Cuba, como paradigma de anticorrupción. José A. Amesty Rivera

Es lamentable que, en la mayoría de los países latinoamericanos, y en sus gestiones de gobierno, sean de derecha o izquierda, el cáncer de la corrupción haya carcomido sus cimientos.

Y aun es más lamentable que, según un informe del año 2022 del organismo Transparencia Internacional, suceda «un estancamiento de la acción contra la corrupción en los países de Latinoamérica y el Caribe, por la falta de voluntad o capacidad de la mayor parte de los gobiernos, para sacudir las poderosas redes que se lucran de la tradicional corruptela». Se muestra un panorama de Latinoamérica estático. «En el continente americano, 27 de 32 países llevan varios años en un punto muerto en la lucha contra la corrupción».

El presente escrito pretende mostrar cómo en un país que muchas veces no entra en las estadísticas de estudio, como Cuba heroica, se emplean mecanismos y estrategias para tener en control este azote.

A continuación, mostramos varios mecanismos, leyes, herramientas utilizadas por Cuba en la lucha contra la corrupción en varios niveles y evidenciamos en general algunos aspectos.

Por ejemplo, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, participaron recientemente en la I sesión ordinaria de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular cubano, en el debate del Informe sobre los resultados del cumplimiento de los lineamientos generales para enfrentar la delincuencia, las ilegalidades y la indisciplina social; el mandatario cubano expresó: «Manifestaciones de criminalidad, indisciplina social y corrupción amenazan la parte más sagrada del proceso de construcción socialista y profundizan las desigualdades sociales».

A su vez, advirtió sobre «la determinación imperial de crear un clima de inseguridad y desconfianza ciudadana que fracturaría la unidad popular en nuestro país, y por eso exageran constantemente, apoyándose en los que odian».

Sin embargo, subrayó el mandatario, «el Estado y el gobierno cubano no pueden ignorar la ocurrencia de actividades económicas ilícitas, la indisciplina social y manifestaciones de corrupción y criminalidad que se instauran como una economía paralela clandestina, que penetra y destruye nuestra vida social».

«Aquí discutimos con actitud y expresamos nuestro rechazo y, con eso, tenemos un consenso. Pero ahora hay que actuar con rigor, articulando la fuerza revolucionaria con la dirección del Partido y la participación de todo el sistema institucional, las organizaciones de masas y las instituciones armadas, junto con el pueblo”.

“Estas son la esencia de la Revolución cubana para enfrentar la actividad especulativa, la corrupción, el engaño, la burocracia, la mentira, la vulgaridad, la indiferencia del pueblo y el malestar que provoca la conducta irrespetuosa del lumpen”.

Por otro lado, en el mes de julio 2023, la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, y el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, intervinieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano; ésta Comisión analizó las medidas y acciones de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales durante el primer semestre de 2023.

En este sentido, la Fiscal General destacó que las leyes penales aprobadas han dotado a la Fiscalía de herramientas legales que «le permiten el enfrentamiento a la actividad delictiva, con novedosas instituciones y alternativas procesales que posibilitan un mejor resultado».

«Entre las directivas de trabajo, han estado utilizar con efectividad las medidas cautelares previstas en la ley y, en particular, la prisión provisional, así como identificar las cadenas delictivas». «Entre las áreas en las que hay que seguir trabajando, destacó mantener la prioridad en el enfrentamiento, la calidad de la investigación penal y la respuesta jurídico-penal en correspondencia con la política del país, y las acciones para el completamiento de la plantilla y la preparación de los fiscales, así como la utilización de los de mayor experiencia en la revisión de la calidad del control de la investigación».

Por su parte el Presidente del Tribunal Supremo Popular TSP, Rubén Remigio Ferro, destacó que la Constitución aprobada en 2019 reforzó el régimen de garantías de las personas naturales y jurídicas: «Nuestro papel es juzgar y tomar decisiones con apego a la Constitución».

Al abordar el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, en un momento de auge de esas manifestaciones, se refirió a la Instrucción No. 273 de 2022, «Política de rigor ante las conductas más nocivas que afectan a la sociedad y a la población», emitida por el TSP, y explicó que va dirigida a guiar la política de enfrentamiento y penal en los tribunales, «no solo en el ámbito penal, sino en el laboral y el mercantil, en todos los ámbitos de Justicia».

Luego de emitida la Instrucción No. 273, «fuimos provincia por provincia, a inicios de 2023, y en reuniones de trabajo explicamos a jueces de todo el país el proyecto. Cuando suben las manifestaciones de ilegalidad, la política judicial debe elevar la severidad y el rigor, no solo en multas, sino en sanciones accesorias y medidas cautelares».

Entre las prioridades incluidas en esa política de rigor, enumeró la corrupción administrativa, las drogas, los delitos contra la economía nacional; el hurto, robo y sacrificio ilegal de ganado mayor; las actividades especulativas, la evasión de impuestos, el tráfico de divisas, las sustracciones de bienes en centros estatales y viviendas y la violencia de género o familiar.

«No solo el enfrentamiento a la hora de juzgar y aplicar sanciones, sino con medidas cautelares de rigor, preferentemente la de prisión provisional a reincidentes y multirreincidentes y a primarios comisores de hechos de gran lesividad social», señaló Ferro.

Otros elementos de la Instrucción No. 273, son la prioridad en la tramitación de casos relacionados con esas prioridades; el rigor en las sanciones y en la combinación de sanciones principales y accesorias, y la severidad en la concesión de beneficios de excarcelación anticipada, previendo el cumplimiento de al menos dos tercios de la sanción impuesta. «En esta política de rigor individualizamos, porque no es a rajatabla para todos. No es una política ciega. Hay que analizar caso por caso, quiénes son esas personas, cuáles son sus circunstancias», comentó.

