LA DESTRUCCIÓN DE LAS SOCIEDADES EUROPEAS (parte I) Andrés Piqueras

Hay sobre todo dos líneas que confluyen, en la actualidad, para explicar el destrozo de las condiciones de vida de las poblaciones europeas, y que en realidad se pueden concretar en una: la degeneración del modo de producción capitalista.

La primera línea es la que traza la caída del valor y de la plusvalía productiva paralela al desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas. El cada vez menor valor como nuevo valor obtenido por unidad de capital invertido en la economía productiva (industrial-agrícola), es lo que ha llevado a la clase capitalista a revertir cada vez más capital a su forma simple de dinero, y a destinarlo al casino global, eso que llaman “finanzas”. Un dinero especulativo-rentista, que ante la caída de beneficios productivos busca apropiarse de la riqueza social. También fuerza la expansión del mercado a toda costa, ya sea mercantilizando actividades humanas que sostienen la vida, ya sean los bienes básicos para la misma. En su enervada huida hacia adelante, los agentes del capital exigen un creciente gasto energético para intentar compensar con el incremento desenfrenado de la actividad económica la caída de rentabilidad (algo así como si una mayor masa de ganancia -no productiva- pudiera compensar indefinidamente la decadencia de la tasa de ganancia productiva).

La otra línea vinculada a la declinación de beneficios y de los recursos necesarios para mantener ese crecimiento espurio, es la GUERRA.

La UE fue concebida para promover colectivamente y blindar los intereses de lo que dieron en llamar “capital financiero” (que se define mejor como capital a interés cada vez más especulativo-parasitario). Cualquier intento que se ha hecho de legislar en detrimento de su prioridad ha sido desarticulado por el capital colectivo acantonado en Bruselas. [LA UNIÓN EUROPEA: UN PROYECTO DE EE.UU. CONVERTIDO EN BRAZO POLÍTICO DE LA OTAN – El blog de Andrés Piqueras].

En los últimos lustros, la clase capitalista europea, estrechamente vinculada al capitalismo ficticio estadounidense y comisionada por el mismo, está también volcada hacia la GUERRA. El principal cometido que tiene adjudicado dentro de la Guerra Global desatada por la expresión imperial de este modo de producción degenerativo, es acosar a Rusia, intentar generar divisiones internas en la dirección del país, desgastar su economía, agotar a su población… (¿no nos suena esta ‘estrategia’ por altamente repetida a lo largo de la historia imperial?) con el fin último de fragmentar el país en pequeños territorios más “manejables” y apropiarse de sus enormes riquezas energéticas y de materias primas.

Pero algo no está saliendo bien. Vamos a detallar un poco en qué y cómo una y otra vía de razones está empobreciendo a las sociedades europeas al tiempo que se desmorona todo su entramado keynesiano.

Punto de partida: la ruptura con el gas y el petróleo rusos

Las importaciones de gas ruso antes de 2022 eran alrededor de 155 bcm (155 mil millones de m³) al año (un 40% del gas importado), sobre un consumo europeo de 388 bcm.

En los inviernos posteriores a la utilización definitiva de Ucrania como ariete suicida contra Rusia, el suministro de gas ruso a la UE27+UK se redujo un 87,8 %, es decir, unos 976,8 TWh (teravatios/hora) menos por invierno.

A partir de entonces, el GNL (gas natural licuado) pasa de representar el 20,7 % del suministro total de gas, a 37,5 %, con fuerte peso de EE. UU. y Noruega.

Aquí empezó el “shock” de precios.

El índice TTF (Title Transfer Facility, referencia europea del gas) sube de una media de 47 €/MWh (megavatio/hora) en 2021 a 132 €/MWh en 2022, con un pico de 311 €/MWh en agosto de 2022.

Con ello, la UE emprende un precipitado proceso de reducción de la demanda de gas, combinando ahorro y menor producción industrial, así como la irracional diseminación de infraestructura para la energía solar y eólica, a costa del campo, su riqueza y sus gentes. También se lanza hacia la acelerada construcción de nuevas terminales de GNL que contempla como objetivo perentorio.

Ese “éxito técnico” (que al menos evita apagones masivos) convive con un malestar social profundo: inflación, precarización, presión sobre servicios públicos y galopante sensación de vulnerabilidad energética. Lo vemos.

Transmisión del shock energético a la inflación. Impacto en la industria y el empleo

La concatenación básica de factores es evidente: gas caro → electricidad cara → costes de producción más altos en industria, transporte y servicios. El precio de la vida se dispara.

