La derogación de la reforma laboral y el mágico «cambio de paradigma» de Yolanda Díaz. Tita Barahona

El jueves 23 de diciembre, la ministra de Trabajo del gobierno de España, Yolanda Díaz, anunciaba en su cuenta de Twitter:

   “Acabamos el 2021 cumpliendo el compromiso del Gobierno: una nueva legislación laboral que recupera derechos en favor del trabajo decente. Gracias a las organizaciones sindicales y empresariales por todas las horas dedicadas a este acuerdo de país”.

El compromiso inicial de la coalición de gobierno (PSOE-UP) fue, literalmente, derogar la reforma laboral que el Partido Popular impuso en 2012 por decreto ley. Pero como, desde el principio, los socios de gobierno sabían que esto era un simple cebo electoral, desde el Ministerio de Trabajo la alquimista Yolanda Díaz metió primero la “derogación” en su particular alambique discursivo para que saliera transmutada en “modernización del mercado de trabajo”, de modo que, de la “derogación”, solo quedara el poso descartable del “fetiche político”.

Después, una vez trasladado el destilado de la “modernización” a la retorta del “diálogo social”, ha salido la piedra filosofal en forma de “acuerdo”, cuyo principal ingrediente es la reforma laboral de 2012 sazonada con los retoques exigidos por la Comisión Europa, que no erosionan en absoluto los intereses de la clase empresarial. Unos intereses que, por la propia naturaleza del sistema capitalista, son contrarios a los de la clase trabajadora.

Ciertamente, el juego de triles semántico de doña Yolanda Díaz ha logrado que a las mentiras y a dejar todo prácticamente como estaba se le llame “cambio de paradigma”, tal como dijo en una entrevista a la Cadena Ser:

«No se trata de un retoque, es un cambio de paradigma fundamental».

     Lo repitió en un mensaje a la ciudadanía emitido por TVE 1 -que no va a ser solo el monarca- dirigido especialmente a los jóvenes. La ministra, que aspira a presidenta del próximo gobierno, no escatima oportunidades.

La patronal -CEOE- ha celebrado el acuerdo, porque este “cambio de paradigma” deja tal y como estaban los mecanismos de “flexibilidad” de las empresas, lo cual significa que se mantienen los aspectos centrales de las reformas laborales anteriores (las del PSOE y PP), verdadera causa de la precariedad e inestabilidad del empleo: el despido libre y barato.

     Tanto la CEOE como Cepyme reconocieron que «el acuerdo consolida el modelo laboral actual», un formato que -según su particular terminología – «ha permitido incrementar la productividad de las empresas».

Todos los medios corporativos coinciden en este punto. Hasta El País ha reconocido que el documento consensuado:

“No supone una derogación de la reforma del PP, como han defendido durante meses algunos sectores del Gobierno, en especial la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz”.

Que la patronal no iba a pasar por el aro de derogar realmente ninguna de las recientes reformas laborales, lo sabía la propia Yolanda Díaz poco antes de las elecciones de 2019. Así lo expresaba en su Twitter:

  «El PSOE sabe que la CEOE nunca aceptará derogar la reforma laboral, siquiera, la del PP. Que Calviño derive la derogación al diálogo social, conociendo la negativa de la CEOE, deja claro que no la derogarán«.

   A falta de conocer el texto definitivo de la no-derogación, el borrador de que se dispone sugiere que se ha puesto cierto límite a la temporalidad y la subcontratación, si bien se presentan como novedades aspectos sobre los que ya había jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y -algo muy importante-: se sigue apostando por la externalización de trabajos de limpieza (como el de las kellys) y de cuidados (ayuda a domicilio), que favorece la precarización de sectores productivos feminizados, esos que se supone preocupan más a un gobierno que se autodefine «feminista».

Los contratos de trabajo se presumen indefinidos. Los temporales serán por causas “imprevisibles” o “previsibles”, estos últimos de corta duración (ocasionales). Los primeros serán de un máximo de 6 meses ampliables a un año (antes el contrato por obra y servicio podía extenderse a 3 años). Los “previsibles” no podrán durar más de 90 días en un año. Sin embargo, en las empresas que no sobrepasan los 25 trabajadores, sigue siendo de 90 días el periodo de prueba en contratos indefinidos para trabajadores que no sean técnicos titulados, con lo es evidente la trampa que se puede hacer.

