LAS ESTRATEGIAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP HASTA EL 2020: ALGUNAS ANTICIPACIONES

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LAS ESTRATEGIAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP HASTA EL 2020: ALGUNAS ANTICIPACIONES.ⁱ

Luis Suárez Salazarⁱⁱ

Introducción

Este escrito tiene como propósito actualizar y en algunos casos ampliar las anticipaciones que publiqué inmediatamente después de la VIII Cumbre de las Américas (efectuada en Lima, Perú, a mediados de abril de 2018) sobre las políticas hacia América Latina y el Caribe que emprendería la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y de seguridad imperial de los Estados Unidos, así como sus aparatos económico-financieros e ideológico-culturales durante los casi tres años que entonces le quedaban al primer (y, tal vez, único) “gobierno temporal” de Donald Trump (Suárez, 2018).ⁱⁱⁱ

En esa publicación, luego de sintetizar las que subtitulé “acciones más relevantes” de esa administración “contra Nuestra América” y de explayar las principales definiciones de sus políticas hacia el hemisferio occidental hasta entonces divulgadas por sus más altos funcionarios (entre ellos, el vicepresidente Mike Pence; quien, en razón de sus constantes visitas a varios países de América Latina, parece ser el encargado de coordinar las estrategias hacia esa región del continente americano), indiqué, a modo de conclusión, que en el lapso indicado en el párrafo anterior la maquinaria burocrático-militar y los poderes fácticos estadounidenses desplegarán un conjunto de estrategias mucho más coherentes que la que a veces se le atribuye para tratar de acrecentar las indudables ventajas con que cuentan en el hemisferio occidental con vistas a intentar recuperar sus otrora privilegiadas posiciones, tanto en la economía capitalista mundo, como en el sistema internacional de Estados.

En especial, frente a los desafíos que en ambos “tableros” les ha venido planteado a los grupos transnacionales de la oligarquía financiera estadounidense, así como a los sectores de sus clases dominantes que tienen ligada su suerte al mercado interno, la creciente proyección externa de los avances obtenidos por la economía estatal, mixta y privada que funciona en la República Popular China bajo el liderazgo del Partido Comunista y del gobierno de ese país. Igualmente, la demostrada recuperación del poderío económico-energético y tecnológico de la Federación Rusa y su exitoso despliegue político-militar en y allende sus áreas de influencias más inmediatas.

Y agregué: “Si mis anteriores criterios fueran acertados, el escenario más probable de las políticas contra la naciones, los pueblos y algunos gobiernos de América Latina y el Caribe que en los próximos […] años emprenderá la actual administración republicana se caracterizará por sus refortalecidos y remilitarizados intentos dirigidos a preservar, ampliar y/o profundizar, según el caso, los éxitos que obtuvo en diferentes estados del sur político del continente americano [Argentina, Brasil, Honduras, Paraguay, …] la que en otros escritos he llamado ‘contraofensiva plutocrático-imperialista emprendida por las dos administración de Barack Obama’.” (Suárez, 2018: 118).

Una mirada a los próximos 21 meses

Todas las informaciones que he recibido desde entonces hasta la fecha de terminación de este escrito confirman esos criterios. Por ello, me atrevo a afirmar que, sobre la base de los reverdecidos enunciados de la Doctrina Monroe, en conjunción con el “anticomunismo” desplegados durante la Guerra Fría (1948-1989), en los próximos 21 meses el actual gobierno de los Estados Unidos continuará emprendiendo diversas estratagemas político-diplomáticas, económico-financieras, político-militares y en el campo de la seguridad dirigidas a tratar de contrarrestar las que la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (difundida a fines del 2017) calificó como “malignas influencia de fuerzas no hemisféricas”; en especial las provenientes de la República Islámica de Irán, de la República Popular China y de la Federación Rusa. Estas dos últimas definidas como “potencias revisionistas” que “usan la tecnología, la propaganda y la coerción para conformar un mundo antitético con nuestros intereses y valores” (ESN, 2017).

Con otras palabras, tomadas de la Estrategia Nacional de Defensa de los Estados Unidos (también difundida a fines de 2017), los desafíos que real o presuntamente les plantean a “la seguridad nacional” de los Estados Unidos las diversas acciones que han venido desplegando en América Latina y el Caribe los gobiernos de las dos “potencias competidoras globales” arriba mencionadas fueron remarcados a fines de septiembre del 2018 por el actual jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM), vicealmirante Craig S. Faller, estrechamente vinculado al ahora ex Secretario de Defensa, general retirado James Mattis. En las respuestas a las preguntas que les formularon diversos integrantes del Comité de Servicios Armados un mes antes de que su nombramiento fuera aprobado por el pleno del Senado estadounidense, entre otras ideas al respecto que no tengo espacio para detallar, Faller indicó:

China está expandiendo agresivamente su influencia económica, política y diplomática a través de la región. Busca ampliar su Iniciativa de la Franja y la Ruta [de la Seda] hacia América Latina y el Caribe, y en el último año ha obtenido éxitos diplomáticos gracias a su reconocimiento por parte de algunos de nuestros socios claves (Panamá, República Dominicana, El Salvador). Como en otros escenarios, Rusia emplea el conjunto de sus herramientas diplomáticas, de inteligencia y de información para tratar de influir en las actitudes del público y en los tomadores de decisiones de la región. Ha hecho incursiones significativas en el dominio de la información regional, inundando Internet, redes sociales y canales de televisión con propaganda original o reproducida para sembrar dudas sobre las intenciones de los Estados Unidos. China y Rusia han proporcionado ayudas financieras vitales al gobierno de Venezuela y tienen relaciones con otros regímenes autoritarios (Cuba, Nicaragua). Ambas les ofrecen [a esos tres gobiernos] préstamos y entrenamiento militar, así como acuerdos de financiación poco transparentes (Faller, 2018, traducción al español por el autor de este escrito).

