La conspiración del genocidio contra Corea del Norte: una carta abierta a la Corte Penal Internacional.
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Por Christopher Black y el Prof. Graeme McQueen
Global Research, 26 de enero de 2018
Nueva Perspectiva del Este
Región: Asia, EE. UU.
Tema: Naciones Unidas, agenda de guerra de la OTAN de Estados Unidos
Informe detallado: COREA DEL NORTE, Guerra Nuclear.
Traducido por Mikel Vivanko para el Frente Antiimperialista Internacionalista.
Las amenazas estadounidenses contra Corea del Norte continúan creciendo, y con ellas la amenaza
del genocidio del pueblo de Corea del Norte por parte de los Estados Unidos de América y sus
aliados. La reunión de Estados Unidos, Canadá y otras naciones que atacaron Corea del Norte en
1950 celebrada en Vancouver, Canadá, el 16 de enero, que algunos esperaban condujera a una
solución política, en cambio tomó el carácter de una reunión de criminales que por su presencia, el
acuerdo y las acciones los hicieron parte en una conspiración para cometer genocidio, un crimen
bajo el estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención del Genocidio de 1948.
Las amenazas contra Corea del Norte se deben a un solo hecho: la República Popular Democrática
de Corea se niega a aceptar la hegemonía mundial del Imperio estadounidense. No tiene nada que
ver con las armas nucleares. Ahora se siente como una obviedad decir que todos los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad están armados con armas nucleares, que los Estados Unidos
las ha utilizado en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que han amenazado continuamente con
utilizarlas para intimidar a otras naciones desde 1945, que Pakistán, India e Israel las tienen, que los
miembros de la OTAN en Europa las tienen a su disposición bajo la dirección de los EE. UU., que
Corea del Norte no viola ninguna ley internacional al desarrollarlas para defenderse, para garantizar
su seguridad al igual que todas esas otras naciones lo han hecho, que Corea del Norte no amenaza a
nadie y sólo busca tener una paz completa y definitiva con los Estados Unidos.
El tema de las armas nucleares es simplemente el pretexto que Estados Unidos está usando para
intentar solidificar su tiranía sobre Corea, sobre el mundo.
La amenaza a la paz mundial no proviene de Corea del Norte. Viene de los Estados Unidos y sus
aliados: aquellas naciones que se han degradado en estados vasallos subyugados, dispuestos a
obedecer cualquier orden criminal de sus amos de guerra en Washington.
En respuesta a lo que en nuestra considerada opinión son acciones criminales, el Dr. Graeme
MacQueen, Fundador y ex-Director del Centro de Estudios para la Paz, en la Universidad
McMaster, y yo, consideramos necesario enviar la siguiente Carta Abierta al Fiscal de la Corte
Penal Internacional el 23 de enero.
Carta abierta
Estimada Señora Fiscal:
Re: Amenazas de genocidio contra la República Popular Democrática de Corea
Nosotros, los abajo firmantes, compartimos el deseo de los canadienses de establecer y preservar la
paz en el mundo. Por lo tanto, es necesario que le solicitemos que abra un informe de investigación
sobre la acción de los gobiernos aliados a los Estados Unidos, incluidos Canadá, sus ministros de
gobierno y funcionarios activos, en la crisis actual con la RPDC.
La vergüenza y el impacto ante las amenazas del presidente Trump contra Corea del Norte han sido
generalizadas, y han llevado a una discusión seria en los Estados Unidos sobre si el Sr. Trump es
mentalmente apto para gobernar. Sin embargo, las amenazas del Sr. Trump y su secretario de
defensa van mucho más allá de la esfera doméstica estadounidense, y tienen implicaciones directas
para otros países, incluidos Canadá.
El artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que el genocidio
significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en su totalidad,
un grupo nacional, étnico, racial o religioso:
(a) matar a los miembros del grupo,
(b) causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo,
(c) infligir deliberadamente en el grupo condiciones de vida calculadas para provocar la
destrucción física, en todo o en parte, del grupo.
La conspiración para cometer genocidio se entiende en el derecho internacional como un acuerdo
concertado para cometer genocidio que pueda inferirse de la conducta de los conspiradores. La
evidencia para respaldar la acusación de genocidio puede basarse en evidencia circunstancial y
evidencia directa. Además, la acción concertada o coordinada de un grupo de individuos puede
constituir evidencia de un acuerdo.
El 8 de agosto de 2017, Trump dijo que las amenazas de Corea del Norte «se enfrentarán con fuego
y furia como nunca antes se había visto». Su secretario de defensa, James Mattis, siguió en esta
línea el 9 de agosto con la declaración de que:
«La RPDC debería dejar de considerar acciones que conducirían al fin de su régimen y la
destrucción de su pueblo».
