El desgraciado papel colonial de Puerto Rico en los planes golpistas contra la República Bolivariana de Venezuela
Bajo nuevas amenazas de agresión contra la soberanía de su país, el presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela ha jurado como para un nuevo término de seis años. Conforme al Artículo 231 de la Constitución vigente, el presidente jura el día 10 de enero siguiente a la fecha de su elección.
Las últimas elecciones presidenciales se efectuaron el mayo de 2018 donde, a pesar de todo el cerco imperialista contra su gobierno, Maduro obtuvo la victoria con más de seis millones de votos. Previamente, en el año 2013 Nicolás Maduro obtuvo un mandato para asumir la presidencia de la República. Sin embargo, ya desde diciembre de 2014, el gobierno estadounidense, como parte de su política injerencista contra Venezuela, aprobó la ley titulada En defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. En ella se facultaba al entonces presidente a sancionar las personas que él estimara habían sido responsables o causantes de alegados actos de violencia contra elementos de la oposición venezolana; imponer sanciones económicas, medidas de bloqueo de activos, revocación de visados y prohibiciones sobre transacciones de propiedades de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos.
Esta Ley facultó, además, al gobierno estadounidense a procurar acercamientos y subvencionar económicamente organizaciones e individuos dentro de la denominada sociedad civil en Venezuela con miras a desestabilizar el gobierno constitucional en dicho país. Ya para febrero de 2015, el gobierno venezolano denunciaba cómo los organismos de seguridad del Estado desbarataban otra intentona golpista contra el gobierno venezolano.
El 9 de marzo de 2015 Obama promulgó la Orden Ejecutiva titulada Contributing to the situation in Venezuela, en la cual se incluyeron siete miembros de la Fuerza Armada Venezolana y de la Fiscalía, los cuales habían jugado un rol importante en desbaratar el fallido intento de Golpe de Estado fraguado para el 12 de febrero. Ese mismo año, la Casa Blanca hizo público un estudio titulado Estrategia Nacional de Seguridad (2015) donde se incluyen referencias concretas contra el gobierno del presidente Maduro.
Dentro de la preparación de Venezuela contra las agresiones injerencistas del gobierno de Estados Unidos y las acciones desestabilizadoras armadas de la oposición, el 1 de mayo de 2017, en el ejercicio de las facultades delegadas al presidente de la República por la Constitución de 1999 en sus artículos 347, 348 y 349, el presidente Maduro convocó al pueblo venezolano a una Asamblea Nacional Constituyente.
El primero de estos artículos nos señala que la fuente primaria de soberanía la tiene el pueblo venezolano y que es en éste y no al margen del mismo donde reside el poder constituyente originario para mediante una autoconvocatoria, escoger quienes podrán ¨transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.¨ El segundo nos indica en manos de quién reside el poder de convocatoria a una asamblea constituyente: el presidente de la República, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o el 15% de los electores hábiles conforme al registro electoral del país. El tercero nos indica que el presidente de la República no podrá oponerse a una nueva Constitución adoptada conforme a lo antes indicado, ni tampoco los poderes constituidos en el país mediante la Constitución vigente, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
Su propósito en la convocatoria fue que el pueblo, en su ejercicio soberano constituyente, hiciera aquellos cambios necesarios en el documento fundacional de la República Bolivariana de Venezuela para profundizar las conquistas revolucionarias alcanzadas.
Al momento de la convocatoria, el gobierno venezolano denunció al menos 11 pronunciamientos públicos y 4 comunicados de parte del gobierno de Estados Unidos contra su país, junto con la intromisión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre los días 28 de febrero y 19 de abril, incluyendo cuatro sesiones extraordinarias del organismo aprobando ilegítimamente y sin el consenso requerido, resoluciones contra Venezuela.
A este conjunto de eventos, debe sumarse el desarrollo de ejercicios militares auspiciados por el Comando Sur de Estados Unidos, junto a efectivos militares de Brasil, Perú y Colombia. Durante el año 2017, además, en ocasión del desfile militar por el 81 Aniversario de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela, se efectuó, con el apoyo, instigación o anuencia directa del gobierno colombiano, un atentado contra la vida del presidente Maduro utilizando artefactos voladores (“drones”) cargando explosivos.