El cambio de régimen en “la troika de la tiranía”

Esto último y las más recientes declaraciones en diferentes tribunas nacionales o internacionales de Donald Trump, de su vicepresidente, Mike Pence, y de su secretario de Estado, Mike Pompeo, me colocan en otros de los principales objetivos de las diversas estrategias hacia América Latina y el Caribe que en los próximos meses desplegará la actual administración republicana: impulsar con mayores o menores éxitos, según el caso, el “cambio de régimen” en los países de esa región que conforman el que en las entrevistas que concedió y en el discurso que pronunció en Miami el 1º de noviembre de 2018 el recalcitrante Asesor para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, indistintamente denominó “triángulo del terror” o “la troika de la tiranía” conformada, a su decir, por los actuales gobiernos de Cuba, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela (El Nuevo Herald, 2018).

En lo que atañe al primero de esos países la actual administración estadounidense continuará fortaleciendo el bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano. También continuará amplificando su propaganda agresiva contra el gobierno de ese país presidido desde abril del 2018 por Miguel Díaz-Canel, apoyando financieramente a los llamados “grupos disidentes” y entorpeciendo el cabal cumplimiento de la mayor parte de los 22 acuerdos o instrumentos bilaterales que se suscribieron entre los gobiernos de ambos países durante los dos últimos años de la administración de Barack Obama.

Con tales fines, al igual que con el propósito de seguir deteriorando sus relaciones diplomáticas con Cuba, las actuales autoridades oficiales estadounidenses enarbolarán diversos pretextos. Entre ellos, los presuntos “ataques sónicos” que hace más de un año se produjeron contra diversos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la supuesta violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano; y la presunta responsabilidad que tienen “el gobierno, los órganos de la inteligencia y las fuerzas armadas cubanas” en la prolongación de la que diversos altos funcionarios de la actual administración (incluido el vicepresidente Mike Pence) sistemáticamente han venido denominando “ilegitima, corrupta y criminal dictadura venezolana” (Pence, 2018; Pompeo, 2019).

Con el cinismo que lo caracteriza, así lo indicó su actual secretario de Estado, Mike Pompeo, en el discurso que pronunció el 26 de enero del 2019 en el Consejo de Seguridad de la ONU impulsada por el Departamento de Estado: “Los miembros de este consejo frecuentemente utilizan sus micrófonos para condenar la interferencia extranjera en [sus] asuntos internos. Seamos sumamente claros: la potencia extranjera que actualmente está interviniendo en Venezuela es Cuba. Cuba ha empeorado directamente la situación y Estados Unidos y sus aliados son los verdaderos amigos del pueblo venezolano” (Pompeo, 2019).

Respecto a este último país y en correspondencia con el llamado “Plan Maestro para derrocar a la dictadura venezolana” elaborado a comienzos del 2018 por el SOUTHCOM (SOUTHCOM, 2018), de manera unilateral o concertada con sus principales “aliados”, “socios” y “amigos” gubernamentales o no gubernamentales de dentro o fuera del hemisferio occidental, al igual que con el apoyo crítico de la cúpula del Partido Demócrata, la actual administración republicana les dará continuidad a las diversas estratagemas (incluida la aplicación de nuevas y cada vez más draconianas “sanciones económicas”, el fortalecimiento de su “cerco militar”, el emprendimiento de nuevos sabotajes contra la infraestructura venezolana y el apoyo a otras acciones terroristas) que ha venido desplegando con vistas a tratar de derrocar –mediante un golpe de Estado o una eventual “intervención regional humanitaria”— al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuevamente presidido desde el 10 de enero de 2019 por Nicolás Maduro.

Funcional a esa política serán los esfuerzos que emprenderán diversas agencias estatales y paraestatales estadounidense (entre ellas, la CIA), en consuno con los principales medios de desinformación masiva de diferentes partes del mundo, incluidos los de Estados Unidos, para sindicar al gobierno de Venezuela de estar vinculado con el narcotráfico y con algunos “grupos terroristas” islámicos (en particular, con la organización político-militar libanesa Hezbolá), así como para magnificar la crisis política, económica y, social que está viviendo ese país y los “graves problemas” que “el masivo éxodo” de los habitantes de ese “Estado fallido” presuntamente les crearán a “la estabilidad y seguridad” de otros países de la región; en particular, a Brasil y Colombia.

Paralelamente, y como parte de la “guerra híbrida” o de “quinta generación” desatada contra Venezuela (Boron, 2019),^iv la USAID y otras agencias estatales y paraestatales estadounidenses (como la Fundación Nacional para la Democracia, NED, por sus siglas en inglés) proseguirán sus diversas acciones dirigidas a tratar de unificar a los alicaídos y disgregados partidos integrantes de la oposición venezolana alrededor de la figura del espurio y cada vez más desprestigiado “Presidente Encargado Juan Guaidó”.

Por otra parte, el Departamento de Estado, en contubernio con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, seguirá tratando de incorporar al llamado “Grupo de Lima” al corrupto gobierno de la República Dominicana presidido hasta el 2020 por Danilo Medina y al nuevo gobierno salvadoreño presidido por Nayib Bukele. También continuarán ejerciendo presiones sobre los actuales gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú para que abandonen sus reticencias a involucrarse en una “intervención militar “humanitaria” contra Venezuela que estos expresaron en la reunión que efectuaron en Colombia el 25 de febrero de 2019 (Grupo de Lima, 2019).^v

De manera convergente con esos propósitos, la actual administración republicana, contando con el apoyo de sus principales “socios”, “amigos” y aliados latinoamericanos y caribeños, gubernamentales y no gubernamentales, seguirá empleando diversas estrategias y tácticas dirigidas a tratar de lograr el colapso del actual gobierno del Frente Sandinista para Liberación Nacional (FSLN) o el adelanto, bajo presión y supervisión internacional, de las elecciones presidenciales que, según su calendario constitucional, se tendrán que realizar en Nicaragua en el 2022.

Con tal fin la maquinaria burocrático-estatal estadounidense, con el apoyo del políticamente dividido Congreso electo en noviembre del pasado año, continuará ampliando las sanciones económicas previstas en la denominada Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) aprobada por el Senado estadounidense en diciembre de 2018^vi: normativa que restringe los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales controladas por Estados Unidos –el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo(BID)— al gobierno presidido por Daniel Ortega, con “la excepción del financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense” (Calloni, 2018).

