, el presidente Pedro Sánchez realiza una visita oficial a Argel, interpretada como un intento de reconstruir la relación estratégica perdida (que tras el reciente viaje presidencial parece recuperarse al menos en lo que toca al suministro de gas -y es que también la amenazada y acosada Argelia da muestras de estar autodisciplinándose por su parte-). Sin embargo, estos pasos no alteran la postura argelina de que España ha cedido a la presión marroquí y ha abandonado su responsabilidad histórica sobre el Sáhara Occidental. La credibilidad española queda todavía más debilitada por la contradicción entre su discurso de defensa de los derechos humanos y su práctica diplomática: el Gobierno rechaza sistemáticamente intervenir ante denuncias de torturas contra la población saharaui, incluyendo la negativa a permitir la entrada en España de algunas de las mujeres saharauis más torturadas bajo arresto marroquí, cuyos casos han sido documentados por organizaciones internacionales [Entre esas mujeres se encuentran El Ghalia Djimi, Mina Baali, Salha Boutanguiza, Salka Leili y Nassra Dah, los testimonios de las cuales aparecen en el informe Que salga todo a la luz (Hegoa, 2022), una investigación exhaustiva sobre violencia sexual, torturas, desapariciones y represión sistemática contra mujeres saharauis en los territorios ocupados (el informe puede localizarse buscando: Hegoa – “Que salga todo a la luz. Violencias contra mujeres saharauis en los territorios ocupados” -2022-]. Tampoco parecen importar a Albares y a todo su gobierno —incluida la patética izquierda institucional (IU, PCE y el conglomerado de fuerzas que se ha hecho llamar “Sumar”)— las huelgas de hambre extremas de activistas saharauis. El caso más grave es el de Naâma Asfari, miembro del grupo de Gdeim Izik, que ha realizado varias huelgas de hambre prolongadas, incluyendo una de 46 días, documentada por medios internacionales como Le Monde. Asfari suspendió la huelga al borde del colapso físico, tras presiones penitenciarias y la intervención de organizaciones internacionales, aunque las razones exactas permanecen parcialmente opacas. La ONU ha determinado que su confesión fue obtenida bajo tortura.
Y es que el siempre servil Reino de España evita cualquier gesto que pueda incomodar a Rabat, incluso cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos, que en una dictadura bestial como la marroquí son incontables.
Mientras tanto, esa dictadura continúa utilizando la migración como instrumento de presión política, una estrategia ya demostrada en la crisis de Ceuta de mayo de 2021. En junio de 2026, el Tribunal Supremo español dicta la sentencia STS 814/2026, que establece que las devoluciones en caliente no son aplicables a entradas por vía marítima. La resolución obliga a identificar individualmente a cada persona, ofrecer asistencia jurídica y permitir la solicitud de asilo. Las redes migratorias detectan rápidamente el cambio: entrar nadando garantiza un procedimiento completo y evita la expulsión inmediata. “Alguien” convoca a través de las redes sociales en el norte de Marruecos, especialmente en Tetuán y Castillejos, y se produce la llegada masiva de jóvenes a Ceuta (¡hasta 50.000 en un día!).
Claro que más allá de la utilización de esa juventud, la migración masiva responde a la situación interna marroquí. Como consecuencia de su posición en la división internacional del trabajo, de la desigualdad sistémica fruto de la misma, así como de la acentuación de la crisis capitalista a escala planetaria, esta formación socioestatal atraviesa una crisis social profunda caracterizada por el desempleo juvenil —que supera el 30% en muchas regiones—, la falta de expectativas laborales y educativas, la precariedad estructural y la ausencia de mecanismos de movilidad social. La juventud marroquí vive en un horizonte de frustración permanente: salarios ínfimos, inflación creciente, servicios públicos deteriorados y un mercado laboral también incapaz de absorber a los miles de graduados que cada año salen de las universidades. A ello se suma la corrupción sistémica vinculada a la monarquía alauita y a los grandes conglomerados económicos controlados por el entorno del palacio, más los conglomerados cómplices franceses y españoles, por ejemplo. La Casa Real mantiene un nivel de dispendio y ostentación que contrasta brutalmente con la pobreza de amplias capas de la población: palacios y residencias de lujo, adquisiciones millonarias, proyectos faraónicos sin utilidad social y un control opaco de sectores estratégicos como la energía, la Banca y las telecomunicaciones, también de gran parte del agro. La represión política es igualmente estructural: el movimiento rifeño ha sido duramente castigado desde 2017, con largas penas de prisión para líderes sociales; la población saharaui vive bajo vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y torturas documentadas por organismos internacionales; y la disidencia interna es sistemáticamente silenciada mediante leyes antiterroristas y tribunales especiales. Cualquier protesta te lleva a la cárcel con tiempos larguísimos a la espera de la formulación de acusaciones concretas y en muchos casos sin que las familias puedan ver a los detenidos. De abogados defensores ya ni hablamos.
