Joe Biden: los cien días que engañaron al mundo
Buena parte de los grandes medios se han deshecho en elogios sobre los primeros 100 días de la administración Biden, no sólo por el acelerón que ha dado a la campaña de vacunación contra el coronavirus, en un país con uno de los índices de contagios y muertes más elevados; sino sobre todo por sus anunciados “planes de estímulo y reconstrucción”, que, según El País, no tienen precedentes desde el New Deal de F. D. Roosevelt (1933-1945).
Se trata de unos planes cuyos objetivos, tal como lo expresa el citado medio, “van más allá”: reforma fiscal, plan de rescate de la pandemia, acabar con la pobreza infantil, un “colosal” plan de infraestructuras para generar millones de empleos y lucha contra el calentamiento global. En definitiva: “Un profundo cambio de rumbo en Estados Unidos”, que, según La Vanguardia “supera las expectativas”.
Es normal que desde estas empresas mediáticas, algunas con participación de bancos estadounidenses, así como desde ciertas tertulias radiofónicas y televisivas del Estado Español, se nos haga creer que con Biden estamos ante un amoroso y bonancible progresista que ha dado un giro de 180 grados a la política del odioso Donald Trump.
Lo que no debería ser tan normal es que la Ministra de Trabajo del gobierno de España, Yolanda Díaz, procedente de lo que fue Izquierda Unida, opine que:
“Los vientos de cambio que llegan desde Estados Unidos están en consonancia con un nuevo paradigma que llevamos tiempo defendiendo: impulsar, sin complejos, un programa social ambicioso”.
En fin, esto es lo que ocurre cuando ser o haber sido pretendidamente “comunista” es algo “muy complejo”, como dijo la ministra en una entrevista televisiva. Tan complejo es, que no solamente escamotea que ella y sus colegas de gobierno han roto promesas electorales que podrían haber facilitado un “ambicioso programa social” en su país (derogación de la reforma laboral, subida del salario mínimo…); sino que también demuestra una pasmosa ignorancia -real o fingida- de lo que ocurre realmente en Estados Unidos y los intereses que representa Joe Biden.
Lo que los medios citados se han dejado intencionadamente en el tintero y lo que la ministra de trabajo parece ignorar son las promesas electorales que ya durante estos 100 días de mandato la administración Biden ha tirado a la papelera -como ha hecho asimismo el gobierno “más progresista de la historia de España”. Pero vayamos por partes.
La política interior tildada de «social»
Una de las principales demandas de la hambrienta clase trabajadora estadounidense, que es la subida del salario mínimo a $15 la hora, promesa que el tandem Biden-Harris hizo en campaña, ha sido de las primeras en caerse del cartel. Por otro lado, los cheques de $2.000 prometidos a las familias más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia se han quedado en $1.400 y se dan solo por una vez, al igual que los créditos a la infancia (child credits).
Esa cantidad de 1.400 dólares podrá contribuir a pagar facturas pendientes o mejorar la deficiente alimentación que afecta a multitud de personas; porque, en el país más rico del mundo y meca del capitalismo, hay 42 millones que sobreviven gracias a los food stamps (sellos de alimentos), que no cubren las necesidades nutricionales y, según la ONG Feeding America, los reciben menos de la mitad de los estadounidenses que los necesitan. Esto por no hablar de los millones que viven en la calle, en colonias de tiendas de campaña o en sus vehículos.
En una potencia mundial donde la sanidad es un negocio, no un derecho, y en un contexto de emergencia provocado por el Covid-19, tampoco parece que el Plan de Rescate pueda llegar a cubrir a todos los estadounidenses excluidos de la atención sanitaria.
Los trabajadores están invitados a elegir entre el seguro derivado del empleo -cuando lo hay-, el llamado Public Option y el plan sanitario de Obama (Affordable Care Act -ACA), que se va a extender y facilitar a más personas ($200 billones americanos están destinados a ello), pero solamente por dos años. Las compañías de seguros, sin embargo, saldrán beneficiadas sea cual sea la opción.
Por otro lado, la promesa relativa a rebajar el abusivo precio de las medicinas -de dos a cuatro veces superior que en México, por ejemplo- ha quedado descartada. Claro que no sorprende si tenemos en cuenta que las grandes empresas farmacéuticas (Big Pharma) inundaron de millones al Partido Demócrata durante la última campaña electoral de 2020.
Es decir, salvo la propia vacunación, que es gratuita, la clase trabajadora estadounidense acogida a cualquiera de los diversos tipos de seguro médico seguirá contrayendo, si cae enferma, la consabida deuda sanitaria. Y otra gigantesca deuda, la derivada de los créditos para estudios superiores (Students’ loan debt), cuya condonación es desde hace tiempo un clamor popular, tampoco está en la agenda a pesar de haber sido tema debatido durante la campaña electoral.
En un país donde los derechos sociales son inexistentes, limosnas como el cheque único de 1.400 dólares, el alargamiento por unos meses de prestación a quienes perdieron el empleo durante la pandemia, o la posibilidad de acogerse a un seguro médico durante dos años, se han vendido como un gran logro en política social, equiparable nada menos que al New Deal de Roosevelt.
El «colosal» plan de infraestructuras
El gran plan de infraestructuras (puentes, carreteras, canalizaciones…), que en EE.UU son ruinosas por falta de mantenimiento, contempla, entre otras medidas, llevar agua corriente y limpia a todos los hogares.