Asimismo, ambos “poderes” estatales estadounidenses y las diferentes instituciones paraestatales de ese país continuarán apoyando las diversas acciones desestabilizadoras (algunas de ellas violentas) que en el futuro previsible emprenderán las heterogéneas fuerzas opositoras al gobierno nicaragüense integrantes de la ahora llamada Unidad Nacional Azul y Blanco.

Como ya se ha visto en los primeros días del mes de marzo, con el respaldo del gobierno estadounidense esas fuerzas harán todo lo que esté a su alcance para boicotear las nuevas negociaciones “sin condicionalidades políticas de ningún tipo” emprendidas desde el 27 de febrero del 2019 entre el presidente Daniel Ortega y los representantes empresariales, políticos y sociales de las diversas fuerzas opositoras agrupadas en la llamada Alianza Cívica (Copades, 2019).

Fracturar el “frágil consenso” existente en la Caricom

Con esos y otros fines (incluida su campaña para lograr su reelección en los primeros meses del 2020), el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con el decidido apoyo del gobierno de los Estados Unidos, continuará las diversas y hasta ahora frustradas acciones que ha venido emprendiendo para aplicarle a Nicaragua y a Venezuela las sanciones previstas en la llamada Carta Democrática Interamericana.

Para tratar de modificar la correlación de fuerzas hemisféricas que hasta ahora lo han impedido, en las elecciones previstas para el 2019 y el 2020 la actual administración estadounidense apoyará a las fuerzas opositoras a los actuales gobiernos de los estados caribeños integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP): Antigua y Barbudas, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nieves. San Vicente y las Granadinas, así como Surinam, encabezados por Gaston Brown, Roosevelt Skerrit, Keith Mitchell, Thimothy Harris, Ralph Gonsalves y Dersy Bouterse, respectivamente (Legra, 2018).

A la par, la maquinaria de la política exterior y de seguridad estadounidense, con el respaldo del gobierno de Canadá, encabezado desde el 2015 por el Primer Ministro liberal Justin Trudeau, continuará chantajeando a los restantes gobiernos de los 14 estados independientes integrantes de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom)^vii con vistas a tratar de fracturar el que la destacada intelectual trinitaria Jessica Byron ha denominado “frágil consenso” existente en esa organización de concertación política, cooperación e integración económica respecto a la posición a adoptar con relación a la situación existente en Venezuela (Byron, 2018).^viii Asimismo, con vistas a que estos abandonen su apoyo conjunto a las gestiones para lograr una solución negociada entre el gobierno constitucional de Nicolás Maduro y las fuerzas de la oposición venezolana que, desde los primeros días de enero del 2019, han venido impulsando los actuales gobiernos de México y Uruguay, presididos por Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, respectivamente.

Cualesquiera que sean los resultados de esas presiones, los pilares de las políticas hacia esa subregión de la actual administración republicana seguirán siendo el impulso de la Iniciativa para la Seguridad Energética del Caribe (expresamente dirigida a debilitar los acuerdos concertados con Venezuela en los marcos de Petrocaribe por las autoridades oficiales de esos países), de la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe y de la Ley de Asociación Comercial con la Cuenca del Caribe hasta el 2020, aprobada en el 2010 por la administración de Barack Obama como sucedánea de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe impulsada, desde 1983, por la administración de Ronald Reagan.^ix Como he indicado en otros escritos (Suárez [2011], 2017), esa prorroga también abarcó el virtual Tratado de Libre Comercio con Haití (conocido como “la Ley HOPE”: Haitian Opportuniyy for Economic Enhancement) firmado en el 2007 por los entonces presidentes de ambos países, René Préval y George W. Bush, respectivamente.

Sin embargo, con excepción de ese último país, ninguno de los Estados integrantes de la Caricom se encuentra entre los principales receptores de la “Ayuda para la seguridad” (AS) y de la “Ayuda Económica” (AE) que durante el presente año le ofrecerá el actual gobierno de los Estados Unidos a sus principales “aliados” del Caribe insular y continental. Por el contrario, como verá en la Tabla #1, la administración de Donald Trump seguirá disminuyendo sensiblemente los fondos al respecto que hasta el presupuesto Federal (FY) de 2016-2017 les había venido ofreciendo la administración de Barack Obama.

Tabla # 1

Monto total en dólares estadounidenses (USD) de la AS y de la AE ofrecida por los Estados Unidos a los Estados integrantes de la Caricom, sin incluir Haití, entre el FY 2016-2017 y el FY 2018-2019.

Fuente: Tabla confeccionada por la Dra. Tania García Lorenzo sobre la base de las informaciones que aparecen en Security Assistance Monitor 2018, https://securityassistance.org/. Consultado el 6 de diciembre de 2018.

Como se verá en la Tabla #2, esas cifras contrastan con la voluminosa “ayuda” que, desde el 2017, la actual administración republicana le ha venido ofreciendo al cada vez más represivo y antipopular gobierno haitiano presidido desde el 2017 por Jovenel Moîse, inmerso en una profunda crisis política causada por las grandes movilizaciones populares que, desde mayo de 2018, están exigiendo su renuncia por los graves problemas económico-sociales que continúan afectando a la mayor parte de su población y por el robo de la generosa asistencia solidaria que le había venido ofreciendo el gobierno venezolano desde el sismo del 2010, de manera bilateral o como parte de los acuerdos de Petrocaribe.

Para tratar de evitar el derrocamiento del actual gobierno haitiano, la administración estadounidense continuará impulsando “el diálogo” entre este y las diferentes fuerzas sociales y políticas opuestas a la continuación de su mandato y, en particular, con las que representan los intereses de las clases dominantes de ese empobrecido país. También seguirán emprendiendo diversas gestiones para que el Consejo de Seguridad de la ONU continué respaldando la injerencia en los asuntos internos de Haití de las fuerzas extranjeras integrantes de la ahora denominada Misión para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH), continuadora de las impúdicas y represivas acciones contra su población emprendidas desde el 2004 por las fuerzas militares de diferentes países del mundo (encabezadas por las de Brasil) integrantes de la mal denominada Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH, por su acrónimo en francés).