El gas, aunque sea una fracción relativamente pequeña de las importaciones totales, actúa como insumo clave y como referencia de precios en el mercado eléctrico europeo. Así que el shock del gas explica una parte sustancial de la inflación de 2022–2023 en la zona euro, con picos de inflación general superiores al 8–10 % en varios países, y tasas de inflación energética muy por encima de eso.

La caída posterior del TTF y las medidas de apoyo (topes, subsidios, reducción de impuestos sobre energía) moderan la inflación, pero dejan una huella de encarecimiento estructural en vivienda, transporte, alimentos, etc.

La industria intensiva en energía (química, metalurgia, de fertilizantes, papel…) reduce la producción, con paradas temporales y deslocalización hacia regiones con energía más barata (curiosamente sobre todo hacia EE. UU., aunque también a eso que llaman “Medio Oriente”).

Hay una caída del consumo de gas del 19 % atribuida en un 25 % a descensos en la producción industrial. Lo cual se traduce en ERTEs, cierres de plantas y presión sobre regiones industriales (especialmente notorio en Alemania, resto de Europa Central y norte de Italia)

Cuadro 1

Se intensifica la crisis de la economía productiva europea

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En Alemania, en concreto, los datos recientes muestran que la crisis no es solo de Volkswagen o de los fabricantes de automóviles, sino de toda la constelación industrial que sostenía el “modelo alemán”. En 2024, la industria automotriz alemana perdió alrededor de 19.000 empleos según un estudio de la consultora Ernst & Young (https://www.ey.com/de_de/newsroom/2025/03/ey-automobilstandort-deutschland-2025), que señala que la cifra es sólo el comienzo de un proceso de ajuste profundo. El empleo total en el sector cayó a 761.000 trabajadores, el nivel más bajo desde 2013, frente a los 834.000 de 2018. La caída se explica sobre todo por los costes energéticos elevados, por también por la debilidad de la demanda, la transición simultánea entre motores de combustión y eléctricos y la pérdida de mercado en China.

Pero la crisis es más amplia. En 2024, gigantes como BASF, Bosch y Bayer anunciaron recortes de plantilla, en un contexto de destrucción de empleo comparable a la crisis de 2008. Volkswagen llegó a plantear el cierre de varias fábricas en Alemania y, finalmente, cesó la producción en su planta de Dresde en 2025, un hecho sin precedentes en la historia del grupo en su país de origen, y el sector del motor ha destruido un 6,5% del empleo según la Agencia Federal de Empleo alemana. La situación afecta también a proveedores: Bosch, ZF, Continental y Schaeffler han anunciado reducciones de empleo que suman decenas de miles de puestos entre 2023 y 2026, en un proceso de contracción estructural del sector de suministros, que es incluso más grande que el de fabricantes y absorbe la mayor parte del ajuste.

Volkswagen también ha comunicado un plan de recorte que podría llegar hasta los 100.000 empleos en los próximos años, equivalente al 15% de su plantilla global, junto con el cierre progresivo de tres plantas entre 2029 y 2031. Este anuncio se suma a los recortes previos de Ford, Stellantis, ZF y otros fabricantes europeos, que también han reducido miles de puestos de trabajo en Alemania y otros países de la UE. La crisis se extiende a toda Europa: Michelin cerrará dos plantas en Francia (1.250 empleos), Schaeffler eliminará 4.700 puestos, Bosch recortará 5.500, Ford 4.000 y Feintool cerrará un sitio en Alemania con 200 despidos (https://www.reuters.com/business/autos-transportation/europes-embattled-auto-sector-plans-plant-closures-layoffs-2024-12-02/).

 La consecuencia social es la destrucción de empleo cualificado y bien remunerado en la producción, que se sustituye por trabajos peor pagados en servicios*, mientras el coste de la vida sigue aumentando.

*(Recordemos que el valor como nuevo valor -que es la sangre del Sistema- sólo se consigue en el sector productivo).

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La agricultura y el conjunto de la cadena alimentaria, altamente dependiente de la energía y los insumos, sufre un aumento de los costes de producción (fertilizantes, energía, transporte, riego…) que se traslada a los precios de los alimentos (según detallaremos más adelante). En muchos países de la UE, la inflación alimentaria supera la inflación general, con incrementos acumulados de dos dígitos en productos básicos (pan, lácteos y carne).

Esto causa también un alto malestar en el sector primario: protestas de agricultores por costes, alta burocracia, competencia internacional y “transición ecológica” percibida como impuesta desde las instituciones de la UE a su costa.

El encarecimiento del diésel y la volatilidad del petróleo incrementan los costes de las flotas de camiones y empresas de logística. Parte de estos costes se trasladan a los precios finales; otra parte se absorbe vía reducción de márgenes y precarización laboral (autónomos, subcontratas…).

