El Régimen de la Transición y el capital español en el saqueo de América latina Narcotráfico, paramilitarismo e imperialismo.

El Régimen de la Transición¹ y el capital español en el saqueo de América latina. Narcotráfico, paramilitarismo e imperialismo.

Ponencia presentada en el Seminario “Geopolítica y Relaciones Internacionales en el siglo XXI”, organizado por el ISRI. La Habana, Cuba, del 25 al 27 abril de 2018.

Ángeles Maestro, militante de Red Roja y miembro fundador del Frente Anti-imperialista Internacionalista.

“Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”.

Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina.

A. La construcción reciente del capitalismo español.

A.1.- Chorreando sangre y lodo.

Una nueva sucesión de golpes de Estado^2, más o menos encubiertos, recorre nuevamente América Latina en un intento de revertir las alianzas aintiimperialistas que siempre han tenido a Cuba como eje y que Chávez recreó. Los tambores de guerra contra la Venezuela Bolivariana no dejan de resonar, buscando nuevas vías tras el brutal escenario de violencia fascista protagonizado en 2017 por una «oposición» criminal financiada y dirigida por multinacionales extranjeras, como ha ocurrido una vez tras otra en la desangrada Patria Grande. La novedad desde el golpe contra Chávez en 2002 es que los resortes que mueven la banda armada que perpetra el crimen están dirigidos, también, por capitalistas y políticos españoles.

Marx nos recordaba que el capital llego al mundo chorreando sangre y lodo³ y que el expolio y el genocidio fueron condiciones necesarias para la existencia del capitalismo.

Sangre y pillaje de las clases populares europeas y de los pueblos originarios que se opusieron al saqueo, y lodo de la miseria moral y la ignominia de la cruz y la espada que, en América Latina, fueron mayoritariamente españolas. Las dimensiones del exterminio no hicieron temblar la mano de nuestros patriotas: se calcula que en 1492 había 65 millones de habitantes en América Latina. En 1700 quedaban 5 millones.

Si pudiera parecer que los más de cinco siglos transcurridos es remontarse demasiado para abordar lo que pasa ahora mismo, baste recordar las palabras del cónsul español Pablo Sánchez Terán en Córdoba (Argentina) en 2004 durante el discurso conmemorativo del 12 de octubre. Toda su zafia estupidez transparenta el relato imperial español: “..estarían mucho peor hoy bajo el dominio de las civilizaciones indígenas..(…) mucho peor estarían o estaríamos bajo las civilizaciones incaicas, aztecas, mapuches, sioux, apaches, que han sido idealizadas por historiadores y antropólogos, cuando es bien conocida su división en castas y su carácter imperialista y sanguinario”.⁴ Estas palabras eran pronunciadas mientras Rodrigo Rato, a la sazón director del FMI, presionaba al presidente Kirchner para reducier el gasto social, aumentar el ya importante superávit fiscal argentino (2,6%) y a destinar más fondos al pago de la deuda externa. En ese tiempo también, Repsol estaba consiguiendo enormes beneficios tras la compra de IPF en 1999⁵. Esa gigantesca adquisición a precio de saldo – por la cual se calcula que el pueblo argentino perdió 10.000 millones de dólares⁶ – convirtió a la privatizada petrolera española, de un país sin apenas petróleo, en la mayor petrolera privada de América Latina y la décima del mundo.

En el imperialismo, dice Galeano, la primera división internacional del trabajo es la que hace que unos países se especialicen en ganar y otros en perder. Y el papel de perdedores se ha asignado siempre mediante la violencia. Exactamente la misma violencia que se aplica cada vez que un pueblo intenta sacudirse el yugo de la dominación y adueñarse de sus recursos, atentando inevitablemente contra la sacrosanta propiedad privada del capital local y, sobre todo, del extranjero.

Desde comienzos del siglo XX, en América Latina, la espada es empuñada siempre en primer lugar el imperialismo de EE.UU. Y detrás se esconde, vergonzante, el capitalismo de otros países europeos. Washington también dirige la amenaza de intervención militar que se cierne sobre Venezuela, con sus siete bases militares en la vecina Colombia (ya miembro de la OTAN desde la firma del Acuerdo de Cooperación Militar en mayo de 2017), la base instalada en la Amazonía peruana y la nueva base de Alcántara en Brasil⁷

Lo nuevo y lo que nos vuelve a situar a los pueblos del Estado español en primera línea de la responsabilidad histórica ante los pueblos agredidos, es el papel destacado de multinacionales y gobiernos españoles en el nuevo saqueo de América Latina – mediante las privatizaciones – y la consiguiente cooperación con el narcotráfico y los paramilitares para sembrar el terror en la resistencia popular.

A. 2 .- Las privatizaciones: una nueva acumulación “originaria”

La respuesta del capitalismo a la crisis iniciada en la década de los 70 y al auge mundial de los movimientos obreros revolucionarios y de las luchas de liberación nacional fue doble: la imposición de drásticas políticas de ajuste estructural y el elemento facilitador: la implantación de salvajes dictaduras.

A. 2.a.- Dictaduras para imponer el “Consenso”.

Las dictaduras de Ferdinand Marcos en Filipinas (1972) y la de Pinochet en Chile (1973), ambas apoyadas por EE.UU, e inmediatamente después sostenidas por el Banco Mundial ejemplifican la llegada de las políticas neoliberales a sangre y fuego, como todo periodo de drástico saqueo de las clases populares. El asesinato de miles de dirigentes de la izquierda y la generalización del terrorismo de Estado, extendido a la mayor parte de América Latina a partir del epicentro chileno, modificó radicalmente la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Tras la derrota se llevó a cabo el nuevo expolio: privatizaciones masivas, reducciones del gasto social, reformas laborales y fiscales a beneficio del capital y, sobre todo, garantías de protección absoluta para los nuevos dueños de empresas y recursos naturales.

La llegada al poder de Margareth Thatcher en Gran Bretaña y sobre todo la derrota de la emblemática huelga minera de 1984-1985 ⁸ marcó la entrada en la Europa capitalista de las políticas neoliberales. Esta derrota del sindicalismo combativo fue posible por el aislamiento de la lucha del sindicato minero por parte de la mayor parte de los sindicatos británicos y del sindicalismo europeo integrado en la CES⁹, El carácter ejemplificador de esta derrota cambió también la correlación de fuerzas – esta vez mediante el soborno y la integración definitiva del sindicalismo occidental oficial en el aparato del Estado; sindicatos que, tras la II Guerra Mundial, ya habían aceptado los límites impuestos por el capitalismo (no intentar la conquista del poder político por la clase obrera) y su efímero Estado del Bienestar¹⁰.

El Consenso de Washington (1989) formalizó el conjunto de políticas imperialistas de “ajuste estructural” impuestas a los países de la periferia que, tras el terror de las dictaduras militares, podían ser ya materializadas y generalizadas mediante el soborno de las élites locales (mucho menos costoso desde el punto de vista político). El pretexto era hacer frente a la gigantesca Deuda externa pública que, como es bien sabido, fue promovida por las potencias imperiales. Al respecto, es emblemático el discurso de Thomas Sankara sobre el asunto en la Cumbre de la Unión Africana (julio de 1987) analizando el origen de la Deuda y proponiendo un frente unido para no pagarla y ..”para evitar que nos hagamos asesinar aisladamente. Si Burkina Faso, solo, se negara a pagar la deuda, ¡yo no estaré presente en la próxima conferencia!”. Tres meses después caía asesinado.

El paquete de medidas exigido a los países periféricos para acceder a préstamos del FMI y el BM – intensificando así su dependencia – iba destinado a contener la caída de la tasa de ganancia y a asegurar lo que bien puede llamarse una segunda acumulación originaria. Consistía en facilitar el saqueo de recursos naturales y de empresas públicas mediante privatizaciones, reducir la fiscalidad del capital que conllevaba la minoración del gasto social en aras de contener el déficit, establecer drásticas contrarreformas laborales y eliminar todo tipo de trabas a la inversión extranjera directa.

A.2.b.- La Guerra Civil, el Régimen de la Transición y la UE en la génesis del capitalismo español.

En el Estado español el golpe de Estado y la victoria fascista en la Guerra Civil sirvieron para el expolio tanto del patrimonio de los vencidos, como de la propiedad pública republicana. Tras tres duros años de guerra llegó la matanza o la cárcel, pueblo a pueblo, de quienes la Dictadura consideraba “rojos”, y que, por supuesto, se acompañó del robo masivo de sus bienes. Los bienes nunca fueron devueltos y decenas de miles siguen enterrados en las cunetas de las carrteras, mientras todos sus asesinos viven o han muerto impunes.

Esa la acumulación de capital robado puso los pilares del nuevo capitalismo español. El escritor Oriol Malló lo expresa con contundencia: “Todas las multinacionales españolas presentes en América Latina son, en última instancia, hijas del triunfo de la insurrección fascista en España de 1936. El BBVA, el Banco de Santander, Abengoa, Iberdrola o Unión Fenosa comparten este elemento fundacional. El ciudadano medio apenas imagina que la mayoría de consorcios que dominan la economía española surgen del triunfo franquista en la guerra civil”¹¹ Basten dos ejemplos: el Instituto de Reforma Agraria republicano expropió a la Duquesa de Alba la finca las Arroyuelas en 1933 entregándosela a 80 campesinos pobres de Carmona (Sevilla). La dictadura franquista devolvió a la aristócrata la propiedad de la finca y fusiló a varios de los jornaleros adjudicatarios¹². Algo semejante ocurrió con la eléctrica Fenosa. El empresario José Quiñones, republicano progresista, era propietario de la empresa Electra Popular Coruñesa. Fue asesinado por los sublevados en 1936 y todos sus bienes fueron confiscados. Electra Popular fue otorgada al millonario amigo de Franco, Pedro Barrié de la Maza. Este la fundió con su empresa Fábrica de Gas y Electricidad, naciendo así Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA)¹³.