Tabla # 2

Principales países de América Latina y el Caribe receptores de la AS y de la AE de los Estados Unidos en los FY 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

Fuente: Tabla confeccionada por el autor de este escrito sobre la base de las informaciones que aparecen en Security Assistance Monitor 2018, https://securityassistance.org/. Consultado el 6 de diciembre de 2018.

Como he documentado en algunos escritos anteriores, el control del territorio y de las fuerzas policiales haitianas por parte de la MINUJUSTH se articularán con las diferentes misiones que seguirá cumpliendo los acrecentados efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos desplegados en el mal llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con las acciones del SOUTHCOM dirigidas a “disuadir mediante el empleo dinámico de sus fuerzas a los competidores globales” (Faller, 2018).

Asimismo, a lograr que sus “socios caribeños”, como las fuerzas militares de Jamaica y Trinidad y Tobago, y “las organizaciones multinacionales esa región” (entre ellas el Sistema Regional de Seguridad y la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencia y Desastres), al igual que las de la República Dominicana continúen emprendiendo acciones conjuntas con las fuerzas militares y aeronavales, al igual que con otros departamentos y agencias del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos con el pretexto de “interrumpir el tráfico de drogas y armas”, prevenir la extensión de “redes extremistas” y cooperar en la respuesta a los mal denominados “desastres naturales” que, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, afectan a los estados y territorios de la Cuenca del Caribe (Tidd, 2018).

Sin embargo, en el tiempo que le queda a su primer (y, tal vez, único) mandato la actual administración republicana continuará desdeñando tanto en su discurso como en sus prácticas internas y externas las evidencias científicas existentes acerca de las interrelaciones existentes entre los desastres socio-ambientales y económicos provocados por los eventos naturales severos que de manera cada vez más frecuente y destructiva han venido afectando a diferentes estados del Caribe y los cambios climáticos causados, entre otros factores antropogénicos, por la constante y desproporcionada emisión (con relación al tamaño de su población y su territorio) de gases de efecto invernadero por parte de la socio-economía estadounidense, incluido su complejo militar-industrial.

Por consiguiente, su maquinaria política y económico-financiera continuará desmeritando los reclamos de los gobiernos de los estados integrantes de la Caricom (y, en particular, de sus pequeños estados insulares) de recibir mayores fondos de AE que los que actualmente les asignan los Estados Unidos para tratar de garantizar la seguridad multidimensional de esa subregión y, como parte de ella, avanzar en el cumplimiento de todos los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU.^xi

La militarización de “la seguridad y la prosperidad” de Centroamérica

La preeminencia de los diversos componentes de la que en escritos anteriores he denominado seguridad imperial de los Estados Unidos (ahora nutridos con la recuperación de diversos conceptos y prácticas de la seguridad tradicional facturados durante la Guerra Fría) también se mantendrán en sus asimétricas interrelaciones económicas, político-diplomáticas, militares y en el campo de la seguridad no tradicional que su actual administración desplegará con sus contrapartes centroamericanas.

En las páginas anteriores mencioné las estrategias dirigidas a provocar el “cambio de régimen” en Nicaragua”; pero a ellas hay que agregar, al menos, las presiones “diplomáticas” que continuará ejerciendo la actual administración estadounidense sobre el actual gobierno de Panamá, presidido por Juan Carlos Varela, y sobre cualquiera de los candidatos que resulte electo en los comicios presidenciales que se realizarán en mayo del presente año para que no continúe desarrollando las que las que su actual subsecretario del Tesoro, David Malpass, denominó “relaciones no comerciales con China” (Malpass, 2018), así como para que sigan respaldando las diversas acciones estadounidenses contra los gobiernos constitucionales de Nicaragua y Venezuela.

Como se vio en la Tabla #2, a ello hay que agregar el apoyo que le extenderá la maquinaria de la política exterior y de seguridad de los Estados al corrupto y fraudulento gobierno de Honduras, presidido por Luis Orlando Hernández, así como a cualquiera de las tres candidatas (Thelma Aldana, Sandra Torres y Zury Ríos) que resulte electa en la primera o la segunda vuelta de los comicios presidenciales que se realizarán en Guatemala en junio del presente año.^xii

Paralelamente, la actual administración estadounidense respaldará al gobierno de llamada “centro derecha” salvadoreña presidido por Nayib Bukele; quien inmediatamente después de su elección en febrero de este año y luego de reunirse con la Embajadora estadounidense, Jean Manes, así como de comunicarse con el principal consejero para la Seguridad Nacional de ese país, John Bolton,^xiii indicó que “una de sus prioridades […] será fortalecer las relaciones con Estados Unidos” y abandonar el respaldo que le había venido ofreciendo a los “regímenes de Nicaragua y Venezuela” el gobierno presidido por el líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Salvador Sánchez. También revisar la decisión de ese gobierno de restablecer sus relaciones diplomáticas con la República Popular China (Zuaznábar, 2019).

Por consiguiente, puede afirmarse que la apabullante derrota del candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, y el importante avance político-electoral que en los comicios presidenciales antes mencionados obtuvieron los dos principales candidatos de los partidos de la derecha salvadoreña (ARENA y GANA) le facilitarán a la actual administración republicana el cumplimiento de sus diversos objetivos geoeconómicos y geopolíticos hemisféricos y, en especial, de sus operaciones dirigidas a contener “las relaciones no comerciales” de la República Popular China con diversos países centroamericanos, al igual que a tratar de derrotar a los que la actual Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos calificó como “anacrónicos y autoritarios gobiernos de izquierda” instalados en América Latina y el Caribe (ESN, 2017).

De todo lo antes dicho se desprende que, en correspondencia con sus xenofóbicas, racistas y militarizadas respuestas frente a las sucesivas caravanas de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que en los meses más recientes han logrado llegar a la frontera de México con los Estados Unidos, en los próximos 21 meses el actual gobierno de ese país continuará privilegiando los componentes militares y de seguridad aprobados en la Conferencia para la Seguridad de Centroamérica que, auspiciada por primera vez en su historia por el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidense (NORTHCOM) y por el SOUTHCOM, así como por las fuerzas armadas y la marina de México, se efectuó en ese último país en abril del 2017. También en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica que, coauspiciada por el gobierno mexicano presidido hasta el 30 de noviembre de 2018 por Enrique Peña Nieto y por el actual gobierno de los Estados Unidos, se efectuó entre el 15 y el 16 de junio de 2017 en las instalaciones de la Universidad Internacional de la Florida y en la sede del SOUTHCOM, ambas ubicadas en Miami.