Las empresas de transporte público (autobuses, trenes, furgones, taxis…) sufren aumento de costes energéticos, que provoca una tensión financiera en operadores públicos, la necesidad de subsidios adicionales y dispara los debates sobre la sostenibilidad de la oferta de servicios.

Todo ello alimenta el malestar político y el auge de fuerzas que se dicen a sí mismas “euroescépticas” o “anti‑sanciones”, pero que de cierto son la “opción” proto-(neo)fascista, de recambio, que el Sistema tiene preparada para evitar el ciclo histórico político que nazca de su degeneración, y para enfrentar, en lo inmediato, una más que previsible extendida ola de agitación social (que ya estamos empezando a ver).

Ese posible recambio hacia un nuevo fascismo viene ayudado por la subordinación a Bruselas de las escasas y raquíticas izquierdas integradas (“izquierdas del Sistema”) que quedan tras la debacle neoliberal, por su participación en gobiernos de la OTAN o incluso –como el caso de Syriza- por su plegamiento a la ‘troika’ comunitaria cuando gobiernan, lo que las hace también objeto del malestar y la rabia social de las poblaciones, que las contemplan crecientemente como parte de la “casta” dominante, esto es, de sus problemas (así se lo han dejado ver, por ejemplo, los/las manifestantes por la vivienda de estos días a formaciones como IU y el mismísimo PCE -¡qué triste derrotero el suyo!- y resto de fuerzas cómplices del gobierno que integran Sumar-). Mientras que precisamente una de las principales atracciones de la ultraderecha es exhibirse como pretendidas fuerzas “antisistema”.

Servicios públicos: salud, educación, infraestructuras

El aumento de costes energéticos se suma a la presión demográfica (envejecimiento poblacional), secuelas de la pandemia (enormes listas de espera, personal agotado) y el reto de retener profesionales.

La sanidad (hospitales y centros de salud son grandes consumidores de energía -calefacción, climatización, equipamiento-) sufre un “estrés presupuestario”: más gasto para mantener un peor nivel de servicio, e intento de cuadrar cuentas entre energía, salarios y medicamentos.

Cuadro 2

Radiografía del cuadro sanitario europeo

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Personal sanitario

A) Médicas/os por cada 1.000 habitantes (OCDE, 2023)

• UE‑27 media: 3,2 médicas/1.000 hab.
• Recomendación OMS: 4,5 médicas/1.000 hab.

B) Enfermeras/os por cada 1.000 habitantes

• UE‑27 media: 8,5/1.000 hab.
• Países nórdicos: 12–14/1.000 hab.
• España: 6,3/1.000 hab. (muy por debajo de la media europea)

C) Vacantes sanitarias sin cubrir (Eurostat, 2024)

• Alemania: ~35.000 puestos médicos y de enfermería sin cubrir.
• Francia: ~25.000.
• España: ~9.000 médicos especialistas faltantes en el SNS.

Conclusión: la UE tiene un déficit estructural de personal, agravado por jubilaciones masivas y condiciones laborales peores que en el sector privado.

Listas de espera: el indicador más claro del deterioro

A) Cirugías programadas (2023–2024)

• España:
  • 849.535 personas en lista de espera quirúrgica (récord histórico).
  • Tiempo medio: 128 días (más del doble que hace una década).

• Francia: Retrasos acumulados tras la pandemia: +30 % en tiempos de espera.

• Alemania: Aumento de +15 a 20 % en tiempos de espera para especialistas desde 2021.

• Italia: Más de 600.000 intervenciones retrasadas.

Infraestructuras sanitarias: envejecimiento y falta de inversión

A) Edad media de los hospitales (Eurostat, 2023)

• Más del 40 % de los hospitales europeos tienen más de 40 años.
• Renovaciones profundas necesarias en:
  • sistemas eléctricos,
  • climatización,
  • eficiencia energética,
  • quirófanos,
  • equipamiento diagnóstico.

B) Inversión en infraestructuras sanitarias (UE‑27)

• Inversión anual recomendada: 0,6–0,8 % del PIB.
• Inversión real: 0,3–0,4 % del PIB.
• Brecha anual: ~€60.000 millones de inversión faltante.

Esto explica por qué muchos hospitales tienen:

• quirófanos obsoletos,
• falta de camas UCI,
• sistemas informáticos desactualizados,
• edificios ineficientes energéticamente (lo cual encarece su operación).

Saturación de urgencias

Datos UE (2023–2024)

• Aumento de visitas a urgencias: +12 a 18 % respecto a 2019.
• Causas:
  • falta de médicos de atención primaria,
  • envejecimiento,
  • enfermedades crónicas,
  • pobreza energética (más crisis respiratorias en invierno).