En Europa occidental fue la Comunidad Económica Europea (CEE) la encargada de disciplinar gobiernos y asegurar – con las diferencias impuestas por la lucha de clases – la implantación de exactamente las mismas políticas. En 1986 se produjo el ingreso de España en la CEE apoyado por la izquierda del Régimen de la Transición¹⁴ quien ocultando que el “Bienestar” tocaba a su fin y que el capitalismo en crisis engendraba una nueva fase, las de las políticas neoliberales, la defendió argumentando que se trataba de entrar en una Europa-paraíso de derechos sociales y laborales. Ese mismo infundio sirvió al PSOE – con el silencio cómplice de las dos grandes centrales sindicales CC.OO. y UGT – para plantear que la entrada en la OTAN era el imprescindible “peaje” que debía pagarse para llegar al edén europeo¹⁵.

La adhesión de España a la CEE (1986), el Acta Única (1987) y, sobre todo, el Tratado de Maastricht (1992) impusieron condiciones drásticas que implicaban privatizaciones masivas para poder acceder a la Unión Económica y Monetaria. Este marco normativo y todos sus desarrollos proporcionaron el referente jurídico y lo que es más importante, la legitimación política, para que los gobiernos del PSOE y después del PP llevaran a cabo el desmantelamiento del sector público empresarial (siderurgia, minería, construcción naval, etc) y la privatización de las grandes empresas públicas, incluida la banca Argentaria.

El desmantelamiento de la industria pesada, la minería o los astilleros, una buena parte en manos del Estado, así como en gran medida la agricultura y la ganadería, fueron condiciones para el ingreso en una CEE hegemonizada por el capital francés, y sobre todo, por el alemán, que liquidaban así la competencia para sus productos y ganaban grandes cuotas de mercado. En este proceso se destruyeron 2.700.000 empleos públicos estables.

Las dimensiones de la desindustrialización relacionada directamente con la adhesión a la CEE y la implantación del euro son enormes: entre 1970 y 2009 el peso total de la industria en el PIB pasó del 34% al 15%¹⁶ La colaboración de las cúpulas de las dos grandes centrales sindicales, CC.OO y UGT aseguró que las duras luchas obreras que se dieron en cada empresa quedaran asiladas y no se ofreciera una resistencia integral y potente al desmantelamiento agropecuario y sobre todo industrial, llamado eufemísticamente “reconversión”.

Si el Estado en el capitalismo sirve indefectiblemente a las clases dominantes, en el Estado español desde la Guerra Civil el capitalismo español ha dependido directamente del Estado para desarrollarse. Antes de cada privatización, la inmensa mayoría iniciadas por el PSOE, el gobierno propiciaba fusiones y grandes inversiones públicas destinadas a modernizar la empresa en cuestión. Una vez producida la rápida acumulación derivada de la compra a precio de saldo de empresas prestadoras de servicios públicos en régimen de cuasi-monopolio se emprendía la expansión internacional, sobre todo hacia América Latina, también de la mano de los gobiernos de turno. Y los altos cargos de esos gobiernos, incluyendo presidentes de gobierno y ministros, se cobraron los servicios prestados sentándose en los consejos de administración de empresas que ellos y ellas habían privatizado y que se convirtieron en tiempo récord en multinacionales¹⁷.

Las privatizaciones empresariales masivas comenzaron a mediados de los 80 y conocieron su mayor auge durante toda la década de los 90, aunque después la venta de empresas públicas haya continuado con menor intensidad¹⁸. Una tras otra, las directivas europeas iban colaborando en la liquidación de los sectores públicos “para abrirlos a la competencia”. Se generaba así otra nueva acumulación de capital, la de un capitalismo en crisis que no arriesga nada porque compra a precios ridículos monopolios de servicios públicos que venden a una clientela cautiva.

La maniobra se inició tres años después de la victoria electoral del PSOE con mayoría absoluta¹⁹. En 1985 había 130 empresas públicas directas y alrededor de 850 empresas públicas filiales de ámbito estatal. En 1999 la mayor parte había sido privatizada.

Entre 1985 y 1992, además del comienzo de la entrada de capital privado en gran escala, lo más relevante fue la reestructuración de todo el sector público empresarial, curiosamente mientras se decía que “la mejor política industrial es la que no existe”. Se acometieron grandes inversiones estatales y fusiones con el objetivo de hacer competitivos internacionalmente a determinados sectores para, se decía desde el Gobierno, aumentar así los ingresos del Estado.

El proceso de fusiones fue espectacular. “Nueve empresas públicas del sector del petroquímico y del gas fueron absorbidas por Repsol, que pasó así a ser no solo la primera empresa del sector sino también la primera empresa industrial española. Cinco empresas públicas del sector del aluminio fueron fusionadas en Inespal. Seis empresas públicas del sector de la electrónica fueron absorbidas por Indra. Ocho empresas públicas del sector de la alimentación fueron adquiridas por Tabacalera. Las acciones de todas las empresas públicas eléctricas fueron adscritas patrimonialmente a la más importante, Endesa, pasando ésta a ocupar una posición de dominio en el sector eléctrico español. Algo parecido se llevó a cabo con los diferentes bancos públicos (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial) que fueron fusionados en una nueva sociedad creada al efecto en 1991: Argentaria, quien poco tiempo después acabaría convertida en la A del Banco Bilbao Vizcaya. Las empresas públicas de la siderurgia (las principales: Ensidesa, AHV y Siderurgia del Mediterráneo) fueron fusionadas en una nueva empresa pública creada al efecto: Corporación Siderúrgica Integral (Aceralia). Y estas nuevas gigantescas empresas públicas surgidas, reforzadas o ampliadas como consecuencia de los procesos de reestructuración /concentración anteriores, (Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa, Argentaria (Banca pública), Aceralia son las que fueron privatizadas poco tiempo después mediante la venta de acciones, culminándose el proceso en 1999”²⁰.

Todas estas empresas fueron privatizadas entre 1992 y 1999 en una mano a mano perfecto entre el PSOE y el PP. El objetivo de toda esta auténtica planificación industrial no era, obviamente, aumentar los ingresos del Estado sino convertir a las llamadas joyas de la corona en empresas rentables para inmediatamente después ser entregadas al capital privado.

Por otra parte nuevas reformas fiscales iban reduciendo progresivamente la presión impositiva sobre el capital, con la correspondiente disminución de ingresos de la hacienda pública.Se autocumplía así la profecía del aumento del déficit público. Creada la enfermedad, llegaba la medicina: establecer topes de déficit inferiores al 3% del PIB. Se lograban así los verdaderos objetivos: reducir el gasto social y privatizar lo público rentable.

El pretexto de incrementar los ingresos del Estado con la venta de empresas públicas fue una gran estafa propiciada en cada situación de crisis por la presión de “hacer caja”. Ocurrió todo lo contrario. No solamente el Estado dejaba de percibir los ingresos correspondientes a la actividad económica de la empresa vendida, sino que las privatizaciones realizadas por los gobiernos del PSOE y del PP entre 1986 y 2004 sólo generaron al Estado unos ingresos aproximados de 50.000 millones de euros²¹. Para poder establecer una comparación puede valer el dato de que en 2008, los ingresos de las tres mayores multinacionales en dólares fueron: Telefónica 77.254 millones, Repsol IPF 67.006 y BBVA 51.449²².

Si para las arcas públicas se trató de “pan para hoy y hambre para mañana” fue una gran orgía de negocio para los nuevos ricos. La “cultura del pelotazo”, la “beautiful people”, son términos que se instalaron para explicar el ritmo vertiginoso de ganancias obtenidas por un grupo selecto de nuevos ricos, principalmente con las privatizaciones, desde finales de los 80 y durante la década de los 90. El primer ministro de Industria del gobierno PSOE en 1982 y posterior Ministro de Economía, Carlos Solchaga, puso en boga dos frases que definen los gobiernos de la socialdemocracia: “la mejor política industrial es la que no existe” y “España es uno de los países del mundo donde es más fácil hacerse rico rápidamente²³. Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE siguieron tan suculenta trayectoria mientras hubo algo rentable que vender.

Desde comienzos del siglo XXI la parasitación del sector público por el capital privado – sobre todo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria – se extiendió a servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales que atienden a personas dependientes²⁴.

A.2.c.- El despojo de derechos de la clase obrera.