Al impacto que pudieran tener en esos acuerdos político-militares y económico-comerciales e inversionista la nueva política exterior, de defensa y seguridad de México anunciadas, emprendidas o que emprenderá el presidente de ese país y líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel Obrador (AMLO), se volverá después. Pero antes creo necesario remarcar que, en correspondencia con los acuerdos de las dos conferencias mencionadas en el párrafo anterior, en los próximos meses la maquinaria de la política exterior, de seguridad y defensa de los Estados Unidos utilizará toda la influencia que han venido adquiriendo en las fuerzas militares mexicanas, para lograr que estas continúen participando de manera sistemática en las diferentes maniobras y operaciones militares concertadas entre el NORTHCOM, el SOUTHCOM y las fuerzas militares y/o policiales de Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá orientadas a mejorar la “colaboración transfronteriza” contra las amenazas que –a decir del exjefe del SOUTHCOM, Kurt Tidd— le plantearán a la seguridad nacional de los Estados Unidos “las organizaciones del crimen transnacional”, las “migraciones ilegales”, al igual que “las redes criminales y extremistas y sus fuentes financieras” que operan a lo largo y ancho del istmo centroamericano y de los territorios de Belice y de México (Tidd, 2018).

El papel del único Estado latinoamericano “socio extrarregional” de la OTAN.

Sobre todo porque la futura participación de las represivas fuerzas militares colombianas en esa y otras operaciones comandadas por las fuerzas armadas estadounidenses tanto dentro como fuera del hemisferio occidental quedó garantizada por la incorporación de Colombia como “socio extrarregional” de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y por la elección del candidato de la extrema derecha colombiana, Iván Duque, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales realizados en ese país el 17 de junio de 2018.

Siguiendo los pasos de su mentor, el reaccionario ex presidente Álvaro Uribe, desde entonces y en contubernio con el de los Estados Unidos, el actual gobierno colombiano ha venido entorpeciendo sistemáticamente los acuerdos de paz firmados por su antecesor; Juan Manuel Santos, en noviembre de 2016 con el jefe de la comandancia de las otrora llamadas Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (ahora denominadas Fuerzas Alternativas Revolucionaras del Común), Rodrigo Londoño (alias: Timochenko). También en febrero de este año abandonó las conversaciones para avanzar en una solución político-negociada del conflicto armado que, a solicitud de su antecesor y de la jefatura del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se venían desarrollando en La Habana. Esa organización político-militar, al igual que las Fuerzas Alternativas Revolucionaras del Común (FARC), seguirán siendo catalogadas como “terrorista” o “narco-terroristas” por parte de las autoridades oficiales estadounidenses.

De ahí y del lugar relevante que tiene Colombia en la producción y el tráfico de drogas que se comercializan y consumen en los Estados Unidos (incluidos los derivados del opio) y de otras causalidades que veremos después, los voluminosos fondos de AS y de AE destinados –como se vio en la Tabla #2— al gobierno y a las fuerzas represivas colombianas (ahora acusadas por acción u omisión de los constantes asesinatos de cientos de dirigentes sociales, así como de familiares y ex combatientes de las FARC que sistemáticamente se han venido perpetrando en diversas regiones de ese país) incluidos en los FY 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

Ese respaldo será mayor porque, según quedó explícito en el ya referido “Plan Maestro para el derrocamiento de la dictadura venezolana” elaborado por el SOUTHCOM, a las actuales autoridades políticas y militares colombianas les corresponderá un importantísimo papel en las cada vez más agresivas acciones que continuará desarrollando la maquinaria burocrático-militar de los Estados Unidos contra Venezuela. Esas acciones, incluirán la organización y el empleo de fuerzas paramilitares colombo-venezolanas, el empleo de todas las facilidades que tiene el SOUTHCOM en diversas bases militares colombianas y la eventual participación de sus efectivos en una “intervención regional humanitaria” coordinada por las fuerzas armadas estadounidenses.

A todo lo antes dicho hay que agregar el criterio del Pentágono acerca de que, sobre la base de los acuerdos firmados entre ambos gobiernos desde el 2012, las fuerzas militares colombianas tendrán que seguir “exportando” sus exitosas experiencias en “la lucha contrainsurgente y contra el narco-terrorismo” hacia diferentes países de América Latina; en particular hacia Centroamérica, Perú y Ecuador.

La desestructuración de la UNASUR y el entorpecimiento de la CELAC

Respecto al cada vez más impopular y proimperialista gobierno de este último país, presidido desde los primeros meses del 2016 por Lenin Moreno,^xiv la actual administración estadounidense continuará desplegando sus diversas estratagemas dirigidas a fortalecer sus relaciones político-militares (entre ellas, los sobrevuelos de naves militares estadounidenses sobre el territorio y las aguas marítimas de Ecuador autorizados a mediados de 2018), monetario-financieras y económico-comerciales; comprendidos los draconianos acuerdos ya alcanzados con el FMI y la posibilidad planteada por el actual gobierno ecuatoriano de negociar un Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

A pesar de las medidas selectivamente proteccionistas y librecambistas que ha venido emprendiendo la actual administración estadounidense en sus interrelaciones con diferentes países del mundo, la eventual suscripción de ese tratado bilateral sería coherente con las estrategias que de manera unilateral o concertada con algunos de sus “socios claves” del continente americano continuarán desplegando los departamentos del Comercio y del Tesoro de los Estados Unidos con vistas a “contener” y en lo posible revertir las interacciones de la República Popular China con diversos estados latinoamericanos y caribeños.