Las urgencias se han convertido en “válvula de escape” de un sistema que no puede absorber la demanda en atención primaria.

Atención primaria: el cuello de botella

A) Médicos/as de familia por 1.000 habitantes (UE‑27)

• Media UE: 0,8/1.000 hab.
• España: 0,7/1.000 hab.
• Francia: 0,9/1.000 hab.
• Alemania: 1,1/1.000 hab.

B) Tiempo para obtener cita (2023–2024)

• España: 6–15 días de espera media.
• Francia: 10–20 días para especialistas.
• Alemania: 15–30 días para especialistas.

 La atención primaria está infrafinanciada, lo que repercute en todo el sistema.

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Escuelas y universidades también sufren el aumento de costes de mantenimiento, deterioro de instalaciones y servicios, así como la pérdida de profesionales. Las ratios alumnado/profesor-a (15,2 en Alemania; más de 16 en Países Bajos; casi 15 en Francia…) son del todo incompatibles con un sistema educativo de calidad. El envejecimiento docente es crítico, el 40% del profesorado europeo tiene más de 50 años (porcentaje que llega al 50 por ciento del profesorado en el caso de Alemania). La falta de reemplazo genera aulas más grandes, menos atención individual y mucha mayor rotación del profesorado (más jubilaciones cada año, más bajas prolongadas, más profesores interinos que cambian de centro cada curso, más contratos temporales que no se consolidan, más profesorado joven que abandona la profesión en los primeros 5 años, más vacantes cubiertas por sustitutos sin continuidad, más movilidad forzada entre centros por falta de personal estable…).

En cuanto a las infraestructuras, la combinación de inflación en materiales de construcción y energía encarece cualquier proyecto (carreteras, vías públicas, ferrocarriles, hospitales, redes eléctricas…). Los Estados se ven obligados a revisar al alza presupuestos de obras públicas, priorizar proyectos dejando otros en espera, aumentar deuda o reorientar gasto desde otros capítulos.

En conjunto, la ciudadanía percibe unos servicios públicos verdaderamente deteriorados, más caros y menos eficaces, lo cual va aumentando el apoyo a partidos “ultras” que supuestamente cuestionan sanciones a Rusia, se posicionan en contra de la (tan cacareada como irreal) “transición ecológica” (sus pocos pasos forzados por el propio auto-corte del suministro ruso) o incluso dicen rechazar las directrices de la propia UE.

[¿Vemos, pues, cómo se va cerrando el círculo de retroalimentación negativa, para inclinar la balanza hacia la ultraderecha proto-(neo)fascista que en realidad no está por acabar la agresión a Rusia ni tiene ningún programa que desafíe a la UE, sino sólo contra los escasos restos de corte social que quedan en los diferentes gobiernos estatales? Ved, si no, los gobiernos donde están gobernando esas fuerzas en solitario o en coalición qué resultados muestran al respecto de todo ello].

Pero además, el deterioro de los servicios públicos es aprovechado para la apropiación privada de la riqueza pública (en un proceso de privatización incesante, cual gota de agua que horada la roca).

Y aquí confluimos de nuevo con la línea 1 en la que incursiona la clase capitalista global para intentar salir de la Crisis: el saqueo de la riqueza colectiva –que podría traducirse por “cómo intentar sacar beneficio de la propia Crisis”-. Lo que quiere decir que una clase capitalista cada vez más vinculada al entramado financiero y menos al productivo, se apropia y especula con los bienes básicos de los que no puede prescindir la población.

Privatización creciente de servicios públicos en la UE y el caso español

A escala europea, los datos de Eurostat sobre gasto público por función (COFOG -Clasificación de las Funciones del Gobierno-) muestran una tendencia de largo plazo hacia la externalización y la participación creciente del sector privado en ámbitos como salud, educación, transporte y servicios sociales. Aunque el gasto público total se mantiene elevado en muchos países, una parte creciente de ese gasto se canaliza a través de contratos con empresas privadas, concesiones y partenariados público‑privados. Esto significa que servicios que antes eran prestados directamente por estructuras públicas pasan a ser gestionados por empresas, con lógicas de rentabilidad y, a menudo, con tarifas más altas o condiciones laborales más precarias.