El “milagro” económico no provenía del desarrollo de sectores industriales que, como hemos visto, se desmantelaron en ese mismo periodo de tiempo. El “pelotazo” se generó por la compra de empresas estratégicas convertidas por el poder político y con dinero público en monopolios enormemente rentables, a cuyos nuevos propietarios privados los gobiernos del PSOE y del PP, además, habían dotado de instrumentos legales para proceder a deshacerse de las antiguas plantillas con prejubilaciones masivas y falsas invalideces. A ellos les sucedió una serie de contrarreformas laborales²⁵ que, iniciadas con los Pactos de la Moncloa²⁶, transformaron el mercado laboral español destruyendo en cascada derechos sociales y laborales. Estas reformas – pactadas o consentidas por las cúpulas sindicales – permitieron liquidar sin apenas coste para los empresarios centenares de miles de puestos de trabajo con salarios relativamente altos y con derechos mientras en situación de relativa paz social se implantaba la precarización masiva²⁷.

En el Estado español los derechos sociales y laborales no llegaron con la “democracia”. Todo lo contrario. Se conquistaron con duras luchas obreras -con muertos y muchos años de cárcel – durante la Dictadura. Fueron los Pactos de la Moncloa²⁸ los que inauguraron el “consenso” y el comienzo de un despojo masivo de derechos que aún continua.

El caso de Telefónica es bien ilustrativo. En 1996 tenía una plantilla de alrededor de 80.000 personas trabajando, hoy es inferior a la cuarta parte de esa cifra. Esa disminución de empleo directo con salarios altos y estabilidad se ha sustituido por una cantidad aún mayor de empleo precario y falsos autónomos distribuidos en doscientas empresas subcontratadas.

El ejemplo de Telefónica también vale para mostrar que no es casual que ex presidentes de gobierno y ex- ministros de PP y PSOE compartan sillones en consejos de administración de empresas privatizadas. Han sido ejecutores de exactamente las mismas políticas y, además, comparten relaciones con las mafias latinoamericanas. En 1996, cuando el gobierno de Felipe González ya había perdido las elecciones a favor de Aznar, y en un periodo de tiempo en el que ningún gobierno está legitimado para tomar decisión importante alguna, vendió una filial de Telefónica, la empresa Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones S.A.(SINTEL) a la familia Mas Canosa. Da la casualidad de que el PP, supuesto opositor al gobierno del PSOE había sido acusado durante la campaña electoral de recibir financiación, precisamente de la familia Mas Canosa.

Uno de los objetivos fundamentales de la transacción era despedir a la mayor parte de la plantilla. La respuesta obrera no pudo ser más contundente: organizó en pleno Paseo de la Castellana de Madrid una acampada de 1800 trabajadores durante seis meses, escribiendo una de las páginas más heroicas de la lucha obrera de los últimos tiempos²⁹. El valor patrimonial de la empresa cuando se vendió era de 6.250 millones de pesetas. Se traspasó por 4.900 y en 2002 experimento “una pérdida patrimonial” de 1.200 millones de pesetas de la que los trabajadores hicieron responsables a la familia Mas Canosa y a la dirección de Telefónica³⁰.

La lucha obrera de SINTEL puso de manifiesto una conexión política que tenía sus raíces mucho antes: la de los partidos del Régimen de la Transición con las mafias económicas de la extrema derecha latinoamericana.

B. El segundo saqueo de América Latina.

Hasta la década de los 80 del siglo XX, España fundamentalmente recibía inversiones extranjeras. A finales de los 90 se convirtió en el sexto mayor inversor del mundo. Mientras en 1980 la Inversión Extranjera Directa (IED) suponía un 0,9% del PIB en 1999 alcanzaba el 17%. El Estado español fue el segundo en inversiones directas en América Latina, solo por detrás de EE.UU.

No solamente era asombrosa la rapidez con la que se había generado tamaño poderío empresarial, sino que además era insólita por su intensidad y delimitación geográfica. En la década de los 90, dos tercios de los flujos de capitales españoles de dirigía hacia América Latina, mientras que sólo recorría ese camino el 22% de la inversión de la UE-15 o el 9% de la de EE.UU.³¹

Las dimensiones de este hecho producido en tan breve lapso de tiempo sorprendió en Europa y en EE.UU., país en cuya prensa se comentaba con asombro la irrupción de “los nuevos conquistadores españoles”.

Desborda los objetivos de este artículo reproducir cada uno de los pasos de las empresas españolas en América Latina, pero interesa destacar que, al igual que prácticamente todas ellas se construyeron a partir de empresas públicas privatizadas, exactamente lo mismo ocurrió al otro lado del Atlántico. El “riesgo y ventura” que se atribuye a sí mismo el accionar del capital no funciona mediante ninguna mano invisible. La penetración del capital español se impulsó desde las más altas instancias políticas y tuvo un comienzo estelar. Fue en la I Cumbre Iberoamericana en Guadalajara en 1991, con un elenco de actores memorable: el rey Juan Carlos, Felipe González, Mario Soares (Portugal), Carlos Salinas de Gortari, (México), Alberto Fujimori (Perú), Carlos Menem (Argentina), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Violeta Chamorro (Nicaragua), entre otros³². Allí se firma la Declaración de Guadalajara³³ en la que, más allá de los lugares comunes protocolarios propios de este tipo de documentos, como la pertenencia de todos a una “misma comunidad”, se establecen dos acuerdos concretos:

• Contribuir al éxito de la Ronda Uruguay del GATT y al cumplimiento pleno de sus reglas y objetivos; es decir, eliminación de cualquier obstáculo legal, laboral, social o medioambiental al libre comercio.

• Apoyar, a propuesta del Presidente de México, la candidatura del señor Carlos Solchaga de España como presidente del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional.

A la vista de los trascendentales acontecimientos económicos que se desarrollaron inmediatamente después no cabe duda de que allí se selló la voluntad política de llevar a cabo desregulaciones y privatizaciones a gran escala de empresas públicas y recursos naturales.

El primer trampolín lo constituyó la compra de empresas privatizadas en Argentina, a precio de saldo, para lo que se constituyó un cártel de empresas a instancias del gobierno PSOE que incluía a: Repsol, Telefónica, Iberia, Iberdrola, Gas Natural y Mapfre. No se trataba de buen olfato empresarial, ni siquiera sólo de información privilegiada. Se trató de toda una programación desde las esferas políticas al servicio del negocio privado. Menem viajó a Madrid en 1990 y le ofreció a Felipe González la venta de IPF, el gas y la telefonía.

En 1992 el gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro de economía privatizó el gigante IPF; durante el violento debate parlamentario se denunciaron presiones políticas y sobornos por valor de más de ocho millones de dólares. Antes se había vendido la empresa ENTEL a Telefónica y Aerolíneas Argentinas a Iberia, con graves conflictos con sus plantillas y quema de banderas españolas en manifestaciones.

La elevada rentabilidad y el bajo coste de las adquisiciones argentinas “mas bien una requisa”³⁴ permite al grupo de empresas reinvertir masivamente en el resto de América Latina. La penetración de capital extranjero en estas empresas no alteró mucho su funcionamiento, ya que la gerencia siempre era española. Una de las bazas fundamentales del Estado español es ser la cabeza de puente entre la UE y América Latina.

Reproduzco a continuación datos tomados del Observatorio de Multinacionales en América Latina³⁵ que ilustran la relación directa entre privatizaciones y penetración del capital español en la región. Entre 1986 y 1999 las privatizaciones en América Latina supusieron más de la mitad de las realizadas en los países del sur. En ésta época la IED de empresas españolas en la zona ascendió a 110.000 millones de euros.

La penetración de las multinacionales españolas en Amércia Latina, representadas por Telefónica (hoy Movistar), REPSOL, Gas Natural Endesa (que absorbió a Unión Fenosa), Iberdrola, Banco de Santander y BBVA, ha sido de tal magnitud que en la actualidad buena parte de los ingresos de estas compañías proceden de la región americana. El BBVA obtenía en 2015 allí el 50% de sus beneficios; el Santander, el 54% en la misma fecha y Telefónica, el 49% en 2014³⁶. En la actualidad el BBVA es el mayor banco de México y el Banco de Santander está entre los cinco más grandes de Brasil.

El indudable vínculo político que acompaña el comienzo y el desarrollo de la penetración de “los nuevos conquistadores españoles” en América Latina tiene el sello de una organización, el PSOE y, sobre todo, un nombre propio Felipe González. Sus años al frente del gobierno de España, con mayoría absoluta en el Parlamento, entre 1982 y 1993, y hasta 1996, apoyado por el grupo catalán CiU, expresan nítidamente ese papel impulsor.

Estas relaciones político-empresariales son consustanciales al capitalismo, como es la corrupción que de ellas se deriva. Valga como muestra un botón, la empresa pública Fomento del Comercio Exterior (FOCOEX). Según informe de la Fiscalía Anticorrupción, entre 1991 y 1992 fueron abonados por FOCOEX 1.310 millones de pesetas a intermediarios. Gloria Barba, esposa del entonces ministro Carlos Solchaga, ocupaba en aquel momento uno de los altos cargos de la citada empresa³⁷. He aquí algunos de los casos más conocidos denunciados:

• La Fiscalía Anticorrupción investiga los vínculos de FOCOEX con empresas del grupo PRISA (Eductrade y Sanitrade)³⁸ a quienes adjudicó de forma fraudulenta créditos de Fondos de Ayuda al Desarrollo en 1983 y 1984 por valor de 50.000 millones de pesetas que fueron obtenidos mediante el pago de comisiones a través de paraísos fiscales³⁹.