Adicionalmente, el fortalecimiento de sus relaciones con el actual gobierno ecuatoriano continuará tributando a las faenas que desarrollará el Departamento de Estado, en consuno con los gobiernos controlados por las diversas fuerzas de la derecha, orientadas a concluir la desestructuración de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, por carácter transitivo, entorpecer el adecuado funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que, en su carácter de presidente pro tempore, seguirá impulsando el presidente boliviano Evo Morales hasta la próxima cumbre de esa organización prevista para enero de 2020.

Funcional a esos y otros propósitos ya referidos o que se mencionarán después de las estrategias de la actual administración estadounidense hacia el hemisferio occidental, será el mantenimiento de su apoyo directo (como lo hizo Trump durante su participación en la reunión del G-20 efectuada en Buenos Aires a fines de noviembre de 2018) o a través del FMI al actual gobierno argentino, presidido desde fines del 2015, por Mauricio Macri; quien, con vistas a tratar de garantizar su reelección y en contubernio con el cada vez más politizado poder judicial de ese país, continuará emprendiendo diversas estratagemas orientadas a impedir que la expresidente y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner pueda presentar su candidatura en las elecciones presidenciales que se realizarán el 27 de octubre de 2019.^xv

El cerco político-militar contra Bolivia y Uruguay

Paralelamente, la actual administración republicana mantendrá los estrechos vínculos político-militares, económicos y en diferentes campos de la seguridad que ha venido desarrollando con el gobierno brasileño presidido desde comienzos del 2019 por el ultraderechista Jair Bolsonaro; quien el 19 de marzo de este año inició su primera visita oficial a los Estados Unidos.

En esta, además de reunirse con su homólogo Donald Trump (en la que uno de los principales temas abordados fueron la acciones conjuntas que desplegarán contra Venezuela), visitó la sede de la Agencia Central de Inteligencia de ese país (CIA) y se entrevistó con el exjefe del Gabinete de la Casa Blanca y principal asesor estadounidense de su campaña presidencial, Steve Bannon, vinculado de manera personal e ideológica con Trump, así como impulsor del llamado Movimiento internacional de “la derecha alternativa” (Alt-right), conformado por diversas fuerzas políticas latinoamericanas y europeas (Arkonada, 2019). Auspiciado por uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo (quien acompañó a su padre en la antes mencionada visita a los Estados Unidos), a comienzos de diciembre de 2018 se efectuó en Fox de Iguazú, Brasil, la denominada “Primera Conferencia Conservadora de las Américas” (Barrocal, 2018).

A pesar de las resistencias que se han expresado en los altos mandos castrenses de ese país a instalar una base militar estadounidense en su territorio, así como a sumarse a una eventual “intervención regional humanitaria” contra Venezuela, Bolsonaro y el nutrido grupo de militares que integran su gabinete continuarán favoreciendo los vínculos entre las fuerzas militares y los complejos militares-industriales de Brasil y los Estados Unidos que fueron acordados durante el espurio y corrupto gobierno de su antecesor Michel Temer. También continuarán propiciando la entrega a las principales empresas transnacionales estadounidenses de las grandes reservas energéticas, minerales y acuíferas existentes en ese país suramericano.

Asimismo, el antes mencionado gobierno brasileño seguirá apoyando los principales objetivos de las estrategias de defensa y seguridad de los Estados Unidos, tanto a nivel hemisférico como global. Entre ellos, los propósitos del gobierno de ese país de lograr que el gobierno de Brasil mantenga su participación activa en las políticas agresivas contra Nicaragua y Venezuela, su distanciamiento con el gobierno de Cuba y que descontinúe o minimice su participación en el llamado Grupo BRICS, impulsados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, en consuno con sus contrapartes de Rusia, la India, China y Sudáfrica.

Adicionalmente, en la perspectiva de la actual administración republicana el fortalecimiento de sus interrelaciones político-militares y económico-financieras con los actuales gobiernos de Argentina, Chile, Brasil y Paraguay (presidido desde mediados del 2018 por Mario Abdo Benítez, vinculado a una de las tendencias más reaccionarias del Partido Colorado), le creará un contexto subregional muy complicado a las aspiraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia y del Frente Amplio de Uruguay (FA) de lograr la reelección de sus correspondientes candidatos presidenciales en los comicios que se realizarán en ambos países en octubre de 2019.

Con independencia de los ambivalentes resultados de las “pragmáticas” políticas internas y externas desplegadas por los sucesivos gobierno del FA y, en particular por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (Elías, 2018), la actual administración republicana y sus agencias estatales o paraestatales continuarán desplegando diferentes acciones discretas o encubiertas orientadas a apoyar a los candidatos que en junio de 2019 finalmente seleccionen los partidos Blanco y Colorado. Y, en el caso que sea necesaria una segunda vuelta, respaldarán la unificación de los votantes de ambos partidos políticos contra el candidato o la candidata que finalmente seleccionen las heterogéneas fuerzas políticas integrantes de la mencionada coalición que, desde el 2005, han venido gobernando ese país suramericano.^xvi

En lo que atañe a Bolivia, la actual administración estadounidense continuará las diferentes acciones públicas, discretas o secretas que (con la participación activa de la NED) han venido desplegando para a tratar de unificar las candidaturas presidenciales hasta ahora presentadas por las diversas fuerzas políticas y sociales bolivianas (algunas de ellas de raigambre popular) que han expresado su oposición a la reelección del actual presidente de ese país, Evo Morales, y de su vicepresidente Álvaro García Linera (Tellería, 2018). Según algunos analistas, en contubernio con el actual gobierno de los Estados Unidos, algunas de esas fuerzas opositoras están tratando de unificarse alrededor de la candidatura de Carlos Mesa, ex vicepresidente del represivo y depuesto gobierno encabezado entre agosto del 2002 y octubre de 2003 por el Gonzalo Sánchez de Lozada; quien, desde entonces, está exiliado en los Estados Unidos (Arkonada, 2018).

De manera sibilina así quedó planteado en la Estrategia Integrada de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia aprobada en agosto de 2018, pero difundida públicamente con evidentes fines político-electorales a comienzos de este año (Dausá, 2019). En esta, entre otros temas que no tengo espacio para detallar, se realizó un análisis tendencioso de las causas del deterioro de las relaciones oficiales entre ambos países y se tratan de desacreditar los avances económico-sociales logrados durante los sucesivos gobiernos de Evo Morales. A él lo acusan, sin ningún tapujo, de resquebrajar la independencia de los diferentes poderes del Estado, de “cerrar espacios democráticos”, de “suprimir la oposición política y a los críticos del gobierno”, así como de hostilizar a “los medios de prensa independientes”.