En el Reino de España el proceso de privatización y liberalización se acelera desde los años 80 y 90 del siglo XX. Bajo Miguel Boyer (ministro de Economía y Hacienda en el primer gobierno de Felipe González), se inicia una política de liberalización financiera y de reducción del peso del sector público empresarial, que prepara el terreno para las grandes privatizaciones posteriores. Esas vendrían con los gobiernos de José María Aznar (1996‑2004), cuando se produce la venta de participaciones estatales en empresas estratégicas: se culmina la privatización de Telefónica, se privatizan Argentaria (que luego se integra en BBVA), Repsol, Endesa y otras grandes compañías energéticas y de infraestructuras. El resultado es que sectores como telecomunicaciones, energía y parte del transporte pasan a estar dominados por grandes grupos privados, muchos de ellos con fuerte presencia de capital extranjero (antes, para conseguir el dominio de las estructuras estratégicas de un país, había que invadirle militarmente. Hoy la falta de soberanía real de los Estados se ilustra perfectamente en que están en manos del Gran Capital Global).

Algunos ejemplos (véase la importancia de las grandes gestoras de Fondos de Inversión de las que hemos hablado aquí repetidamente):

Telefónica

Tras su privatización completa en 1997, el capital quedó distribuido entre inversores institucionales.

Entre los principales accionistas en distintos momentos han figurado:

• BBVA
• La Caixa (a través de Criteria)
• BlackRock
• Vanguard
• Fondos de inversión internacionales

Repsol

Después de la privatización:

• La Caixa (Criteria)
• Sacyr
• JP Morgan Asset Management
• BlackRock
• Otros fondos internacionales

Endesa

Tras varios procesos corporativos:

• La italiana Enel, controlada mayoritariamente por el Estado italiano, pasó a controlar Endesa.
• Actualmente Endesa es una filial de Enel.

Es decir, una antigua empresa pública española acabó bajo control de una gran compañía energética extranjera.

Argentaria

Argentaria era un grupo bancario público.

• Fue privatizado.
• Se fusionó con Banco Bilbao Vizcaya (BBV).
• De ahí surgió BBVA.

Gas Natural

Posteriormente rebautizada como Naturgy.

Participaron o han participado:

• La Caixa/Criteria
• Fondos internacionales como BlackRock
• Global Infrastructure Partners (GIP)
• CVC Capital Partners
• IFM Investors

Infraestructuras

Empresas como:

• Abertis
• Ferrovial
• ACS (las tres fueron adquiriendo una importancia creciente en autopistas, aeropuertos, telecomunicaciones e infraestructuras tanto en España como en el exterior).

Con José Luis Rodríguez Zapatero (2004‑2011) se mantiene la lógica de “Estado regulador” más que “Estado empresario”, y se avanza en la apertura al capital privado de infraestructuras como AENA (gestión de aeropuertos) y en la extensión de modelos de “colaboración público‑privada” (que en realidad significa beneficio privado a costa de la inversión pública) en sanidad y servicios sociales en algunas Comunidades Autónomas. Durante su gobierno PSOE y PP acordaron reformar el artículo 135 de la Constitución Española. La modificación introdujo dos principios fundamentales: a) el principio de estabilidad presupuestaria, limitando el déficit estructural de las administraciones públicas; b) la prioridad absoluta del pago de la deuda pública y sus intereses. El apartado más citado es el artículo 135.3: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.» Lo que significa que, jurídicamente, el Estado debe atender antes sus compromisos financieros derivados de la deuda pública que otros gastos presupuestarios discrecionales. Los partidos del capital, ya se sabe, siempre anteponen los intereses del capital (cada vez más del capital a interés especulativo-parasitario, por cierto).

Con Mariano Rajoy (2011‑2018), en plena crisis de deuda y bajo presión de la “troika” (nombre que se dio al grupo de tres instituciones que supervisó y gestionó los programas de rescate financiero de varios países de la eurozona durante la crisis de la deuda soberana, especialmente entre 2010 y 2015: Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), se profundizan las políticas de ajuste y se consolidan privatizaciones y concesiones en autopistas, hospitales y servicios auxiliares, además de contrarreformas laborales que facilitan la externalización de servicios y la extensión de la precariedad.

Si se mira el conjunto de la UE, la tendencia es similar: el peso directo del empleo público en sectores como sanidad y educación se mantiene, pero crece la parte de servicios subcontratados (limpieza, catering, seguridad, mantenimiento, gestión de datos, etc.), y se extiende el modelo de concesión privada en transporte, agua, residuos y energía. Los datos de Eurostat sobre “general government expenditure by function” permiten ver cómo, en paralelo, aumenta la participación de empresas privadas en la provisión efectiva de esos servicios, aunque el pago siga siendo público. Desde el punto de vista de las condiciones de vida, esto se traduce en tarifas más altas, menor control democrático sobre servicios esenciales y una “división de tareas”: el Estado paga, pero la gestión y la lógica de negocio son privadas.