• El Parlamento uruguayo pudo demostrar que FOCOEX concedió créditos por valor de millones de dólares a su gobierno para la adquisición de bienes españoles. Ese Ejecutivo llevó a cabo la compra de estos bienes a través de un intermediario que recibió a cambio elevadas comisiones. Posteriormente se demostró que los equipos adquiridos eran totalmente inútiles. (Ricardo Daré, Las conflictivas relaciones de España con América Latina)⁴⁰.

Otros escándalos afectaron a Chile y a Bolivia. En Chile, Ricardo Lagos, durante su etapa de Ministro de Educación compró material educativo al Grupo PRISA con un sobreprecio de 664 millones de pesetas, un 70% por encima de su coste. En Bolivia, siendo Ministro Tito Hoz de la Vila bajo la presidencia de Sánchez de Lozada se llevo a cabo una reforma educativo que dejo en manos de Santillana la producción y venta de libros para los estudiantes de primaria. Después se denunció que la citada empresa contrató para un alto cargo a la hija del Ministro⁴¹

El Grupo PRISA ha hecho gigantescos negocios en América Latina no mediante la mano invisible del mercado sino de un descomunal apoyo gubernamental y de su papel de representante político/mediático de los intereses de las multinacionales españolas en América Latina. Llamo la atención sobre el hecho de que los mismos dirigentes políticos que venden el patrimonio público a empresas extranjeras, ponen en esas mismas manos la formación de las futuras generaciones – a través de la editorial Santillana – facilitando el colonialismo cultural.

El poder del lobby del PSOE en América Latina se extendió – y permanece – mucho más allá de su presencia en el gobierno, superando con creces al del PP, que lo consiguió sólo de su mano. En 2001, cuando el llamado superministro de economía argentino Domingo Cavallo contrató como asesor al ex ministro socialista de economía, Carlos Solchaga, volvió a ponerse de manifiesto hasta qué punto el PSOE – de la mano de Felipe González – mantenía un alto grado de influencia y de poder en la sombra en América Latina, cinco años después de haber dejado el gobierno. Un editorial de ABC de la época comentaba el asunto lamentándose de que el PP no supiera rentabilizar de la misma forma que el PSOE – para sus grupos económicos afines, se entiende – la acción de Gobierno: “Las relaciones del ex presidente del gobierno [Felipe González] con algunos de los más influyentes personajes de la zona le han permitido erigirse en socio cualificado de un selecto y exclusivo club que controla los hilos del poder y extiende sus recetas económicas. Durante sus años al frente del Ejecutivo, Felipe González se ocupó personalmente de impulsar el desembarco empresarial español al otro lado del Atlántico con una política fuertemente criticada por la oposición que denunció el trato de favor de los gobiernos del PSOE con grupos afines”⁴².

B.1.- La oscura génesis de la potente red de influencias de Felipe González en Latinoamérica.

El 1 de diciembre de 2014 el presidente colombiano Juan Manuel Santos concedió a Felipe González la nacionalidad colombiana. Culminaba así una larguísima relación del ex presidente del gobierno español con un país que, junto con Venezuela, marcó su biografía.

Cuarenta años antes, en 1974, como magistralmente relata Joan Garcés⁴³ se habían acumulado acontecimientos que hacían temer a las élites mundiales que la próxima muerte de Franco desencadenara una situación difícilmente controlable en el Estado español. Las luchas obreras y populares habían alcanzado gran envergadura en un contexto internacional de auge generalizado de la movilización social marcado por la Revolución de los Claveles en Portugal (25 de abril de 1974), la derrota de la monarquía fascista griega – familia directa de la futura reina de España – en Referéndum en diciembre del mismo año y la inminente derrota de EE.UU. en Vietnam. En esa época ya existía constancia documental de la colaboración del PSOE con la Embajada de EE.UU. para – a cambio de apoyos materiales – “combatir al partido comunista”⁴⁴

En este contexto es elegido Felipe González secretario general del PSOE. Es bien conocido y está ampliamente documentado el apoyo recibido por la nueva dirección socialista por parte de la CIA y de la socialdemocracia alemana⁴⁵. Es menos conocida su temprana relación con personajes latinoamericanos de más que dudosa reputación en Colombia y Venezuela.

En 1974 Felipe González conoció al empresario guipuzcoano Enrique Sarasola, radicado en Colombia, y – a través de él – a Belisario Betancourt, recién nombrado embajador de Colombia en Madrid. Ese mismo año Felipe González viajó a Venezuela invitado por el presidente de ese país y miembro de la Internacional Socialista, Carlos Andrés Pérez (CAP) En aquella época del boom del petróleo la nación caribeña era conocida como la “Venezuela Saudita” y Felipe recorría el país en el avión presidencial.

En 1976 y 1977, de la mano de Sarasola y Betancourt el futuro presidente González viajó a Colombia y con ellos conoció a los destacados narcotraficantes Santofimio y Escobar. El primero fue ministro de Justicia en 1974, y condenado por el asesinato en 1989 del candidato presidencial Luis Carlos Galán junto al conocido capo Pablo Escobar.

En 1982 ambos narcotraficantes, acompañados de otros diputados del Partido Conservador colombiano fueron invitados a la fiesta de celebración de la victoria del PSOE en el hotel Palace de Madrid, de cuya presencia hay abundante testimonio documental⁴⁶, incluso se hace referencia a ello en la sentencia de Santofimio por asesinato⁴⁷. Mientras esto sucedía, Escobar instauraba en Colombia la “ley de Plata o Plomo” un régimen de terror, extorsiones y asesinatos, y creaba las llamadas “autodefensas campesinas” destinadas a la guerra entre entre bandas de narcos y a provocar el terror para facilitar el desplazamiento de familias campesinas.

Estas relaciones empezaron a fructificar cuando, en el mismo año 1982 en el que el PSOE gana las elecciones con mayoría absoluta. Betancourt es elegido presidente de Colombia y acusado de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral⁴⁸. Poco después nombró alcalde de Medellín, ciudad controlada por Pablo Escobar, a Álvaro Uribe a quien tuvo que destituir pocos meses después por sus evidentes conexiones con el narcotráfico.

Betancourt lanzó el proyecto del metro de Medellín con un coste de 650 millones de dólares, faraónico para la época. Varios países europeos pusieron en marcha toda su maquinaria de presiones para conseguir la adjudicación. Un testigo afirmó: «más que un concurso para una obra de ingeniería civil, parece una película de gánsters«⁴⁹.

Finalmente las adjudicatarias fueron las empresas patrocinadas por Sarasola: Ateinsa, Siemens, Entrecanales y Construcciones y Contratas. El gerente de Metro Medellín Consorcio Hispano-alemán fue Diego Londoño White, amigo íntimo de Pablo Escobar. El acuerdo final se cerró en 1983, con intermediación de Felipe González ante Betancourt, quien oportunamente viajó a España para recibir el premio Príncipe de Asturias. Sarasola recibió por su intermediación 3.500 millones de pesetas que ocultó a través del despacho panameño Arze & Guardia. Informaciones creíbles acerca del reparto de esa fortuna con Felipe González, y su implicación en los llamados “Papeles de Panamá”, llevaron a Izquierda Unida a solicitar en el Congreso la formación de una Comisión de Investigación que no prosperó⁵⁰.

Buena parte de las conexiones más importantes de Sarasola con el paramilitarismo y el narcotráfico vienen a través de su cuñado Carlos Arturo Marulanda, ex ministro y embajador ante la UE. Fue arrestado en España bajo la acusación de conformación de grupos paramilitares, graves violaciones de los derechos humanos a consecuencia de los cuales cuatrocientas familias campesinas fueron obligadas a huir de su hacienda de Bellacruz mediante el incendio de sus casas, y la tortura y el asesinato de más de treinta personas, en presencia del Ejército. Extraditado a Colombia fue puesto en libertad, a pesar de constituir unos de los mayores escándalos de la época ⁵¹.

Las andanzas posteriores de Sarasola y sus conexiones desbordan los límites de este trabajo. Baste reseñar que, en 1990, el narcotraficante español arrepentido Ricardo Portabales declaró ante el juez Garzón que en el año 1988 hubo una reunión en un hotel de Isla Cristina (Huelva) para vender fusiles AK-47 a los narcotraficantes colombianos. “A la reunión de Isla Cristina asistieron -indicó Portabales- el empresario Sarasola, los narcotraficantes Laureano Oubiña y Paz Carballo y el traficante de armas Monzer Al Kassar”⁵². Recientemente el nombre de su hijo Fernando Sarasola Marulanda aparece vinculado a la trama de blanqueo de capitales del grupo hispano-israelí Gao Ping⁵³

Otro de los contactos latinoamericanos iniciales de Felipe González fue Gustavo Cisneros, también a través de Carlos Andrés Pérez. En 1983, tras la expropiación del holding RUMASA, el Consejo de Ministros aprobó la venta de Galerías Preciados al grupo empresarial “Organización Cisneros” por 1.500 millones de pesetas.Sólo se pagó la mitad. El Estado renunció a cobrar la otra mitad. Además Cisneros recibió de la Administración préstamos para el saneamiento de su nueva propiedad por valor 11.500 millones de pesetas. Cinco años después la empresa fue vendida por 30.600 millones ⁵⁴

Este empresario desarrolló su fortuna bajo el paraguas de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y la familia Bush en EE.UU. Hoy es uno de los hombres más ricos de América Latina, sus negocios incluyen más de 50 firmas e incluyen desde la propiedad del potente complejo mediático Venevisión, a empresas de publicidad, inmobiliarias, turismo, cosméticos..etc.