A su vez, en esta actividad (explicó el presidente del TSP) cooperan la Policía Nacional Revolucionaria PNR, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y Educación, entre otros, así como instituciones y organizaciones de masas. «Hay una actividad sistemática para controlar el comportamiento de estas personas en sus comunidades, en el seno de sus familias y en centros laborales. Tiene que ser una actividad integral y se realiza desde hace 20 años. Hay talleres con organismos involucrados a nivel de municipios y provincias, que en ocasiones incluyen a los propios sancionados, y también se realiza un taller nacional», dijo.

Por otro lado, Cuba ya había expuesto (noviembre 2017) medidas adoptadas en el país, para cumplir con las recomendaciones del Mecanismo de Examen de la ONU, sobre el tema de la corrupción. El embajador cubano ante Austria y la Oficina de Naciones Unidas en Viena, Juan Antonio Fernández, intervino señalando «la actualización permanente de la legislación nacional contra la corrupción y sus tratados internacionales de extradición y asistencia judicial recíproca». Mencionó la penalización del lavado de activos, basado en el deber de conocer, la suposición racional o la ignorancia inexcusable, así como la inclusión en el tipo penal «enriquecimiento ilícito» del enriquecimiento directo por persona intermedia y el aumento del patrimonio del funcionario o de tercero. Añadió que su país lleva a cabo la actualización continua de los tratados bilaterales en materia de extradición y asistencia jurídica recíproca».

También, Gladys Bejerano, Contralora General de la República cubana, presentó las directrices del órgano contralor: entre ellas «el control en la elaboración, ejecución y comprobación del presupuesto estatal. No solo nos ocupamos de detectar hechos delictivos y de corrupción, sino trabajamos para buscar la eficiencia y evitar los derroches. La entidad se concentra en las grandes inversiones, en los esquemas financieros (exportación e importación) y en los programas urgentes de la Revolución, como la entrega y el uso de las tierras, por ejemplo».

Señaló, además, «las directivas que se aplican en las auditorías que se realizan anualmente y que tienen siempre en consideración los planes de cada ministerio. Velamos por la eficiencia y hacemos recomendación a las instituciones con el espíritu de que puedan optimizar su trabajo».

Dijo también que debemos ser más exigentes para evitar y prevenir, «esa es la responsabilidad de todos los que administran y organizan los recursos de nuestro país», sentenció.

Con ese objetivo, el documento que constituye el patrón para el Sistema de Control Interno, diseñado e implementado a través de un sistema de normas y procedimientos, que contribuyen a prevenir y definir los riesgos internos y externos, Gladys Bejerano hizo referencia a la Resolución 60.

En el artículo 6 de este documento se resaltan los principios básicos, quedando establecido que los órganos, organismos, organizaciones y entidades deben cumplir con:

1. La legalidad (normas legales y procedimientos en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente, para el diseño, armonización e implementación de los Sistemas de Control Interno).
2. Objetividad (se fundamenta en un criterio profesional a partir de comparar lo realizado de forma cuantitativa y cualitativa, con parámetros y normas establecidas),
3. Probidad administrativa (se relaciona con el acto de promover con honradez la correcta y transparente administración del patrimonio público y en consecuencia exigir, cuando corresponda, las responsabilidades ante cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o acto ilícito).
4. División de funciones (garantiza que los procesos, actividades y operaciones sean controlados y supervisados de manera que no pongan en riesgo su ejecución, contrapartida y limiten su revisión).
5. Fijación de responsabilidades (las normas y procedimientos estructurados sobre la base de una adecuada organización, que prevean las funciones y responsabilidades de cada área).
6. Cargo y descargo (íntimamente relacionado con el de fijación de responsabilidades. Debe entenderse como el máximo control de lo que entra y sale).
7. Autocontrol (obligación que tienen los directivos superiores, directivos, ejecutivos y funcionarios de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades de autoevaluar su gestión de manera permanente; y cuando proceda, elaborar un plan para corregir las fallas e insuficiencias y dar seguimiento al mismo en el órgano colegiado de dirección, comunicar sus resultados al nivel superior y rendir cuenta a los trabajadores).

En fin, esta es solo una muestra de algunos aspectos en la lucha por la erradicación de la corrupción en Cuba; en base a esto, nos permitimos hacer una serie de lineamientos:

• En Cuba, el tema de la corrupción, no es un tema de moda, sino que se aborda seriamente y «hay que estar resaltando cada día este fenómeno», «hay que hacer investigaciones profundas, mantener un flujo constante de información, para educar y prevenir».
• En Cuba, no se trata de esconder el sol con un dedo al reconocer que hay corrupción, pero hay que combatirla con responsabilidad y eficiencia de Estado.
• En Cuba, se reconoce que la corrupción es una amenaza que puede dar al traste con la Revolución.
• En Cuba, se reconoce que el imperialismo, alimenta, fomenta y trata de reproducir la corrupción.
• En Cuba, se discute el tema de la corruptela, se rechaza y en esto hay consenso, de allí se actúa con rigor, habiendo una articulación entre el pueblo, el partido, las organizaciones institucionales y de masas, así como las instituciones armadas.
• En Cuba, se han creado leyes, resoluciones, decretos y herramientas como directrices de cómo actuar para prevenir la corrupción.

En conclusión, ojalá este actuar de Cuba, ayude a los países inicialmente de América Latina, a ir iniciando un camino para enfrentar la corrupción.