Alimentos y vivienda como activos especulativos

En los alimentos, el mecanismo básico es que dejan de ser sólo bienes imprescindibles de consumo que ya se convirtieron en mercancías, para pasar a ser “activos financieros” a través de los mercados de futuros y derivados (contratos a meses o años vista en donde se especula con los precios que habrá entonces) sobre materias primas agrícolas (trigo, maíz, soja, aceite, etc.). Desde 2021 se observa un fuerte aumento de los precios internacionales de estas particulares commodities, que se trasladó con retraso a los precios al productor y, finalmente, al consumidor. El Banco Central Europeo ha documentado que en la zona euro los precios de los alimentos llegaron a crecer cerca de un 18% interanual a comienzos de 2023 (frente a una media histórica de menos del 2% anual en los últimos 25 años). Esa subida no se explica solo por costes “reales” (energía, fertilizantes, transporte), sino también por la dinámica de los mercados financieros: cuando los fondos de inversión buscan refugio frente a la volatilidad bursátil, aumentan su exposición a materias primas, amplificando los movimientos de precios. La consecuencia social es clara: un bien básico, que debería tener una función de seguridad alimentaria, se convierte en un vehículo de rentabilidad financiera, con una volatilidad que golpea sobre todo a las capas más bajas de la clase trabajadora (así lo explicamos en entrada anterior para el caso de la vivienda LA BARBARIE CAPITALISTA TAMBIÉN SE MANIFIESTA EN LA EXPULSIÓN RESIDENCIAL DE LA CLASE TRABAJADORA – El blog de Andrés Piqueras, en el que abundamos a continuación).

El Parlamento Europeo ha encargado estudios específicos sobre “housing speculation” y “financialisation of housing” en la UE. Uno de ellos muestra que los fondos inmobiliarios residenciales cotizados en la UE-27 han pasado de tener activos tangibles por 4,8 mil millones de euros en 2004 a casi 198,7 mil millones en 2024. Es decir, el volumen de vivienda gestionada como activo financiero por fondos y tenedores corporativos se ha multiplicado más de cuarenta veces.

Al mismo tiempo, entre 2015 y 2024 el crédito hipotecario de los hogares en la UE cayó un 18%, mientras que los precios de la vivienda aumentaron un 61% (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/CASP_ATA(2026)783551). El propio informe indica un cambio de régimen: ya no es tanto el endeudamiento de las familias el que impulsa los precios, sino la entrada de capital institucional y patrimonios acumulados que buscan rentabilidad en el mercado residencial.

Ese estudio subraya además que, aunque la cuota total de vivienda en manos de grandes Fondos sigue siendo relativamente minoritaria, su presencia se concentra en determinados segmentos y ciudades (centros urbanos, vivienda nueva, alquiler “prime”), donde su capacidad de fijar precios y de presionar al alza las rentas es muy significativa. En paralelo, Eurostat muestra que el índice de precios de la vivienda en la UE (base 2015=100) ha alcanzado alrededor de 165 en el primer trimestre de 2026, lo que implica un aumento de más del 65% desde 2015, mientras los salarios reales han tenido una evolución mucho más modesta (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_price_statistics; https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hpi_q/default/table). Además, en 2025, el 27% de los/las jóvenes de la UE vivían en viviendas sobreocupadas, un indicador directo de la presión sobre las condiciones de vida.

Cuando se habla de “fondos buitre” comprando viviendas, se alude precisamente a esta lógica: vehículos de inversión que adquieren grandes paquetes de vivienda (a menudo procedentes de Bancos, de parques públicos o de promotores en dificultades) para maximizar rentas y ganancias, sin ninguna obligación de garantizar accesibilidad o estabilidad residencial. El resultado es que la vivienda deja de ser principalmente un derecho social y se consolida como activo financiero, con dinámicas especulativas cada vez más brutales. Y es que, repito, ante la falta de suficiente beneficio productivo e incluso cuando decae el financiero, los últimos refugios seguros con los que especular son los bienes básicos de los que no puede prescindir la población.

Sobre la vivienda social en la UE y en el Reino de España los datos comparados son muy claros: el Reino de España está en la cola de Europa. Según un análisis comparado del parque de alquiler social, solo el 3,3% de las viviendas principales son vivienda social, frente al 8% de media en la UE‑27. En términos absolutos, el Reino de España tiene 1,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes, frente a 11,5 por cada 100 habitantes en Países Bajos. El parque público español ronda las 318.000 viviendas, apenas el 1,72% de los hogares, muy lejos de los estándares europeos.