En repetidas ocasiones se le ha vinculado con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En 1985, el economista norteamiericano Lyndon La Rouche, especializado en la investigación del tráfico de drogas y fundador de la revista Executive Intelligence Review destinada a ese fin intentó la distribución en Venezuela de su libro Narcotráfico S.A. La nueva Guerra del Opio⁵⁵. Uno de sus capítulos está íntegramente dedicado a la familia Cisneros, considerada como figura clave en América Latina para ese tipo de negocios. Los servicios de inteligencia venezolanos requisaron el libro y un tribunal prohibió su venta en el país.

La relación de Felipe González con Cisneros, inciiada tan temprano y de forma tan llamativa, es determinante para valorar las relaciones de los gobiernos españoles con Venezuela.

B.2. Los intereses económicos y políticos eclosionan: la implicación española en el Golpe de Estado contra Chávez de 2002.

Este engranaje político-empresarial mostró su perfil más abiertamente siniestro y criminal con la participación del gobierno del PP, dirigentes del PSOE y multinacionales españolas en el Golpe de Estado contra Chávez en 2002. Se llevó a cabo en estrecha alianza con EE.UU. – y sirviendo de punta de lanza de la UE. Vale la pena recordarlo porque los intereses que mueven el infame andamiaje detrás de la escena son los mismos que actúan ahora en Venezuela y algunos protagonistas también.

El olor a petróleo guió las manos de los directivos del BBVA, del Banco de Santander, de Repsol y del Grupo Prisa, del gobierno de Aznar y de Felipe González, dispuestas a mancharse de la sangre de Chávez y del pueblo venezolano para proteger sus negocios.

El 1 de diciembre de 2004 el Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos compareció a petición propia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para explicar la implicación del gobierno del PP en el golpe contra Chávez de abril de 2002. Abrió su exposición afirmando: “ que hubo un golpe de Estado en Venezuela; que el embajador español recibió instrucciones del Gobierno y, en tercer lugar, que el objetivo de estas instrucciones — mejor dicho, para evitar juicios de intención —, que el efecto de la ejecución de esas instrucciones y de otras actuaciones fue apoyar el golpe”⁵⁶. Y esas consecuencias iban más allá del Estado español ya que España ejercía por entonces la presidencia de turno de la UE.

Según su relato, antes del comienzo de la maniobra de desestabilización, el embajador español en Caracas Viturro de la Torre de reunió a sus colaboradores para marcar la estrategia a seguir durante los decisivos días que se avecinaban: debían insistir por todos los medios en la necesidad de que Chávez convocara un Referéndum para modificar la Constitución y adelantar las elecciones para desalojarle. Exactamente las mismas decisiones políticas que la oposición calificó de golpe de Estado, cuando Maduro las adoptó en 2017.

El Ministro en su comparecencia – cuya atenta lectura recomiendo – reprodujo los telegramas enviados por el embajador Viturro de la Torre⁵⁷. En el correspondiente al mismo día del golpe, 12 de abril, de madrugada, tras la confirmación de que hubo 20 muertos en las cercanías del Palacio Presidencial decía: “Estrategia de oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión Ejército está dando, pues, resultado. Confederación de Trabajadores de Venezuela, patronal, aprovecharon conflictos Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, para conseguir movilización masiva población caraqueña, que por su parte…” – cierro cita – y quiero ahora llamar la atención de Sus Señorías sobre la siguiente frase [palabras de Moratinos], “…puso ayer muertos necesarios para provocar intervención del Ejército, única fuerza de este país, frente a la debilidad de los partidos políticos de la oposición , capaz de poner fin al Gobierno del presidente Chávez”⁵⁸

“Muertos necesarios” que, como el embajador reconoce en un telegrama posterior, cayeron bajo las balas golpistas: “los tres francotiradores detenidos tras los asesinatos del jueves pertenecían a la Policía Metropolitana de Caracas, a la Policía del municipio de Baruta y a la Policía del muncipio de Chacao, curiosamente – advierte el embajador – todos ellos controlados por partidos opositores al Gobierno Chávez”⁵⁹.

El Ministro Moratinos continúa informando en su comparecencia parlamentaria de la visita de Viturro, junto al Embajador de EE.UU. Charles S. Schapiro al golpista Carmona cuando éste ya había emitido el Decreto que disolvía la Asamblea Nacional y de otras instituciones del Estado, así como de la conversación telefónica de éste con el presidente Aznar.

Un importante informe elaborado por Jose Manuel Fernanández⁶⁰ para el Grupo Parlamentario de IU en 2004⁶¹ y que curiosamente esta organización nunca publicó, da cuenta del viaje de Carmona, presidente de Fedecámaras – patronal venezolana – a Madrid en los primeros días de abril de 2002, invitado por la patronal española CEOE, en el que se entrevistó con altos del Gobierno y del CESID. Regresó precipitadamente a Venezuela tras el inicio de la campaña de desestabilización, no sin encargarse antes una banda presidencial en una sastrería madrileña.

El Golpe protagonizado por Carmona, miembro del Opus Dei, al igual que varios de sus “ministros” fue bendecido por el Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Baltazar Porras, quien asistió a su efímera toma de posesión. Este personaje, cómplice de los golpistas, y que ha continuado implicando a la iglesia católica en la justificación de las acciones violentas de la llamada oposición y que declaraba “es realmente grande la ayuda que viene de fuera .. (…) de la iglesia europea y norteamericana”⁶², fue nombrado por el papa Francisco nuevo Cardenal en octubre de 2016. Por otro parte, el cardenal Velázquez fue el segundo firmante – inmediatamente después de Carmona – y “en nombre de la Iglesia” del Decreto que disolvía las instituciones democráticas y nombraba presidente al jefe de los empresarios.

Diversos informes⁶³ se hacen eco de informaciones facilitadas a Chávez por empresarios españoles según las cuales directivos del BBVA, del Banco de Santander y de Repsol constituyeron un fondo de 500.000 dólares para financiar la huelga general y los disturbios callejeros previos al Golpe de Estado de 2002.

B.3.- Cisneros, en el vértice del complot.

También viajó a Madrid unos meses antes, en agosto de 2001, otro personaje clave en el Golpe, Gustavo Cisneros el gran amigo de Felipe González y del PSOE. De este viaje de Cisneros no hay apenas noticias, pero sí una que adquiere todo su sentido tras los acontecimientos de abril de 2002: el gobierno Aznar le concedió la nacionalidad española ocho meses antes.

Según la revista norteamericana Newsweek⁶⁴ en el vértice del complot estuvo el multimillonario magnate de la televisión venezolana, a quien describe como amigo del ex presidente George Bush padre y “rey de un imperio de negocios que se extiende desde EE.UU. hasta el Cono Sur”. Afirma también la citada revista que: “Pedro Carmona fue visto salir de la oficina de Cisneros antes de ir al Palacio de Gobierno para jurar el viernes 12 como presidente provisional”.

El día 13, según relata José Gregorio Vásquez, quien ejerció en ese breve tiempo de secretario privado de Carmona, los dueños de Venevisión Gustavo Cisneros y otros dos miembros de su familia acudieron al palacio de Miraflores junto a otros dueños medios que apoyaron el Golpe. Allí, “Gustavo Cisneros tomó la palabra para pedirle al Presidente que dejara en manos de todos ello la gestión comunicacional del gobierno. Carmona aceptó.”⁶⁵

Aram Ahronian, en ese momento director de Telesur, en un artículo publicado el 21 de abril de 2002 y titulado “Venezuela: un golpe con olor a hamburguesa, jamón y petróleo” refería que “una fuente militar de alto nivel, hablando con la Agencia France-Presse amplió lo que ya había sido publicado en la prensa local, que el empresario Pérez Recao⁶⁶, (encargado de recaudar fondos para el Golpe, cuyo principal financiador fue Cisneros), controlaba un pequeño grupo extremista de derecha que estaba bien armado, incluso con lanzagranadas… bajo el mando de operaciones del Contralmirante Carlos Molina Tamayo, uno de los funcionarios que ya se habían rebelado públicamente contra Chávez en febrero y que había sido puesto a cargo del gabinete militar de Carmona. Según la fuente militar, este grupo estaba conectado a una compañía de seguridad propiedad de ex agentes del Mossad”⁶⁷.

El encargado de leer el Decreto de Carmona⁶⁸, Daniel Romero, era el secretario privado de otro gran amigo de Felipe González, Carlos Andrés Pérez. Romero, por aquel entonces, era empleado de la Organización Cisneros.

B.4.- El control mediático, arma golpista.

“Los medios contra el poder es un tema de discusión muy importante en América latina. Los medios son los que se van a erigir propiamente en oposición política como un partido”. Estas palabras de Ignacio Ramonet definen bien la acción de los medios de comunicación, si le añadimos dos precisiones: una, que no actúan contra el poder en general, sino contra los gobiernos que adoptan políticas anti-imperialistas como Bolivia y Venezuela, y dos, que son propiedad de grandes multinacionales en función de cuyos intereses actúan, que a su vez son respaldados por sus gobiernos.