En efecto, no hablamos de un país paupérrimo, sino de una gran potencia que gasta más de un tercio de su presupuesto en el complejo militar-industrial, mientras mantiene obsoletos sistemas de tuberías de plomo que generan residuos peligrosos para la salud.
Más de dos millones de hogares no tienen agua corriente y muchas más carecen de canalización de aguas residuales. El 17% de la población se queja de la insalubridad del agua. El caso más conocido, aunque no el único, es el de Flint (Michigan), donde sus habitantes llevan desde 2014 sin poder usar el agua envenenada que mana de sus grifos.
¿Reducción del Estado policial y carcelario?
Respecto a los asesinatos policiales, la brutal represión de la protesta social y el encarcelamiento masivo, no aparecen cambios sustanciales en el horizonte. No sorprende cuando la vicepresidencia la ocupa una señora apodada Top Cop (Jefa de la Policía).
Los cambios que ya ha habido en estos 100 días no mejoran la situación de las cárceles. Biden ha prometido cerrar las privadas. Veremos si lo cumple, pues se trata de un sustancioso negocio con poderosos grupos de presión. Lo que sí intenta su administración es el incremento de la pena de prisión mínima para los delitos asociados a las drogas, lo que augura mayor número de trabajadores pobres de todos los colores enjaulados.
El Tribunal Supremo, por otro lado, ha ratificado la cadena perpetua para los menores de edad que cometan determinados delitos, sin posibilidad de libertad condicional. Y el régimen de aislamiento se les sigue aplicando a pesar de que es considerada tortura por los organismos internacionales.
A la comisión de la Casa Blanca que iba a supervisar a los cuerpos de policía se la ha metido en el congelador. Y Black Lives Matter ya ha expresado en Twitter que Biden “está enviando más equipamientos militares a nuestros vecindarios que Trump. Nuestras comunidades están siendo aterrorizadas en mayor grado que bajo Trump”.
La política migratoria: los otros enjaulados
En lo que no tiran cohetes los apologetas del régimen de Biden es respecto al tema migratorio, que califican de “desafío”. Biden ha abierto un segundo campo de refugiados en Texas para encerrar a 500 niños inmigrantes, tras reabrir otro establecido por Trump.
Biden ha seguido construyendo el muro fronterizo con México, para lo cual se han confiscado propiedades y casas; aunque parece que una decisión de última hora pretende abandonar el proyecto por motivos de impacto medioambiental. En cualquier caso, Biden va a aceptar menos refugiados que cualquier otro presidente. Y la prometida regularización de los llamados “dreamers” (hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU) todavía está por ver.
Cambio climático: ganan las petroleras
Respecto a la política contra el cambio climático y protección ambiental, esta no excede ninguna expectativa salvo la de las compañías petroleras. Durante los primeros días de mandato Biden ya dio varios permisos para operaciones de fracking en varias partes del país; se ha negado a cerrar el oleoducto de Dakota, que ha llevado a un violento aunque silenciado conflicto con las naciones indias porque invade sus tierras y contamina su agua.
Además, la administración Biden aún no ha tomado ninguna medida para reparar el daño ecológico causado por la rotura del oleoducto de Carolina del Norte, que ha vertido más de un millón de galones de gasolina en una reserva natural.
Y en cuanto al compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hay que recordar que EE.UU es el mayor productor de plástico del mundo y lo exporta a países pobres en contravención del Convenio de Basilea.
¿Cambio de «paradigma» en política exterior?
Ya si hablamos de política exterior, Biden ha incrementado en $20.000 millones el presupuesto militar, excediendo el gasto aprobado anteriormente por Trump; prosigue la ofensiva contra China y Rusia, las sanciones económicas contra Venezuela, Nicaragua, Irán, Siria cuyo petróleo roba y cuyas riquezas patrimoniales saquea.
Biden no tiene intención de levantar el bloqueo a Cuba ni dejar de apoyar al régimen criminal de Israel.
Y esa vuelta a la “multilateralidad” que pregonan los medios corporativos consiste en haber retornado al Acuerdo de París contra el cambio climático, del que Trump se salió, y en la voluntad de retomar el Acuerdo Antinuclear con Irán, pero con la irónica condición de que sea Irán quien lo solicite, cuando fue EE.UU quien lo rompió unilateralmente en primer lugar.
Biden retirará las tropas de Afganistán el 11 de septiembre, será otro paso efectista que, sin embargo, no garantiza que sus contratistas militares y civiles así como espías no permanezcan el país asiático.
Presidente de una potencia cuya hegemonía está en decadencia, el nuevo inquilino de la Casa Blanca no solo no va a abandonar la política de agresión, injerencia y guerra híbrida fuera de sus fronteras, sino que probablemente la incrementará. No debemos olvidar que una de las primeras acciones que Biden tomó fue bombardear Siria el pasado mes de febrero.
La señora ministra de trabajo del gobierno de España, aunque solo hubiese sido por respeto a las víctimas que se cobró ese ataque «de represalia», debería haber permanecido callada. Porque, si no está afectada por alguna deficiencia mental, sabrá de sobra que el que ella llama “nuevo paradigma”, consistente en la ausencia de derechos sociales y laborales y de libertades democráticas, es el que el capital global, cuyos intereses están bien representados en la Casa Blanca, intenta imponer en Europa y resto del mundo.
(Publicado en Canarias Semanal, el 2 de mayo de 2021)