Se reduce asimismo de 24 a 18 meses el período para considerar fijo a un trabajador temporal que encadene varios contratos y se endurecen las sanciones a las empresas que incumplan el nuevo régimen de contratación temporal. En la construcción, el contrato fijo de obra, que la justicia europea declaró abusivo, se redefine como indefinido, pero se le abre la posibilidad al empresario de extinguirlo en caso de que no pudiera recolocar al empleado en distintas obras (algo que no le sería difícil justificar).

Para los jóvenes, continuarán los contratos basura de prácticas limitándose los períodos mínimo y máximo según modalidad, aunque ahora se amplía la edad tope de los 25 a los 30 años y estos contratos se podrán realizar a tiempo parcial.

Otro aspecto que cambia es que el convenio sectorial tendrá de nuevo prevalencia sobre el de empresa, aunque sólo a efecto salarial. Pero los convenios estatales podrán bloquear las mejoras que introduzcan los autonómicos.

Los elementos que precarizan las relaciones laborales quedan, por lo tanto, inalterados. Los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal del Empleo) se mantienen. Así, cuando a las empresas les convenga despedir a trabajadores, el Estado pagará sus sueldos. Ello aumentará el déficit público, pero se corregirá recortando servicios (como la sanidad) y prestaciones (como las pensiones públicas); es decir: los salarios indirectos y diferidos de los trabajadores y las trabajadoras. Al final pagaremos nuestros propios despidos.

Se mantiene asimismo la rebaja de días de indemnización por despido improcedente (de 45 a 33 días con reducción de máximo de mensualidades) que impuso el Partido Popular contra la clase trabajadora, así como la anulación de los salarios de tramitación (los percibidos mientras se resolvían las demandas por despido improcedente).

Los ERE’s (Expedientes de Regulación del Empleo) o despidos colectivos seguirán haciéndose por iniciativa exclusiva de las empresas, sin el control de la Administración, y no se alteran las cuantías de las indemnizaciones por despido dentro de un ERE (20 días por año trabajado).

Quedan intactos, además, otros aspectos lesivos para la clase trabajadora como son, entre otros, los contratos a tiempo parcial no voluntarios, el abuso de las horas extras o la cesión de trabajadores por medio de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT’s).

La reforma laboral de 2012 permanece prácticamente igual. El nuevo acuerdo no implica más que la actualización de esta norma previa para adaptarla al marco del Plan de Recuperación de la crisis capitalista actual diseñado por la Unión Europea.

Exigencia de la Comisión Europea era precisamente el respaldo de la patronal y los sindicatos a dicha actualización. El gobierno vende la no-reforma laboral como un logro, porque ha sido resultado del “diálogo social” -esa idea falaz de que trabajadores y empresarios tenemos intereses comunes. Poco de social tiene el trío formado por el gobierno, la patronal y unas cúpulas sindicales (las de CC.OO y UGT) que hace tiempo han demostrado estar al servicio de aquélla. Los intereses de los trabajadores han estado ausentes en esta mesa de negociación.

Tanto los portavoces de CCOO y UGT como la ministra Yolanda Díaz aseguran que esta es una “reforma” que “recupera derechos para los trabajadores”. Todavía no han dicho cuáles exactamente; porque en realidad no se ha recuperado ninguno. Pero, eso sí -y también como novedad-, ha recibido la bendición de los obispos, ahora que la ministra de trabajo ha estrechado lazos con el Vaticano.

El gobierno “más progresista de la historia” ha aprobado la reforma laboral que iba a derogar. Esto en un período de precarización del trabajo y recortes en servicios públicos -ya práctica cancelación de algunos-, que dan como resultado un empobrecimiento galopante de la clase trabajadora.

La patronal lo ha dicho claramente: el acuerdo

“consolida el modelo laboral actual” del mismo modo que “mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la paz social”.

   Ni hay paz social, porque llevamos décadas de un ataque furibundo del capital a la clase trabajadora, en una clara ofensiva de clase; ni la clase trabajadora queremos la paz social, sino organizarnos del modo que nos permita revertir esta ofensiva contra nuestros derechos y nuestras vidas.

La lucha no es solo económica, sino también ideológica cuando todo su empeño -el del capital y el Estado que le sirve de Consejo de Administración- es difundir una propaganda que convierte mentiras en «cambios de paradigma» y la precarización y el empobrecimiento en  «derechos laborales».

VÍDEO: Cuando Yolanda Díaz exigía la derogación de la reforma laboral a su predecesora… para acabar diciendo que al hablar de derogación se refería solamente a un «fetiche político»

(Publicado en Canarias Semanal, el 26 de diciembre de 2021)