El 25 de octubre de 2018, en ocasión de su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump anunció su intención de forzar el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, dando a conocer nuevas sanciones económicas. Señaló, además, que no descartaba ninguna medida contra Venezuela, lo que deja abierta la opción de una intervención militar. Ese mismo mes el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares ofreció nuestro suelo patrio como plataforma de intervención contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalando que Puerto Rico podría pasar a ser el “centro logístico” desde donde se preparara la transición hacia una democracia plena en Venezuela. En aquella ocasión ofreció a nuestro país como espacio o sede para la celebración, bajo la dirección del opositor ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, de una reunión de la llamada Comisión de Reconstrucción de Venezuela.
No es casualidad que precisamente en la fecha de la jura de Maduro como presidente, el Secretario de Estado de Puerto Rico, Luis G. Rivera Marín haya publicado un escrito, publicado en la edición digital de El Nuevo Día, donde indica que hay que salvaguardar a los ciudadanos venezolanos haciendo un llamado injerencista contra este hermano país utilizando como referentes las agresiones llevadas a cabo por Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald Reagan y evocando nada menos que al reaccionario y conservador filósofo político Edmund Burke. Rivera Marín evoca, además, al actual Secretario de Estado de Estados Unidos Michael R. Pompeo, señalando que nunca está descartada como opción, la intervención militar.
En un artículo publicado en ALAI (alainet.org) de fecha 9 de enero de 2019, el periodista puertorriqueño Jesús Dávila da cuenta de que una de sus fuentes en la sede del gobierno de Puerto Rico, la Fortaleza (Palacio de Santa Catalina), le indica que “la operación para el derrocamiento del Gobierno de Venezuela está lista para su ejecución, pero que todavía falta la pieza clase de un anuncio de Washington para cancelar o reducir las compras de petróleo y provocar así el colapso de la presidencia de Nicolás Maduro”. Señala que, como parte de los planes, que ya Colombia “tiene fuerzas militares en su frontera noreste¨ y que, de la misma manera, tropas de Brasil “han sido activadas en el noreste de ese país”. Indica que el papel que jugaría Puerto Rico dentro de los planes de agresión contra Venezuela, sería el de una “base de retaguardia para suministros y plataforma política…porque permite mantener almacenamientos, así como montar un puente marítimo y aéreo desde territorio controlado directamente por EE UU.”
Dentro de la aparente estrategia de la cual Puerto Rico formaría parte se encuentra establecer aquí un llamado “gobierno provisional”, el cual sería reconocido por varios países latinoamericanos, particularmente aquellos que se agrupan hoy bajo el denominado “Grupo de Lima”, constituido por Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Guatemala, República Cooperativa de Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Santa Lucía), a la par que desconocerían la legitimidad de la presidencia de Maduro. México, que bajo el gobierno del presidente Peña Nieto del PRI formó parte del Grupo de Lima, con la llegada del nuevo presidente López Obrador puso distancia de estos países y votó en contra de la propuesta de no reconocer, alegando ilegitimidad, al gobierno del presidente Maduro.
Se trata a fin de cuentas de un esquema que, además, se complementaría, por un lado, por un proceso insurreccional interno donde participen elementos de la oposición civil y elementos militares que ya han desertado de la Fuerza Armada Venezolana así como desafectos dentro de la misma que pudieran sumarse en un proceso golpista contra Maduro; de otro lado, por el cerco e intervención militar que pudiera provenir de parte de países con gobiernos de extrema derecha como son hoy Colombia y Brasil, junto con el apoyo logístico y diplomático de Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Chile y la República Cooperativa de Guyana. En el plan desestabilizador también juega un papel las distintas bases militares estadounidenses en la región del Caribe Oriental conocidas como “Forward Operation Locations”.
Es importante señalar que países como México y Uruguay, al igual de Cuba, Nicaragua y Bolivia, han manifestado su oposición a una intervención militar en Venezuela. A nivel de Centroamérica todavía hay un relativo silencio, aunque es de esperar que gobiernos como los de Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá se sumen a las demandas de los países del Grupo de Lima.
De acuerdo a un análisis de la situación en Venezuela hecho por varios autores, a saber, Arantza Tirado, Javier Calderón Castillo, Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández, en escrito publicado por celag.org, el pasado 6 de enero, titulado El Grupo de Lima. EE UU y la disputa geopolítica, señalan que “para algunos países integrantes del Grupo de Lima, el dedo acusador contra Venezuela resulta ser una válvula de escape a las propias dificultades en la política doméstica. Si se repasan las situaciones en cada uno de estos países, lo menos que se observa es estabilidad. Salvo algunas excepciones, estos gobiernos están cuestionados y en 2019 se enfrentarán a procesos electorales.”