Es el caso del Grupo PRISA, que además de Rucandio S.A. sociedad de la familia Polanco, cuenta entre sus accionistas a Telefónica, BBVA, Banco de Santander, entre otros, a los que hay que añadir el reciente ingreso como accionista de un fondo de inversión israelí.

En América Latina, también las empresas vinculadas al PSOE/Felipe González le ganaron por la mano al PP. Las relaciones de González con el magnate mexicano de la comunicación Carlos Slim, a través de Telmex, así mismo se iniciaron en los fructíferos viajes del primero por América Latina en la década de los setenta. De su mano el grupo PRISA se convirtió en un gran imperio mediático, desde Argentina a México, con las capacidades de control político conlleva. A ello hay que sumar la gran influencia de su editorial Santillana⁶⁹ empresa que, como hemos visto, y muchas veces mediante importantes sobornos a los correspondientes gobiernos, provee de libros de texto a la mayor parte de los países latinoamericanos.

La crisis pasó una dura factura al Grupo que tuvo que vender en 2017 la editorial Santillana. Antes, en 2007 tuvo que deshacerse de sus acciones en la principal cadena de televisión boliviana (ATB) y de los tres importantes diarios que estaban en su poder La Razón, Extra y El Nuevo Día. Esta circunstancia fue aprovechada por el gobierno boliviano para debilitar tamaño poder mediático.

A pesar de su declive, el Grupo PRISA controla en la actualidad más de mil emisoras en España, EE.UU, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Panamá, Argentina y Chile, con cerca de 30 millones de oyentes. Es el primer grupo mundial de radiodifusión en lengua hispana.

Los más virulentos ataques, junto al total desprecio por el rigor informativo, sigue llenando los espacios “informativos” y de “opinión” de sus medios en el Estado español – El País, la Cadena SER, la Cuatro y TV5 – que compiten con los que controla el PP en intoxicación y manipulación.

En Venezuela, es la asociación entre González y Cisneros la que se manifiesta en las inversiones cruzadas entre el imperio mediático del venezolano y el grupo PRISA. Su buque insignia, Venevisión, ha venido actuando como baluarte de las campañas decididamente golpistas que la oposición acomete. Para expresar la relación íntima entre unos y otros, baste recordar que María Antonieta Mendoza de López, madre de Leopoldo López, acusado de instigar las acciones criminales de la “oposición” venezolana que dejaron un saldo de 47 muertos en 2017, es, desde el año 2000, la vicepresidenta de asuntos corporativos del holding Cisneros⁷⁰.

La virulencia con la que la prensa española tomó partido en el Golpe contra Chávez en 2002 reflejaba su grado de implicación en el mismo. El informe realizado J. M. Fernández, anteriormente citado, hace una síntesis de la posición adoptada por los grandes medios de comunicación españoles, unos controlados por el PP y otros por el PSOE.

Merece la pena destacar la actuación en ese momento de dos periodistas, que además continúan en la primera línea de los furiosos ataques contra la Venezuela Bolivariana.

Uno de ellos es Juan Jesús Aznárez, corresponsal de El País en Caracas, en 2002. Utilizaba argumentos como los siguientes para explicar la situación venezolana: «el deterioro de la situación económica que creció con la aprobación en diciembre pasado de 49 decretos leyes de inspiración castrista. Chávez introdujo varios centenares de asesores cubanos en Venezuela, al tiempo que suministraba a La Habana petróleo gratuito». Azanárez se encontró varios días antes del Golpe con el corresponsal del periódico español El Mundo en el aeropuerto de Caracas y le dijo estas misteriosas palabras que el periodista comprendió después: “Chávez se va a enterar de quién es Jesús Polanco, que siempre logra lo que quiere. Dentro de unos días hablamos”⁷¹. Este periodista, obsesionado con el papel de los servicios secretos cubanos, en Venezuela y en España, ha seguido escribiendo perlas como éstas: “El régimen cubano cuenta, gracias a las simpatías políticas o a la penetración de sus servicios secretos, con una amplia plataforma de vigilancia y apoyo en España”⁷²

Así mismo, merece la pena destacar los casos de Ludmila Vinogradoff y Patricia Poleo. La primera, corresponsal de El País durante el Golpe y a continuación de ABC, trabajaba al mismo tiempo en la Venevisón de Cisneros. Esta corresponsal señalaba el 14 de abril de 2002 «el luto de los caraqueños por los 16 primeros mártires de la democracia, muertos a balazos el pasado jueves por manifestarse en la calle contra el ex presidente Hugo Chávez». La misma Ludmila Vinogradoff, en reportaje emitido en directo el 13 de abril a las 22h por CNN Plus, y contra toda evidencia, insistía en la existencia de un video con la renuncia de Chávez y denuncia haberse encontrado con «turbas armadas chavistas en el centro de la capital». La burda manipulación sigue siendo su método de trabajo. En 2013 publicaba en ABC, como corresponsal en Caracas, una fotografía de una mujer semidesnuda arrastrada por policías, según ella, al servicio del gobierno venezolano. No tardó en comprobarse que la imagen correspondía a policías egipcios⁷³.

También trabajaba para Venevisión Rafael Poleo⁷⁴, director y propietario de El Nuevo País, desde donde se deshace en elogios hacia Felipe González. Recientemente escribía, no un elogio, sino en realidad una descripción: “Felipe González ha demostrado ser el europeo con más interés en América Latina”. Es el padre de Patricia Poleo, quién según la agenda de Carmona, estaba destinada a ser su ministra de comunicación. Padre e hija estuvieron reunidos con Carmona el 13 de abril, junto a la familia Cisneros y los propietarios de otros medios golpistas. Patricia, quien recibió el premio “Rey de España” de periodismo, fue acusada de ser la autora intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson, encargado de la investigación de las tramas del Golpe de 2002. Murió en noviembre de 2004, a los 38 años de edad, al estallar una bomba adosada a su coche. Según investigaciones realizadas, también participaron en el asesinato miembros de las Autodefensas Colombianas y la CIA. El explosivo utilizado era el C4. El mismo explosivo militar, utilizado en los atentados terroristas que asolaron Italia⁷⁵ y en la matanza del 11 de marzo de 2004 en Atocha, Madrid, y que forma parte del arsenal habitual de la OTAN⁷⁶ Patricia Poleo al conocer su imputación huyó a Perú y de allí a Miami, donde reside.

C. Asesinatos, atropellos y paramilitarismo al servicio de las multinacionales españolas.

Ustedes, tan liberales, tan humanos, que llevan al preciosismo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre…

Jean Paul Sartre, prólogo de “Los condenados de la tierra”. Frantz Fanon

El establecimiento de las multinacionales españolas en América Latina no supuso sólo la venta a precio de saldo de las empresas públicas privatizadas, los despidos masivos y la generalización del empleo precario, como había ocurrido pocos años antes en el mismo proceso en España.

Son incontables las denuncias^{77 78}por contaminación de territorios y actividades extractivas en áreas protegidas (REPSOL, ENDESA, ENCE), desplazamiento ilegal y violento de comunidades (Unión FENOSA), lavado de dinero del narcotráfico y congelamiento arbitrario de fondos de organizaciones sociales (BBVA), contaminación por vertido de aguas residuales (Aguas de Barcelona) o muy mala calidad en la distribución de electricidad (Iberdrola, U. FENOSA), entre otras.

También es imposible, no sólo analizar aquí, sino reseñar siquiera, el riquísimo tesoro latinoamericano de heroicas luchas obreras y populares contra el imperialismo y en defensa de su soberanía y sus condiciones de vida⁷⁹.

C.1.- Colombia: beneficios chorreando sangre

Ante la imposibilidad de referenciar en este texto todos y cada una de las denuncias realizadas en los diferentes países latinoamericanos contra las multinacionales españolas por provocación de desastres medioambientales, asesinatos, ataques a los derechos laborales y complicidad con el paramilitarismo voy a utilizar como muestra un país, Colombia, y una breve referencia a las actuaciones allí de REPSOL y Unión FENOSA.

Colombia, nación con enormes riquezas minerales, agrícolas y petrolíferas, es conocido ahora como el “Israel de América Latina”, plagado de Bases de EE.UU. y líder mundial en el asesinato de sindicalistas y defensores de los Derechos Humanos.

Este país heroico y torturado que comenzó el siglo XX con la masacre de más de tres mil cuatrocientos trabajadores en la huelga contra la United Fruit Company^80. Pagó con más de 200.000 muertos las revueltas populares que sucedieron al asesinato en 1948 del líder revolucionario y candidato a la presidencia de la República Jorge Eliecer Gaitán, que a su vez serían el origen de las guerrillas, sobre todo de las FARC-EP, como defensa armada frente a las masacres de las oligarquías.

C.1.a.- REPSOL

Creada en 1987 como empresa, a partir de la fusión y modernización de otras varias firmas del sector de hidrocarburos, inició su privatización dos años después, siguiendo el guión de otras empresas multinacionales españolas. Su venta al capital privado culminó en 1997 y se convirtió en una de las diez mayores petroleras del mundo, curioso récord para una empresa originaria de un país sin petróleo. Los principales artífices de la privatización, altos cargos sobre todo del gobierno PSOE, y también del PNV y PP, pasaron a formar parte del consejo de administración de la empresa privatizada⁸¹.

El presidente en la actualidad es Antonio Brufau y el Consejero Delegado es Josu Jon Imaz – ex Consejero de Industria del gobierno vasco y dirigente del PNV. Imaz es también vicepresidente de Gas Natural FENOSA.

