Ley Renacer contra Nicaragua: no es Revivir, es Extinguirse, Morir. José Alberto Amesty
Luego de calificar las elecciones de Nicaragua como fraudulentas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulga la Ley Renacer, la cual ya fue aprobada por el Congreso y busca presionar al gobierno de Daniel Ortega.
Esta es la tónica de USA contra otros países de América Latina, como Cuba y Venezuela, esgrimir no solo leyes, sino sanciones, bloqueos, embargos, decretos imperiales que buscan acabar con gobiernos en estos países de corte progresista, socialistas, o simplemente porque no se pliegan a los intereses del coloso imperial.
Antes de hablar sobre la mencionada Ley, hagamos un breve ejercicio, no a fondo, sino solo para recordar algunas de estas Leyes infames contra estos pueblos de América Latina.
Por Ejemplo, Hablemos de Cuba: Durante el gobierno de Bill Clinton, las leyes Cuban Democracy Act (1992) y Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act (1996), reforzaron el embargo, ya impuesto desde mucho tiempo atrás.
Esta última legislación, conocida como la ley Helms-Burton, nació con el objetivo principal de limitar las operaciones comerciales de otros países con Cuba y llevó el embargo a nuevos niveles.
En concreto impidió que el embargo sobre Cuba, fuera levantado sin autorización del Congreso; requiere el bloqueo obligatorio de las visas para individuos que se beneficiaran de propiedad confiscada por Cuba; y permite a estadounidenses nacidos en Cuba demandar a quienes confiscaron sus propiedades en la isla.
De acuerdo a Amnistía Internacional, el entramado jurídico estadounidense que sostiene el embargo contra Cuba, está compuesto por las siguientes normas y leyes, entre muchas otras:
Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917, sección 5.b.
Ley de Cooperación Internacional, de 1961, sección 620.a.
Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, de 1963.
Ley para la Democracia en Cuba, de 1992, también conocida como Ley Torricelli.
Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996, también conocida como Ley Helms-Burton, una de las más perversas contra la isla.
Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, de 2000.
Y Qué de Venezuela: Mientras Maduro se agiganta en el poder, USA quiere que dé el brazo a torcer, por lo que cada vez ajusta más las clavijas.
2015: Las Primeras Sanciones Bajo la Presidencia de Obama:
Durante la presidencia de Barack Obama, USA aplica las primeras sanciones contra Venezuela. Con el decreto presidencial 13692, el expresidente estadounidense declaró a Venezuela en marzo de 2015, una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de USA” y congeló bienes y cuentas bancarias de siete oficiales y altos funcionarios del gobierno de este país, a los cuales, además, se les prohibió ingresar a USA o hacer negocios con ciudadanos estadounidenses.
2016: Prolongación de las Sanciones:
En febrero de 2016, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pide al gobierno de USA no prolongar las sanciones vigentes. Pero Obama no accede a ese pedido y las prolonga por un año más. Su argumento: la situación en Venezuela no mejoró en el transcurso del año anterior, sino que continuó la persecución de políticos opositores, las limitaciones a la libertad de prensa, la violencia y la violación de los Derechos Humanos durante las protestas contra el gobierno. Mientras al final del periodo gubernamental de Obama, USA apuesta por un acercamiento a Cuba, aligerando el embargo, aprieta las clavijas en el caso de Venezuela.
2017: Trump Endurece las Medidas de Castigo:
Las medidas contra Venezuela se incrementan con el sucesor de Obama, Donald Trump. En febrero de 2017, Washington promulga sanciones financieras contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien USA acusa de estar implicado en el tráfico de cocaína.
A mitades de ese año, se produce una escalada de sanciones. Primero se aplican sanciones financieras contra 13 funcionarios del gobierno. A fines de julio, tras la controvertida elección de la Asamblea General Constituyente, que quiere reemplazar al Parlamento venezolano, le toca también a Maduro. Al “dictador que no respeta la voluntad del pueblo venezolano” se le congelan todos sus bienes, y se prohíbe estrictamente a los ciudadanos estadounidenses negociar con Venezuela. Una semana después se anuncian sanciones adicionales contra otros ocho funcionarios, entre ellos, Adán Chávez, el hermano del fallecido Hugo Chávez.
Además, el gobierno de Trump prohíbe el comercio con determinados bonos venezolanos de la petrolera estatal PDVSA. De ese modo, Venezuela no puede tomar crédito del sistema financiero de USA ni venderle activos. Esa limitación pretende dificultar al gobierno venezolano la obtención de dinero fresco. Con esas duras sanciones, Maduro perdería una importante fuente de ingresos.
Pero, según el presidente de Venezuela, eso golpea sobre todo al sistema de salud venezolano, que no puede importar 300.000 unidades de insulina porque la divisa venezolana se halla bloqueada por el Citybank. Asimismo, habría nueve millones de paquetes con alimentos básicos estacionados en un puerto extranjero, ya que un banco de USA habría bloqueado el pago a causa de las sanciones.
2018: USA sigue Ajustando las Clavijas:
En enero de 2018, Washington continúa aumentando la presión sobre Venezuela. Esta vez, las sanciones afectan a mandos militares acusados de “corrupción y represión”. Una vez más se les congelan sus bienes y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses negociar con ellos.
A principios de mayo se suman otras tres personas privadas a la lista de sanciones, y estas se aplican por primera vez también a 20 empresas.
Cuando Nicolás Maduro es reelecto en los comicios de fines de mayo de 2018, (la mayor alianza de oposición había boicoteado esas elecciones), Donald Trump agudiza una vez más el tono contra Venezuela, decretando que todas las empresas estadounidenses y todos los ciudadanos de USA, tienen prohibido comprar bonos o títulos de deuda del gobierno venezolano. Lo mismo rige para el Banco Central de Venezuela y para la Petrolera PDVSA.