Los países con mayor proporción de vivienda social son Países Bajos (29%), Austria (24%), Dinamarca (20%), Francia (17%), Suecia (16%) y Finlandia (11%). Alemania, pese a su tamaño, tiene solo un 4% de vivienda social, pero en términos absolutos cuenta con alrededor de 1,7 millones de viviendas sociales, según Housing Europe. En total, la UE dispone de unos 20 millones de viviendas sociales, equivalentes al 9,7% del parque total.

En el caso español, según el Banco de España, sólo una de cada 65 viviendas es pública, lo que equivale al 1,5% del parque, la cifra más baja de Europa. El esfuerzo para acceder a la vivienda es enorme: en ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona, los hogares en alquiler necesitarían 10 años de renta neta para comprar una vivienda, y el alquiler supera el 30% de la renta en zonas de alta demanda. Los jóvenes entre 18 y 35 años han visto caer su acceso a la propiedad del 41% en 2007 al 22% en 2025.

En general, la crisis social en Europa se agrava por el aumento del precio de la vivienda, que ha subido un 60% de media desde 2015, y por el hecho de que 1 de cada 10 europeos/as no puede pagar su alquiler o hipoteca a tiempo. Además, 1,1 millones de personas duermen cada noche sin hogar en la UE, según FEANTSA.

Datos muy poco “democráticos” y relacionados con los supuestos altos “valores europeos”.

Sobre la pretendida falta de vivienda y la necesidad de seguir construyendo a toda costa

El INE utiliza el consumo eléctrico como indicador: una vivienda se considera vacía cuando no tiene contrato o su consumo anual es inferior al equivalente a 15 días de ocupación. Por este método, el INE estima que alrededor de 3,8 millones de viviendas están realmente vacías en el Reino de España, lo que supone cerca del 15% del parque total. Este dato aparece en el análisis del Censo de Viviendas 2021, que muestra que las viviendas vacías son once veces más numerosas que las viviendas turísticas.

¿Realmente hace falta, entonces, construir y construir exponencialmente, sin parar?, ¿para beneficio de quién?

En cuanto a la propiedad, los datos más precisos provienen del desglose por propietario del Censo 2021. En España hay 417.700 viviendas vacías en las principales ciudades, según el análisis de DatosClaros basado en el INE. De ellas, el 65% pertenecen a particulares, el 20% a grandes tenedores y el 15% a Bancos y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que se creó en 2012 para absorber activos tóxicos de Bancos rescatados tras la crisis inmobiliaria –ya sabe, sus beneficios son privados, sus pérdidas se socializan y luego nunca devuelven lo “prestado” por la sociedad ni perdonan las deudas de sus clientes-).

La Sareb, en particular, gestiona 33.500 viviendas, de las cuales 14.359 están vacías, es decir, el 43% de su cartera. Solo un tercio de estas viviendas vacías están listas para su venta inmediata; el resto están en procesos de adecuación o pendientes de trámites.

Los grandes Fondos y Bancos también poseen una parte significativa del parque en alquiler. Según la Fundación Civio, CaixaBank y Blackstone suman 41.400 viviendas alquiladas, y en total los grandes tenedores controlan más de 185.000 viviendas en el Reino de España. Aunque estas cifras se refieren a viviendas alquiladas, no vacías, muestran la magnitud de la concentración de propiedad en manos de grandes actores.

Por último, el análisis de El Cierre Digital indica que 13 grandes caseros —entre Bancos y Fondos— controlan más de 100.000 viviendas, lo que representa más del 10% del mercado del alquiler. Aunque no todas estas viviendas están vacías, sí muestran la capacidad de estos actores para influir en la oferta y los precios.

Vamos por último a ver en esta entrega cómo la especulación del capitalismo degenerativo actual se ceba con la electricidad.

Cómo funciona el mercado eléctrico (subastas, precio marginal y especulación)

a) Mercado mayorista y subastas

• La electricidad se negocia en mercados mayoristas acoplados al nivel europeo:
  • Mercado “day‑ahead” (día anterior): los productores ofertan cantidades y precios para cada hora del día siguiente.
  • Mercados intradiarios: ajustes dentro del mismo día.
• Cada hora se ordenan las ofertas de menor a mayor precio hasta cubrir la demanda prevista.
• La última central necesaria para cubrir la demanda (la más cara de las que entran) marca el precio para todas: es el llamado precio marginal.

En muchas horas, la tecnología marginal es una central de gas. Aunque haya mucha renovable barata (solar, eólica), el precio final se fija por la central más cara que entra para completar la demanda. El resultado es que cuando el gas se dispara, toda la electricidad se encarece, incluso la producida con renovables o nuclear, porque el mercado paga el mismo precio marginal a todas las tecnologías que han sido aceptadas.