En 1988 REPSOL inició su entrada en Colombia comprando una parte del pozo Caño Limón, en la zona del Arauca, una región en la que las acciones del paramilitarismo se intensificaron espectacularmente por entonces a partir del descubrimiento allí de petróleo y su posterior privatización. Para la puesta en funcionamiento de los pozos se expulsó totalmente a la población originaria, los Guahibos, hoy prácticamente aniquilados, muchos de ellos por el alcohol. El medio utilizado fueron acciones reiteradas de terror por parte de los paramilitares⁸².

Para la explotación de ese pozo, uno de los más importantes de Colombia, REPSOL actúa en asociación con la estadounidense Occidental Petroleum – OXY, empresa estrechamente ligada al Plan Colombia – el mayor despliegue militar de EE.UU. en el país – que además de convertir a Colombia en un país militarmente ocupado, actúa al servicio de la protección de intereses de las grandes multinacionales del petróleo.

El descubrimiento de petróleo por parte de REPSOL en 2002 en la zona de Capachos – región de Los Llanos -, donde conserva la totalidad de la propiedad de los pozos, coincide exactamente con el inicio y consolidación allí de actividades criminales de grupos mercenarios.

Las detenciones arbitrarias, las desapariciones, el asesinato de líderes sindicales y sociales – que tienen el objetivo de sembrar el terror y de aniquilar la resistencia popular – se prolongan y conviven desde hace años con la exhaustiva presencia en la zona del ejército colombiano. Esta situación fue denunciada por el importante frente obrero y popular “Mesa por Arauca” con el objetivo de promover una campaña internacional contra Occidental Petroleum -OXY y contra REPSOL⁸³. La respuesta del estado colombiano ha sido acusar a los dirigentes, que en condiciones tan duras representan organizaciones sindicales y sociales, de ser integrantes de las guerrillas.

En el Informe para el Examen Periódico Universal de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz, titulado “Arauca, ejecuciones extrajudiciales 2002 – 2008”, se registraba un incremento del 68% en este tipo de ejecuciones atribuibles a la Fuerza Pública. Exactamente 1.122 personas eliminadas por funcionarios del Estado en ese periodo que coincidía con la implementación por el gobierno de la política de “Seguridad Democrática”⁸⁴.

Un informe de Amnistía Internacional sobre la zona de Arauca⁸⁵ denunciaba la financiación y entrenamiento por parte que petroleras de EE.UU. y España de unidades militares de las Fuerzas Armadas colombianas, especialmente la Brigada XVIII con grandes conexiones con los paramilitares. Así mismo la entidad denunciante se hacía eco de que esa Brigada actuaba como soporte de la Fiscalía General, acusada a su vez de promover detenciones masivas.

Según el sindicato USO (Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo), “la acción militar con la complicidad del Estado, ha provocado la muerte por asesinato de más de 90 trabajadores del sector, otros muchos heridos en atentados, varios desaparecidos y secuestrados y más de 400 sindicalistas que tuvieron que desarraigarse por amenazas de muerte”⁸⁶.

Recientemente REPSOL ha descubierto nuevos pozos de petróleo en aguas del mar Caribe y se plantea aumentar sus inversiones en Colombia.

C.1.b.-Unión FENOSA

Unión FENOSA, ahora transformada en Gas Natural FENOSA. inició en la década de los 90 la compra de las empresas distribuidoras de electricidad de Panamá, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Nicaragua.

En el año 2000, mediante Decreto del presidente Samper, se hace con las empresas públicas privatizadas, Electrocosta, Electricaribe y Energía del Pacífico, controlando todo el proceso, desde la generación, hasta la distribución de electricidad. La lucha sindical contra la privatización y en defensa de los derechos laborales está regada con sangre obrera. Entre 1998 y 2008 fueron asesinados por grupos paramilitares Jorge Ortega García vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores⁸⁷ y 27 dirigentes más del Sindicato Sintraelecol. Un sindicalista informó de la existencia de un documento interno de Unión FENOSA que trataba de terroristas a los representantes sindicales e instaba a su “neutralización”. Los nombres de los asesinados integraban listas que fueron descubiertas en ordenadores de los capos paramilitares y que, como ha sido probado, actúan apoyados por el Departamento de Seguridad (DAS). En 2001 fue condenado a 25 años de cárcel el ex director del DAS Jorge Noguera tras haberse demostrado infiltración del paramilitarismo en esa institución y su comprobada actividad de seguimiento de sindicalistas posteriormente asesinados⁸⁸. Tras el asesinato en 2005 de Adán Pacheco, presidente del Sindicato de Electrocaribe, falsamente acusado de pertenecer a las FARC-EP, el autor material del crimen envió este correo al capo identificado como ”Jorge 40”: Fue dado de baja Adán Alberto Pacheco Rodriguez, alias “Claudio”. Su tiempo de delinquir en estas organizaciones era aproximadamente de 16 años. (…) sociólogo de la Universidad Simón Bolívar (…) Laboraba en Electrocaribe y era presidente del Sindicato ⁸⁹

El Tribunal Permanente de los Pueblos acreditó en sesión celebrada en Viena en 2006 “que existen vínculos entre la actual Gas Natural FENOSA y los grupos paramilitares que no sólo amenazaron, agredieron y asesinaron a sindicalistas, sino que también sembraron el miedo entre los barrios populares de Barranquilla para que los vecinos no se metan en problemas”⁹⁰.

En 2005, época en la que ACS – una de las mayores constructoras españolas presidida por Florentino Perez, a su vez presidente del Real Madrid – detentaba más del 30% de las acciones de Unión FENOSA cayeron asesinados por paramilitares otros dos dirigentes sindicales del Sindicato Sintralecol. Formaban parte de una lista de sindicalistas, líderes comunales y profesores acusador de pertenecer al Partido Comunista⁹¹. Este informe del Sindicato Sintraelecol es imprescindible para apreciar el grado de terror organizador por las multinacionales con el paramilitarismo con la colaboración del Estado.

Sobre todos estos asesinatos sólo se han producido tres sentencias condenatorias, lo que supone un grado de impunidad de casi el 90%.

En 2007 se hizo pública una carta al Fiscal General de la Nación enviada por un hombre “desmovilizado” del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que originó una denuncia por parte del Sindicato Sintraelecol⁹². En ella se vertía tan abundante información sobre el nexo entre Unión FENOSA y los paramilitares al mando de “Jorge 40” que el Fiscal dijo públicamente: “estas empresas no pagan por seguridad, pagan por sangre”. En la misiva se relataba

el pago por parte de la empresa española a las AUC de “sumas millonarias”, desde 2001, para “ejecutar una campaña de exterminio de líderes sindicales y sociales que se opusieran a los planes de la multinacional presidida por Isidro Fainé y además para proteger sus instalaciones a lo largo de la Costa Atlántica y garantizar los desplazamientos de sus directivos por toda la Región del Caribe”. Un año después una senadora denunciaba la pasividad e inoperancia del Fiscal respecto a estos casos y otros muchos denunciados en la zona.

No es extraño. En el Informe de una misión de trabajo del Área Investigativa de Delitos contra la Vida de la Dirección Central de la Policía Judicial, de 2004⁹³, se concluye que los responsables de los asesinatos son miembros de las AUC, dirigidos por un individuo alias “Jorge 40” y que “la mayoría de sus integrantes pertenecen a las fuerzas militares, a la policía, al DAS y al CTI (Centro Técnico de Investigación de la Fiscalía General). También consta el apoyo de policías, fiscales, comerciantes, ganaderos, industriales, empresas de juegos de azar y gente del común”

El resultado es la impunidad de los asesinos y de los empresarios criminales que compran sus servicios.

La situación de Unión FENOSA en Colombia es en la actualidad cada vez más tensa.Los costes de la electricidad para las familias son tan desmesurados que los sectores más pobres deben destinar al pago de la luz el 52% de sus ingresos. El Estado subvenciona y paga directamente a la multinacional española buena parte del gasto y las inversiones en infraestructuras.

Las denuncias por apagones frecuentes y masivos como resultado del penoso estado de las redes y por la carestía se multiplican, así como por vertidos de lodos que han arruinado comunidades enteras. En la zona caribeña de Colombia, desde su privatización se han denunciado 15.072 casos de muerte por electrocución y arrecia la persecución de sindicalistas y de los líderes de los movimientos sociales opositores.

Felipe González ha sido desde 2010 hasta 2016 Consejero de Gas Natural FENOSA “trabajo” por el que se ha embolsado cerca de 600.000 euros. En el Foro Invertir En Colombia organizado por el Grupo PRISA y en el que estaban presentes Telefónica, Ferrovial, BBVA, ENDESA y en el que el ex-presidente representaba a Gas Natural FENOSA, manifestó: “lo que es bueno para las multinacionales españolas es bueno para la población colombiana”.⁹⁴ No es extraño que Virginia Vallejo la mujer del narco Pablo Escobar – quien le entrevistó en 1981 y acreditó la presencia del narcotraficante en la fiesta de celebración de la victoria electoral del PSOE – en 1982 dijera en su libro sobre Escobar: “yo creo en el socialismo, en un socialismo a la manera de Felipe González”⁹⁵.