Acto seguido, se sintetizan las metas y los objetivos que tratará de cumplir el Jefe de Misión estadounidense en Bolivia, tanto antes como después de las ya referidas elecciones de octubre de este año. Estas son calificadas como “un punto de inflexión en la historia boliviana”. Y, partiendo de ese criterio, en su habitual lenguaje edulcorado, se indica:

Sin importar lo que ocurra en las elecciones de 2019, nuestra misión diplomática se concentrará en tenderle la mano al pueblo de Bolivia para apoyar sus esfuerzos dirigidos a fortalecer la libertad de prensa, la inclusión social, la prosperidad, la democracia, la defensa y la protección de los derechos humanos, así como cooperar con los gobiernos locales y subnacionales en otras áreas de mutuo interés. Mientras el presidente Morales y su gobierno se precian de ser una voz crítica de los Estados Unidos y durante décadas han alimentado el país con propaganda antiestadounidense […], utilizaremos cualquier oportunidad para mostrarles a los bolivianos que la cooperación con los Estados Unidos le ofrece beneficios a Bolivia, e impulsaremos intercambios educacionales, profesionales y comerciales para que el pueblo boliviano pueda conocer de primera mano a nuestro país y sus valores con vistas a reducir la fuerza de la retórica antiestadounidense (Misión de Estados Unidos en La Paz, 2019, traducción español del autor de este trabajo).

Lo antes dicho indica que, en caso que el dúo Evo Morales-García Linera finalmente logre su reelección en la primera o en la segunda vuelta de los comicios que se realizarán a fines del 2019, la maquinaria burocrático-militar de los Estados Unidos y sus agencias paraestatales inmediatamente después fortalecerán las acciones que han venido desplegando para tratar de desestabilizar y eventualmente producir un “cambio de régimen” en ese país suramericano. A ese empeño tratarán de sumar al gobierno argentino que resulte electo en octubre o noviembre de este año, al igual que a los antes mencionados gobiernos de Brasil y Paraguay, así como Perú y Chile, presididos por Martín Vizcarra y por el acaudalado empresario y líder de las fuerzas conservadoras chilenas, Sebastián Piñera.

La obsecuencia de los mandatarios de Chile, Paraguay y Perú

A pesar de las importantes relaciones económicas y comerciales que ambos países mantienen con la República Popular China, de su común pertenencia junto a Colombia y México a la “tercerista” Alianza para el Pacífico (ALPA),^xvii así como de la suscripción, en marzo de 2018, junto a México y Perú, del ahora llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (en el cual no participa el gobierno de los Estados Unidos), tanto Vizcarra como Piñera han demostrado su obsecuencia hacia algunos de los principales componentes de la política hemisférica de la actual administración estadounidense; tanto en su activa participación en el Grupo de Lima, como en sus labores dirigidas a la desestructuración de la UNASUR y a entorpecer el cumplimiento de la Proclama de América Latina y el Caribe con zona de Paz aprobada por la segunda Cumbre de la CELAC efectuada en Cuba a fines de enero de 2014.

En el caso de Piñera esa subordinación se hizo aún más patente durante su participación, junto a los presidentes de Colombia y Paraguay, Iván Duque y Mario Abdo Benítez, respectivamente, en la provocación organizada el 23 de febrero de este año en Cúcuta, capital del Departamento del Norte de Santander, Colombia, por los gobiernos de ese país y de los Estados Unidos con el propósito de desestabilizar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y respaldar al presunto y reiteradamente mencionado “Presidente Encargado” de ese país mediante la introducción de manera violenta de “ayuda humanitaria” a través de sus fronteras con Colombia y con Brasil.

Como ya se indicó, con la presencia del vicepresidente Mike Pence, esos mandatarios participaron en la reunión que efectuó el Grupo de Lima en Colombia dos días después, en las que se reiteró su respaldo a Juan Guaidó y se acordaron las nuevas acciones que se emprenderán para tratar de derrocar por “vías pacíficas” al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Entre ellas, su respaldo a “la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela (Grupo de Lima, 2019).

Los potenciales conflictos entre los gobiernos de México y Estados Unidos

Merece consignar que, a diferencia de otros pronunciamientos previos del Grupo de Lima, los acuerdos adoptados en el antes mencionado conclave fueron expresamente rechazados por el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Andrés Manuel López Obrador (AMLO); quien, acorde con los postulados constitucionales de su país (irrespetados por su antecesor Enrique Peña Nieto), desde su toma de posesión el 1º de diciembre de 2018, reconoció la legitimidad del gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro; quien fue invitado a esa ceremonia. En ese contexto, cobrarán una redoblada importancia las estratagemas que en los próximos 21 meses desplegará la maquinaria burocrático-militar y económico-comercial de los Estados Unidos hacia el actual gobierno mexicano.

A partir de la información que entonces tenía disponible, en el artículo referenciado en la primera página de este escrito señalé que, si la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos, en consuno con sus “socios”, “aliados” y “amigos” gubernamentales y no gubernamentales mexicanos, no lograban impedir la victoria político-electoral de AMLO, en los meses posteriores utilizarían todos sus instrumentos de poder (incluidas sus cada vez más fortalecidas relaciones con las fuerzas armadas mexicanas) para tratar de mediatizar o descarrilar la gestión del gobierno de la coalición “Juntos haremos Historia”, liderada por el MORENA” (Suárez, 2018: 119).

Las informaciones hasta ahora recibidas no me permiten sustentar esa última afirmación. Mucho menos por la manera “respetuosa” en la que –a decir de AMLO—se han desenvuelto sus relaciones con Donald Trump y con todos los altos funcionarios de su administración que han visitado México después de conocerse los resultados de los comicios efectuados en mayo de 2018, incluidos el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, y el vicepresidente Mike Pence; quien, en compañía de Ivanka Trump, asistió a la toma de posesión del actual mandatario mexicano. Sin embargo, considero que si los propósitos enunciados de su política interna y externa (incluidos en la denominada Cuarta Transformación de su país) se llevan a la práctica, incluso de manera parcial, en el lapso temporal que abarca este escrito, se presentarán serios conflictos entre los gobiernos de ambos países.