Señalan, además dichos autores con relación al Grupo de Lima, que se trata de “países que de manera obsecuente están siguiendo el libreto de EE UU de intervención sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua”, que “utilizan la retórica y las acciones antivenezolanas para descomprimir la crisis interna que tienen en sus realidades nacionales”; y finamente, que estando “en dificultades económicas y energéticas, alistan un plan de saqueo a Venezuela con el cual pretenden resolver sus demandas de gas, petróleo, oro, y de colocación de productos manufacturados industriales.”
Una intervención militar en Venezuela y las posturas que se asuman ante la misma plantea otras complicaciones a nivel hemisférico.
La Organización de Estados Americanos (OEA), fundada el 30 de abril de 1948, dispone en su Carta Constitutiva que trabaja para fortalecer los procesos de paz en la región. Una intervención militar contra uno de sus países miembros, coloca en entredicho tal objetivo. La Carta también señala en su Artículo 3 (b) que: “El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.
Por su parte, el Capítulo V, Artículo 24, que las “controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica” que la propia Carta señala. Los procedimientos pacíficos que contempla la Carta en su Artículo 25 son: “negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, en cualquier momento las partes.” A pesar del contenido de estos artículos, en reunión celebrada el mismo día de la jura del presidente Maduro, con una votación de 19 votos a favor, 6 votos en contra, 8 abstenciones y una ausencia, la OEA acordó no reconocer la legitimidad constitucional del período de gobierno presidencial a partir del 10 de enero de 2019.
Una mirada al documento constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), organismo de integración suramericano que comenzó funciones en el año 2011 aunque fue fundada el 23 de mayo de 2008 en Brasilia, señala que sus integrantes ratifican “que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.” En su Artículo 14 también llama a que sea la “concertación entre los Estados Miembros de UNASUR…un factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos.”
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), instancia de integración regional latinoamericana y del Caribe, se pronunció en su Segunda Cumbre realizada en La Habana en 2014 por su apego y “respeto irrestricto a los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país la protección y promoción de todos los derechos humanos, el Estado de derecho en los planos nacional e internacional, el fomento de la participación ciudadana y la democracia.”
La Carta de la ONU, por su parte, en su Artículo 2, sección 4, dispone que, en sus relaciones internacionales, los Estados miembros de la organización, “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.
Una mirada en su conjunto de tales disposiciones supone con relación a los planes contra Venezuela, una violación crasa de lo acordado entre los Estados que suscriben tales documentos constitutivos, y ciertamente coloca en jaque, particularmente aquellas instancias de integración regionales, su desarrollo futuro.
No deja de dar vergüenza ajena que la persona que en Puerto Rico constitucionalmente hablando, asume la responsabilidad por las pocas atribuciones que en el plano internacional tiene el Estado libre Asociado, se exprese con relación a Venezuela con tanta soltura, irresponsabilidad e ignorancia sobre cómo intervenir en asuntos internos de otro Estado soberano sin tomar en consideración los efectos de tal injerencia en el mantenimiento de un orden internacional y las relaciones pacíficas entre Estados.
Los puertorriqueños no tenemos por qué hacernos eco de posturas injerencistas contra otros pueblos hermanos. Es obvio que sobre Venezuela no todos los puertorriqueños pensamos igual, mucho menos podemos señalar que haya un consenso entre nosotros sobre el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros o sobre la conducción de su gobierno hacia el socialismo en Venezuela. Sin embargo, las diferencias con su gobierno no deben desenfocarnos apoyando posturas que lesionan el orden difícilmente alcanzado entre los distintos países para establecer un marco de convivencia mutua, a pesar de diferencias en torno a sus sistemas económicos o de otra naturaleza. Por esto, las opciones que debemos favorecer siempre deben enmarcar en el respeto a la soberanía de los pueblos y el principio de no injerencia en sus asuntos internos.
La historia de la injerencia imperialista en América Latina por parte de Estados Unidos con el apoyo de las oligarquías de sus pueblos, sólo ha traído para éstos muertes, torturas, dolor y terror. Son decenas de miles los muertos, heridos, torturados y desaparecidos los sacrificados. Una agresión contra Venezuela podría significar un baño de sangre para el país, algo que no ha ocurrido en dos décadas de Revolución Bolivariana.
El momento nos impone la obligación de rechazar el uso de nuestro territorio nacional en los planes contra Venezuela, como nos impone también, demandar con la mayor firmeza a nuestro gobierno, el cese en ser cómplice en una agresión contra el bravo pueblo venezolano que como lee la propia letra de su Himno Nacional “el yugo lanzó”.
10 de enero de 2019