Este es el pútrido régimen que es objeto de predilección de los Borbones franceses que ocupan el trono de España desde hace tres siglos y cuarto, además de los sucesivos gobiernos hispanos, ya sean derechosos o izquierdosos, que siempre se abrazan con la dictadura marroquí. Y ahora hasta van a organizar un Mundial de fútbol con tamaña degenerada monarquía alauita.
El papel de Marruecos en el Sahel
Pero todo esto quedaría, aun así, parcialmente inexplicado, a pesar de ser bastante monstruoso por sí mismo, si no consideramos que Marruecos es la principal base de operaciones de Estados Unidos en África, elemento territorial de control del norte de ese continente -por tanto suelo clave del flanco sur de la OTAN-, así como de penetración en la región del sionismo global, cada vez más presente en la vida marroquí, su ejército y su economía. Lo que se condice con la repugnante postura de Marruecos en defensa de la ocupación sionista de Palestina.
Desde 2020, Rabat ha desarrollado una estrategia de influencia que combina diplomacia religiosa, cooperación militar y alianzas con potencias externas, y ganar así terreno político con países donde Francia lo ha perdido. Marruecos ofrece formación policial, inteligencia y apoyo logístico a gobiernos y fuerzas de seguridad de la región alineadas con los colonizadores históricos -sobre todo Francia- o el hegemón estadounidense. Su red de “islam moderado” —basada en la autoridad religiosa del rey como Comendador de los Creyentes— se utiliza a discreción para suavizar el yihadismo infiltrado en el Sahel por el Imperio Occidental, cuando resulta conveniente, y así posibilitar la alineación de unos u otros sectores de población y fuerzas políticas con Rabat, aumentando su protagonismo regional, especialmente frente a Argelia, siempre en el punto de mira de una posible intervención desestabilizadora por parte del Imperio y el Poder Sionista Mundial que va en él empotrado.
Ni que decir tiene que todo ello cobra aún más importancia después de que Mali, Níger y Burkina Faso (Alianza de Estados del Sahel) emprendieran un proceso de descolonización real del yugo francés. La infiltración de yihadistas, paramilitares, mercenarios y cuerpos de ejército lleva inundando la región saheliana desde entonces. Destruido el adalid libio, sólo se quiere que funja Marruecos como la potencia del Sahel. Su expansionismo -por territorios norteafricanos adyacentes, pero también a costa de las aguas canarias- viene así apoyado por sus patrones estadounidenses-sionistas.
Por eso mismo, jugar con la migración como arma arrojadiza y tensar demasiado la cuerda (¿también para desestabilizar al gobierno español por indicaciones de Trump? -hueso que la derechona local y europea se apresuran a roer1) puede ser algo que se termine volviendo contra el propio Marruecos, incluso, en algún momento, en sus relaciones más formales con la patética UE.
Veremos. Los pueblos que están hoy bajo el yugo de la abominable monarquía alauita (Amazigh -rifeños, chleuh y amazigh del Atlas, todos indígenas del territorio-, árabes marroquíes hablantes de darija -mayoritarios en las ciudades-, y saharauis ocupados) no han dicho su última palabra.
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Al parecer asesores «usacos» vienen proponiendo que se promueva la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla también, no sólo sobre el Sáhara. Más aún tras el acuerdo del Reino de España y Argelia, que supone un aumento de compra de petróleo argelino en detrimento del más caro de USA. Así que la presión aumenta. Y hoy es el 27º aniversario en el trono de Mohamed y hay fiesta de embajadores. Desde luego, en TV resultan chocantes las imágenes de 25 mil veinteañeros marroquís, volviendo tras un paseo por Ceuta de forma sincronizada hacia Marruecos, con gestos de triunfo y alegría, como quien viene de ganar un partido (comentario de Antonio Arnau). ↩