Sobre estos mercados físicos se superponen mercados financieros de futuros y derivados (recordemos, contratos a meses o años vista en donde se especula con los precios que habrá entonces). Los traders pueden apostar sobre la evolución del precio del gas, del CO₂, de la demanda, etc. En un contexto de alta incertidumbre (guerra, sanciones, riesgo de cortes), las expectativas y las posiciones especulativas amplifican la volatilidad. Se compran futuros a precios muy altos por miedo a escasez. Esos precios de futuros influyen en las ofertas de los productores en el mercado físico. El resultado práctico para el consumidor es que no solo paga el coste real de producir electricidad, sino también la prima de riesgo y la volatilidad que se genera en esos mercados.

Cuadro 3

Electricidad: qué significa “desregulación” y por qué podría ser más barata

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De tarifas reguladas y monopolios públicos a mercados liberalizados

1. Antes (modelo regulado/monopolio):

• Empresas eléctricas integradas y, a menudo, públicas: generación, transporte y distribución bajo una misma entidad o pocas.
• Tarifas reguladas: el Estado fijaba precios finales para hogares y empresas, basados en costes medios de producción + margen razonable.
• Contratos a largo plazo: muchas inversiones y suministros se planificaban con horizontes largos, reduciendo la volatilidad.

2. Después (desregulación / liberalización):

• “Unbundling”: separación de generación, transporte y distribución; entrada de múltiples generadores privados.
• Mercado mayorista competitivo: la electricidad se compra y vende en subastas (day‑ahead, intradiario) donde cada central oferta un precio.
• Precio marginal: la última central necesaria para cubrir la demanda (a menudo de gas) fija el precio para todas las tecnologías aceptadas.
• Tarifas finales ligadas al mercado: aunque existan tarifas reguladas para algunos consumidores, el grueso de los precios se referencia al mercado mayorista.

A esto es a lo que se suele llamar “desregulación”: se reduce el control directo del Estado sobre el precio final y se deja a la competencia y al mercado mayorista que fijen precios.

Por qué este diseño encarece y vuelve volátil la electricidad

• Gas como tecnología marginal: cuando el gas está caro, el precio marginal sube mucho, y todas las tecnologías (incluidas renovables y nuclear) cobran ese precio.
• Mercados de futuros y derivados: sobre el mercado físico se construyen mercados financieros donde se negocian expectativas; en contextos de crisis, la especulación y la prima de riesgo amplifican la subida.
• Transmisión a consumidores: las comercializadoras trasladan esos precios (y riesgos) a contratos de hogares y empresas, con cierta protección regulatoria en algunos países, pero no suficiente para neutralizar el shock.

Cómo la electricidad podría ser más barata con otro modelo, aun dentro del beneficio capitalista

Si el coste no se hubiera “desregulado” en este sentido, habría varias alternativas:

• Modelo de coste medio regulado:

• • El regulador fija un precio basado en el coste medio de generación (ponderando nuclear, renovables, hidro, gas, etc.) + margen limitado.
  • El gas caro no arrastra automáticamente todo el precio; se diluye en el mix.

• Contratos a largo plazo (PPAs, tarifas estables):

• • El Estado o empresas públicas firman contratos de suministro a largo plazo con generadores (especialmente renovables y nuclear) a precios relativamente estables.
  • Los consumidores finales pagan tarifas menos volátiles, desvinculadas del precio marginal diario.

• Separación de mercados para tecnologías baratas:

• • Se podría pagar a renovables y nuclear por su coste + rentabilidad razonable.

En resumen, la liberalización y el diseño marginalista hacen que el precio de la electricidad refleje el coste de la tecnología más cara en cada hora, más la prima de riesgo y la especulación. Un sistema más regulado y basado en costes medios y contratos estables habría dado precios menos volátiles y, en promedio, más bajos para los consumidores, especialmente en situación de Guerra Sistémica Permanente. Pero eso iría contra los altísimos y poderosos intereses rentistas de las fracciones dominantes de la clase capitalista global.

En la(s) próxima(s) entrega(s) veremos más concretamente la repercusión de todo esto en precios, o lo que es lo mismo, en un ingente trasvase del fondo de salario de la clase trabajadora al capital rentista (o cómo les damos dinero sin parar a los ricos). Examinaremos, además, cómo se deterioran las condiciones de vida de las personas a través de la Guerra Sistémica Permanente o Guerra Global que lleva a cabo la clase capitalista dirigida por su hegemón estadounidense-sionista.

Pero también trataremos sobre el comienzo de un gran ciclo de lucha social ya en marcha.

(Publicado en el blog del autor, el 3 de octubre de 2026)