C.2.- El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC – EP

En septiembre de 2016 se firmó el llamado Acuerdo de La Habana entre las FARC – EP y el Gobierno colombiano, después de 52 años de guerra. Al acto asistieron diez jefes de Estado, el secretario de Estado de EE.UU., el rey emérito de España y Felipe González.

La cifra de dirigentes y familiares de las FARC asesinados desde el Acuerdo de Paz hasta febrero de 2018 es de 44. En este mismo periodo han sido asesinados 137 líderes de movimientos sociales, uno cada tres días, más de 200 amenazas de muerte y 50 atentados. El balance espeluznante es que mientras, obviamente, disminuyen las muertes en acciones de guerra, la cifra de asesinatos selectivos de líderes sociales casi se ha duplicado con respecto a años anteriores al Acuerdo⁹⁶.

Se ha denunciado que una organización criminal ofrece hasta un millón de dólares por cada uno de los nueve miembros del Secretariado de las FARC asesinado⁹⁷.

La Fundación Paz y Reconciliación estima que 74 municipios de la zona anteriormente controlada por las FARC han sido ocupados por Grupo Armados Organizados (GAO), la nueva etiqueta que usa el gobierno para denominar a las antiguas bandas criminales que nacieron a partir de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares⁹⁸.

La seguridad de los combatientes y de la dirigencia de los movimientos sociales fue uno de los puntos cruciales del Acuerdo. El Gobierno se comprometía en el punto tres a “garantizar las medidas necesarias contra las organizaciones criminales”. La respuesta del gobierno de Santos, ante la matanza actual ha sido que “se trata de hechos aislados”.

En la memoria de las luchas obreras y populares está grabada a fuego la terrible experiencia vivida por la Unión Patriótica (organización política auspiciada por las FARC-EP y el Partido Comunista) en el marco de unos acuerdos de paz semejantes a mediados de la década de los 80. Fueron asesinados dos candidatos a la Presidencia del Gobierno, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once concejales y entorno a 5.000 militantes. El exterminio que fue calificado de crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación. Del mismo, una vez más, fueron acusados paramilitares, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (ejército, policía secreta, servicios de inteligencia y policía regular) y narcotraficantes⁹⁹.

Las recientes declaraciones de Gustavo Cisneros a la agencia EFE con ocasión de ser nombrado “Doctor Honoris Causa” en Humanidades por la Universidad de Miami – acto representativo de la filosofía de dicha universidad – acerca de la “solución” de los problemas de Venezuela son inquietantes. Dijo: “la solución a la crisis venezolana hay que encontrarla en un “baile” a tres, con Cuba y Colombia también el la pista como bailarines y con música de Estados Unidos”¹⁰⁰.

Aludía sin duda al recientes Acuerdos de Paz que, al margen de otras consideraciones para el propio pueblo colombiano, aumentan considerablemente la vulnerabilidad de Venezuela a los ataques del imperialismo desde la enorme frontera venezolano-colombiana anteriormente ocupada por las FARC-EP.

D. CONCLUSIONES

1.- La formación reciente de capital en el Estado español tiene sus orígenes en el proceso de expropiación masiva de quienes defendieron la República, a beneficio del bando fascista. El exterminio después de acabada la guerra, pueblo a pueblo, la cárcel o el exilio de quienes la Dictadura consideraba “rojos”, se acompañó del robo generalizado de sus bienes. A este expolio contribuyó de forma destacada la Iglesia Católica, que aprovechó la victoria de sus aliados franquistas para inscribir a su nombre multitud de edificios y propiedades del pueblo.

2.-El siguiente periodo de gran acumulación de capital es el que se produjo como consecuencia de las privatizaciones masivas en los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP , partidos ambos artífices destacados de esa segunda gran derrota de la clase obrera y de los pueblos del Estado español que se gestó en la Transición.

3.- La creación de las multinacionales españolas no tuvo nada que ver con la mano invisible del mercado. Fue un proceso planificado y dirigido desde los gobiernos que en poco más de una década implementaron un mismo programa en empresas públicas estratégicas: banca, electricidad, hidrocarburos, comunicaciones, telefonía, agua, etc. Este programa incluía: grandes inversiones públicas en la modernización de equipos e infraestructuras, concentración de empresas, reformas laborales para abaratar los despidos e introducir de forma masiva la precariedad en el empleo, para inmediatamente después poner el negocio limpio a disposición del capital..

5.- Las ventas de empresas públicas, incentivadas por las sucesivas Directivas de la CEE, primero, y la UE después, se hicieron a precio de saldo, sobre empresas productoras de bienes de primera necesidad, en régimen de monopolio, y a una clientela cautiva. No es difícil imaginar que el negocio estaba asegurado.

4.- De forma generalizada se practicó una política de “puertas giratorias” de forma que quienes dirigieron desde altos cargos de la administración las privatizaciones pasaban a sentarse en sus consejos de administración. Encabezados por los ex-presidentes González y Aznar, se creó así toda una camada de nuevos ricos, de políticos transformados en magnates de las finanzas y de la gran empresa.

6.- Inmediatamente tuvo lugar el indispensable y fundamental siguiente paso: las inversiones masivas en la compra de empresas públicas en América Latina, promovida aquí por el Consenso de Washington. Ese “Consenso” se estrenó a sangre y fuego mediante las brutales dictaduras del Cono Sur de las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado que removieron gobiernos poco dóciles a sus dictados y asesinaron a decenas de miles de dirigentes de la izquierda que hubieran podido organizar la resistencia a sus políticas.

7.- La introducción de las nuevas multinacionales españolas en América Latina se promovió desde la Casa Real y los sucesivos gobiernos españoles a través de la espesa red político-empresarial creada y facilitada por la correspondiente masiva corrupción de gobiernos americanos. La interpenetración de capital en estas multinacionales (BBVA, Banco de Santander, Repsol, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Unión FENOSA, Telefónica, Aguas de Barcelona, etc) favoreció enormemente las políticas de lobby que se complementaron con el grupo PRISA – en quien también invertían las empresas anteriores – como gran emporio mediático-cultural, encargado de la impregnación ideológica y del debilitación de las resistencias a los nuevos “virreyes hispanos”.

8.- Este gigantesco proceso de inversión y acumulación de capital español en América Latina se inició y consolidó con los gobiernos del PSOE. Los del PP no hicieron más que transitar y ampliar el sendero ya abierto. Estos caminos se iniciaron a través de las estrechas relaciones establecidas por Felipe González en la década de setenta con líderes políticos y empresariales, principalmente de Venezuela y Colombia, estrechamente ligados con el narcotráfico y con el paramilitarismo.

9.- La actividad empresarial española en América Latina se ha mantenido asociada a la misma senda que ha caracterizado al imperialismo de EE.UU.: corrupción de gobiernos para obtener el apoyo político a los negocios, persecución sindical y de los movimientos sociales opuestos a sus prácticas a través de grupos paramilitares estrechamente ligados al narcotráfico. Estos integrados a su vez, por miembros del ejército y la policía y amparados por gobiernos, fiscalías y demás aparatos del Estado.

10.- Este entramado político-empresarial vinculado al crimen organizado se puso en evidencia con la decidida participación del gobierno español del PP – en estrecha alianza con EE.UU. – en el Golpe de Estado de 2002 contra Chávez. A ese apoyo a su derrocamiento se sumó toda la prensa, tanto la “pública” controlada por el PP, como los grandes medios empresariales, sobre todo El País; medios que son propiedad de los mismos grupos empresariales con poderosos intereses en América Latina para quienes era y es un objetivo primordial yugular políticas de soberanía nacional como las de Venezuela). También el terror se manifestó a través de grupos paramilitares como las Autodefensas Unificadas de Colombia, tanto durante el Golpe, como en el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Finalmente hay que destacar el papel protagonista, apenas oculto tras el telón, del telón – del íntimo amigo de Felipe González, el magnate Gustavo Cisneros.

11. Los acuerdos de Paz de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC – EP, acompañados en su firma por personajes como Felipe González y el rey Juan Carlos, además de estar dejando tras de sí un incremento en los asesinatos de dirigentes del movimiento obrero y popular – perpetrados por encargo, también, de multinacionales españolas -, contribuyen objetivamente a debilitar la posición de la Revolución Bolivariana y a incrementar su exposición a ataques directos o encubiertos desde la “Israel latinoamericana”.

12.- La solidaridad internacionalista entre la clase obrera y los pueblos del Estado español y los pueblos latinoamericanos está tejida con terribles y hermosas experiencias de lucha compartida contra unas clases dominantes que con frecuencia han actuado, y actúan, con los mismos nombres a ambos lados del océano. Apellidos ensangrentados de nuevos/viejos ricos que desarrollan allí la represión salvaje que aquí, por ahora, no se permiten. En épocas recientes la fraterna experiencia de combatir unidos contra el fascismo a través de las Brigadas Internacionales en suelo hispano y los exilios en ambas direcciones han fortalecido aún más la hermandad entre la clase obrera de allí y de aquí y entre nuestros pueblos. El internacionalismo, en momentos como los actuales en los que el imperialismo euro-estadounidense, como fiera herida, ataca con toda su brutalidad, tiene ante si la enorme tarea de fortalecer la solidaridad de clase y la más firme lucha anti-imperialista contra el enemigo común.

Abril de 2018

* Ángeles Maestro es militante de Red Roja y miembro fundador del Frente Anti-imperialista Internacionalista.