El Sr. Mattis agregó un comentario adicional el 3 de septiembre:
«No estamos buscando la aniquilación total de un país, a saber, Corea del Norte, pero como dije,
tenemos muchas opciones para hacerlo».
Durante su discurso inaugural a la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre, el Sr. Trump
dijo:
«Estados Unidos tiene gran fortaleza y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse a sí misma
o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte».
Finalmente, el Secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, durante una entrevista el 17 de
enero de 2018 en la Universidad de Stanford con Condoleeza Rice, declaró con aprobación en
referencia a las muertes a bordo de barcos pesqueros coreanos que salen al mar en invierno sin el
combustible necesario:
«Ellos [los norcoreanos] están sintiendo el efecto de nuestras sanciones».
Esta es una evidencia directa de que Estados Unidos está creando intencionadamente condiciones
que causarán la muerte de civiles coreanos a gran escala con el fin de lograr los objetivos de los EE.
UU.
El exceso retórico («fuego y furia») es una cosa, pero esta serie conectada de declaraciones, que
incluye una amenaza de destrucción total, constituye una amenaza de genocidio. Se puede
argumentar que el genocidio amenazador no es un delito, pero la «incitación pública al genocidio»
se incluye explícitamente como delito en la Convención contra el Genocidio de la que EE. UU. es
parte firmante. Por lo tanto, promoviendo pública y apasionadamente el genocidio como una opción
política, el Sr. Trump y el Sr. Mattis han entrado legalmente en territorio peligroso. Dado que los
EE. UU. son parte en la Convención contra el Genocidio, las disposiciones de la Convención tienen
el rango de ley en los Estados Unidos.
Para condenar con éxito a alguien por genocidio, se requiere prueba de intención. La fiscalía debe
mostrar «intención de destruir». Esto suele ser un desafío para la fiscalía ya que los perpetradores
rara vez transmiten sus intenciones destructivas al mundo por adelantado. Pero, como dos
estudiosos del genocidio ya han argumentado en el Washington Post, la dirección de los Estados
Unidos ha hecho precisamente eso: ha telegrafiado sus intenciones. Si, señalan, el Sr. Trump hace lo
que ha amenazado, enjuiciarlo por genocidio tomaría un camino directo.
El país del abajo firmante, Canadá, es miembro de la CPI y está bajo su jurisdicción, y los líderes y
funcionarios canadienses tienen responsabilidad individual por cualquier delito cometido en virtud
del Estatuto. Dado que hay pruebas claras de que el crimen de genocidio se está debatiendo
abiertamente y de que los líderes estadounidenses están llevando a cabo planes contra la población
de la RPDC, y, en estas circunstancias y con pleno conocimiento de estas amenazas y planes,
aliados, incluida Canadá, están cooperando con el gobierno de los Estados Unidos y se reúnen para
discutir acciones a tomar contra Corea del Norte, y dado que estos aliados de los Estados Unidos
parecen estar ignorando el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de
Roma, es necesario que su oficina lleve a cabo una investigación para considerar las pruebas y
procesar si hay evidencia de un delito.
Los Estados Unidos de América ya no son miembros de la CPI. Sin embargo, están obligados por la
Carta de las Naciones Unidas a mantener la paz mundial, son parte en la Convención contra el
Genocidio y fueron patrocinadores de la Corte Penal Internacional. Además, la Corte Penal
Internacional no sólo tiene un papel investigador y fiscal, sino también el papel de informar al
mundo sobre la conducta delictiva cuando está ocurriendo; y tiene el deber de hacer una declaración
pública que la condene cuando suceda. Optó por hacerlo con respecto a Kenia, por ejemplo. Debería
hacerlo en la crisis actual.
Pedimos que la Oficina del Fiscal abra un expediente de investigación en este asunto y, además, use
su voz como Fiscal y el imperativo moral que su oficina afirma representar para evitar el genocidio
y para condenar como violaciones graves del derecho penal internacional las intenciones y acciones
anunciadas de las naciones mencionadas anteriormente.
Instamos a otros a hacer lo mismo.
Christopher Black
Graeme MacQueen
Christopher Black es un abogado penal internacional con sede en Toronto. Es conocido por una
serie de casos de crímenes de guerra de alto perfil y recientemente publicó su novela «Beneath the
Clouds». Escribe ensayos sobre derecho internacional, política y eventos mundiales, especialmente
para la revista en línea «New Eastern Outlook».
El Dr. Graeme MacQueen, Fundador y ex-Director del Centro de Estudios para Paz, en la
Universidad McMaster, Hamilton.
La fuente original de este artículo es New Eastern Outlook
Copyright © Christopher Black y Prof. Graeme McQueen, New Eastern Outlook, 2018.