En septiembre, se ven afectadas la esposa de Maduro, Cilia Flores, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, así como el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. “Muchas gracias, Donald Trump”, responde lacónicamente Maduro. Según él, es un honor recibir sanciones de USA.
Entretanto, el Ministerio de Finanzas de USA, confisca en ese país un jet privado por un valor de 20 millones de dólares, que pertenecería a un allegado del presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. En noviembre de 2018, EE. UU. dicta también medidas punitivas contra las exportaciones de oro de Venezuela, para quitarle a Caracas una importante fuente de divisas.
2019: Las Sanciones Afectan a los Sectores Económicos más Importantes:
En 2019, Trump tiene en la mira la fuente de ingresos más importante de Venezuela: la industria petrolera. Desde finales de enero, si bien USA puede comprar petróleo venezolano, debe realizar sus pagos a cuentas bloqueadas, es decir, que los bienes de Venezuela en el extranjero también se congelan.
Las medidas de castigo continuarán vigentes hasta que el país esté gobernado por “un gobierno de transición o un gobierno elegido democráticamente”. EL viernes (15.02.2019), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Tesoro de USA congeló las cuentas y los bienes de otros altos funcionarios alineados con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso afecta al jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela (Sebin), Manuel Ricardo Cristopher Figuera, al Primer Comisionado de Sebin, Hildemaro José Rodríguez Mucura; al comandante de la Dirección General de Contra-Inteligencia Militar de Venezuela, Iván Rafael Hernández Dala, al director de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, y al presidente de la petrolera estatal PDVSA, Manuel Quevedo.
En el Caso de Nicaragua: Recordemos que, en 2016, por primera vez desde la creación de la guerrilla de la Contra en los ochenta, Estados Unidos pasa a la acción respecto del gobierno sandinista, el Congreso aprobó por unanimidad una ley que implicaría que sus representantes voten en contra de cualquier crédito para el Estado de Nicaragua ante instituciones financieras internacionales. La iniciativa es una suerte de respuesta a un cuestionamiento cada vez más intenso sobre la calidad de la democracia en el país centroamericano.
Esta medida podría provocar que Nicaragua pierda millones de dólares de financiación internacional. En palabras del congresista Albio Sires, coautor del proyecto de Ley, la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Ley para el condicionamiento de las inversiones en Nicaragua) “insta a los Estados Unidos que detenga el acceso a instituciones financieras internacionales a Ortega hasta que enfrente la corrupción y se celebren elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
Además, la ley, conocida como Nica Act, pide también al Departamento de Estado que publique un informe sobre el modo en que el régimen nicaragüense, a través de su Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional o el sistema judicial, están directamente involucrados en actos de corrupción pública y violación de Derechos Humanos.
Ahora sí, hablemos de la Ley Renacer:
¿Qué hace la Ley Renacer con la que USA busca presionar a Ortega en Nicaragua?
Se busca que sea más difícil otorgar préstamos a Nicaragua, a la vez que se promueven más sanciones contra el país.
¿Por qué ahora y no antes de las elecciones?
Se esperaba que Biden firmara la ley, dos días antes de los comicios en Nicaragua. Sin embargo, el presidente no quería que la legislación enviara un mensaje equivocado y aprovechara la medida para hacer propaganda contra Estados Unidos, justificando así todas las maneras en las que ha buscado atornillarse en el poder.
“Es importante que (la Casa Blanca) no haga nada que distraiga de lo que va a ser un claro abuso de poder en Nicaragua”, dijo un alto funcionario estadounidense. “La firma (antes de los comicios) no va a cambiar nada de lo que ya han hecho: robarse el poder”, agregó.
La ley, cabe recordar, ya fue aprobada por el Congreso por 387 votos a favor. En la discusión final del proyecto de ley, solo 35 representantes a la Cámara votaron en contra de la legislación, destacando los votos negativos de seis republicanos y de los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Jim McGovern.
Ahora, terminadas las elecciones, Biden promulga la Ley Renacer. El lunes, al conocerse los resultados provisionales con los que Ortega tuvo la victoria, Biden recordó que Estados Unidos usará “todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y hacer responsable al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”.
“Impopular desde hace mucho tiempo y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo desde ahora gobierna Nicaragua como autócrata”, recalcó el presidente estadounidense.
¿Qué hace la Ley?
La Ley Renacer tiene dos objetivos principales: expandir la supervisión de los préstamos a las instituciones financieras internacionales de Nicaragua y alinear la diplomacia estadounidense y las sanciones selectivas para promover elecciones democráticas. Es decir, se busca que sea más difícil otorgar préstamos a Nicaragua a la vez que se promueven más sanciones contra el país.
Para fortalecer la supervisión de los préstamos, Estados Unidos demandará información clasificada sobre casos de corrupción relacionados con la familia de Ortega y los miembros de la cúpula de su gobierno, así como las actividades de gobiernos extranjeros, como el de Rusia, en Nicaragua, incluidas las ventas de equipo militar. También se pedirán informes sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses bajo el mandato de Ortega.
En síntesis, estos son los puntos que están incluidos en la Ley Renacer:
Amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios.
Alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas para promover elecciones democráticas.
Pide al poder ejecutivo que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA).
Requiere coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea.
Agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción.
Requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno y la familia del presidente Ortega, así como las actividades del gobierno ruso en Nicaragua.
Requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA).
Requiere reportar sobre abusos de Derechos Humanos cometidos por fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.
En conclusión, ninguna de las leyes u otros mecanismos perversos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, buscan ayuda y progreso para estos países, solo desean injerenciar, controlarlos, y robar sus tesoros nacionales, para el provecho del águila imperial.