Según diversos analistas, además de las posturas adoptados por la cancillería mexicana explícitamente contrarias a los más recientes acuerdos del Grupo de Lima, uno de los detonantes de esos conflictos pudiera ser el rechazo de AMLO a las militarizadas concepciones de la seguridad hemisférica y mexicana que, como hemos visto en las páginas anteriores, en el futuro previsible seguirá impulsando la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos, así como sus reiteradas pretensiones de que México asuma mayores costos y responsabilidades en la “seguridad no tradicional” de Belice y del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), al igual que, vinculado a ella, en la interrupción los constantes flujos migratorios que provenientes de esos países que se dirigen hacia los Estados Unidos.

A esos potenciales conflictos bilaterales también pudiera agregarse la posición que finalmente asuma el Senado mexicano (mayoritariamente controlado por los representantes del MORENA y de otros de los partidos integrantes de la coalición “Juntos haremos Historia”) frente al asimétrico Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (EUMECA, por sus siglas en español) signado en las postrimerías de su mandato y bajo la presión de la administración de Donald Trump, por el ahora expresidente Enrique Peña Nieto; quien, en la consideración del destacado intelectual latinoamericano (radicado en México) John Saxe-Fernández, aceptó diversas cláusulas que limitan “la independencia y la soberanía de México” y, por tanto, violan los fundamentos constitucionales de la política interna y externa mexicana, al igual que la defensa de estas constantemente proclamada por AMLO (Saxe, 2018).

A modo de conclusión: ocho párrafos y una exhortación

En mi consideración, cualesquiera que sean las decisiones del Senado mexicano con relación al EUMECA, estas no generarán cambios significativos en las estrategias y en algunas de las tácticas que en el futuro previsible desplegarán los gobiernos “permanente” y “temporales” de los Estados Unidos con vistas a tratar de mantener (como han hecho desde el Siglo XX) la total subordinación de todos los gobiernos mexicanos precedentes a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de la que José Martí denominó “república imperial”, instalada “en el norte revuelto y brutal que nos desprecia”.

Mucho más, por el triunfalismo que se ha apoderado de los más altos funcionarios de la administración Trump a partir de las derrotas o de las grandes dificultades económicas, sociales y políticas que, como fruto de sus acciones cada vez más agresivas o de sus errores propios, están afectando a la mayor parte de los llamados “gobiernos de izquierda o progresistas” instalados en América Latina y el Caribe.

Ese triunfalismo se acrecentó luego de la holgada victoria político-electoral de Jair Bolsonaro en Brasil; con quien Trump y los integrantes de su círculo más cercano tanto dentro como fuera de la Casa Blanca (cuales son los casos de Mike Pompeo, John Bolton o Steve Bannon) tienen muchas afinidades políticas e ideológico-culturales. Entre ellas, pero no únicamente, su acérrimo anticomunismo, su racismo, su misoginia, su militarismo, su chovinismo y su total desprecio a los fundamentos científicos del eco-ambientalismo.

A lo antes dicho hay que agregar el análisis también triunfalista divulgado por Trump inmediatamente después de conocer los resultados de las elecciones intermedias realizadas en los Estados Unidos el 6 de noviembre de 2018. En su percepción, la victoria de la mayor parte de los candidatos del Partido Republicano al Senado (y, en especial, de los que él apoyó personalmente) compensará la mayoría obtenida por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes; ya que, aunque esos representantes podrán dificultar algunas de las políticas internas y externas de su administración, no tendrán suficientes fuerzas para revertirlas.

Mucho menos, para emprender acciones que le dificulten su aspiración de terminar “exitosamente” su primer mandato y su “sueño” de ser reelecto en los comicios presidenciales de noviembre de 2020. Aunque aún faltan 20 meses para esas reñidas elecciones, en lo personal no descarto totalmente ese escenario, ya que no será la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se reelige un presidente, cuyo partido haya registrado pérdidas en la Cámara de Representantes, en el Senado o en algunas gobernaciones estaduales en las elecciones intermedias realizadas dos años después de iniciar su primer mandato.

No obstante, reconozco que esa y otras anticipaciones indicadas en este escrito acerca de las estrategias hacia América Latina y el Caribe que desplegará la actual administración estadounidense pudieran estar equivocadas. Entre otras razones porque como he indicado en varios de mis escritos previos, el futuro no está predeterminado. Es un campo de batalla entre los sujetos sociales y políticos que constantemente pugnarán entre sí (muchas veces, de manera violenta) para defender sus intereses y preservar sus correspondientes cuotas de poder económico, político, social e ideológico-cultural.

Y, sin dudas, esas pugnas se agudizarán en los próximos meses, tanto en la sociedad y el sistema político estadounidense, como en sus interrelaciones con los diferentes gobiernos y las diferentes sociedades civiles y políticas de América Latina y el Caribe, así como de otras “potencias globales” o emergentes que están interesada en edificar un sistema mundo y un sistema internacional de Estados que no estén subordinados a los intereses geoeconómicos, geopolíticos y a las chovinistas y racistas nociones culturales y civilizatorias propugnadas por los sectores reaccionarios que han fortalecido su hegemonía en la administración de Donald Trump y en ciertos sectores de la sociedad estadounidense.

Frente a esas realidades, a los pueblos latinoamericanos y caribeños, a sus movimientos sociales, a sus partidos políticos y a sus gobiernos de raigambre popular, así como a sus intelectuales orgánicos nos cabe otra alternativa que seguir luchando con “las armas del juicio, que vencen a las otras” contra esas pretensiones imperiales y de sus aliados latinoamericanos y caribeños. Y, con tanta o más razones que antes, hacerlo guiados por lo que nos dijo indicado José Martí en su célebre ensayo Nuestra América:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbado, según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se ha de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.

La Habana, 20 de marzo de 2019

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