Las sanciones a los agricultores españoles enturbian la cooperación militar con Estados Unidos
No es ningún secreto que la transición española y los primeros años del régimen del 78 se diseñaron escrupulosamente desde la embajada de Estados Unidos con dos objetivos muy claros: la entrada en la OTAN y la permanencia de las bases norteamericanas instaladas en 1953 tras la firma de Franco de los Pactos de Madrid, con los que se iniciaba una etapa de cooperación en materia de defensa que continua hasta hoy.
No, no es una atribución ideológica ni política, ni antiimperialista. Hay una extensa bibliografía y documentación a disposición de cualquier persona que quiera comprobarlo, desde las publicaciones «La CIA en España» o «Las Claves de la Transición» de Alfredo Grimaldos, hasta obras como «La gran desmemoria» de la derechista opusiana Pilar Urbano, todas profundizan en la tutela de la Agencia Central de Inteligencia en la construcción de un sistema democrático a medida de los intereses de Estados Unidos. Buena parte de la documentación histórica oficial sobre aquella época permanece oculta bajo un velo de secretismo que ningún gobierno, ni del PSOE ni del PP, se ha atrevido a levantar a pesar de la cantidad de años transcurridos. Afortunadamente, EEUU sí que ha desclasificado miles de documentos internos de aquella época y muchos de los que aún permanecían secretos, han sido desclasificados a la fuerza por Wikileaks. Desde el ascenso de Juan Carlos como rey de España, a la llegada del PSOE al poder y su reconversión al atlantismo, el bipartisimo, hasta el autogolpe de estado del 23F, siempre estaba detrás la misma mano extranjera meciendo la cuna.
Durante todo el reciente periodo democrático —o mas bien partitocrático—, la relación bilateral entre EEUU y el Estado Español en materia de seguridad, siempre ha estado protegida de cualquier vaivén político o de cualquier desavenencia diplomática. Quizá podría decirse que la OTAN o las bases militares norteamericanas han sido terreno vedado para la política hasta el punto de impedir ejercer efectivamente la soberanía al régimen surgido de la transición —o la rendición— del 78. No hay más que ver el resultado del referéndum de la OTAN y lo sucedido a posteriori con su condicionado, para darse cuenta del profundo desprecio mostrado a uno de los pocos referéndums democráticos que se han celebrado en nuestro país, que impedía de facto la participación de España en la estructura militar de la OTAN y obligaba a reducir la presencia militar norteamericana en nuestro país.
La opinión pública acepta esta realidad como algo natural, sin hacerse ni hacer preguntas, como una consecuencia más de pertenecer al bloque occidental en el que estamos por el lugar en el que vivimos y sin posibilidad factible de marcha atrás. Los medios de comunicación tampoco ayudan, ocultando costes, incidentes, riesgos y amenazas inherentes a pertenecer a la OTAN o mantener bases militares extranjeras en nuestro suelo, desde las que se ataca a países soberanos que no se dejan atracar por el imperio estadounidense. Los partidos del régimen alejan de la agenda todo lo relativo a las relaciones bilaterales con Estados Unidos o, cuando no queda más remedio que pronunciarse, muestran una cerrada unanimidad sin la más mínima fisura, como sucede en todas las cuestiones “de estado” que les atañen desde el 78 hasta nuestros días.
Pero hete aquí que, con la llegada al poder de Donald Trump, la soterrada batalla que EEUU mantiene con Europa se ha acrecentado sobremanera. La guerra en el seno de la OTAN por el reparto de los costes de la “protección”, los conflictos arancelarios, el apoyo al Brexit, el abandono de acuerdos internacionales, etc., han convertido el vínculo transatlántico en un creciente abismo.
Muy posiblemente todo tenga que ver también con el declive económico y militar del gran hegemón. El caso es que, por primera vez desde el 78, un partido del régimen ha amenazado al embajador norteamericano con torpedear la ampliación de las bases norteamericanas en España si no se retiran las sanciones comerciales impuestas a la aceituna de mesa, al queso, al vino o al aceite, entre otros productos. También pende la amenaza de futuras sanciones a grandes empresas multinacionales españolas que comercian o trabajan en Cuba o Venezuela, ya en el punto de mira de la administración Trump. Por otro lado, Estados Unidos necesita actualizar el escudo antimisiles ubicado en Rota sumando una unidad aérea, 600 marines más y dos buques lanzamisiles adicionales y, para ello, debe contar invariablemente con el permiso del gobierno de España. Blanco y en botella.
Mezclar asuntos comerciales con presencia militar es una situación completamente novedosa en la relaciones bilaterales entre ambos países. Probablemente el juego de amenazas no llegue a mayores y todo se cierre entre bambalinas sin luz ni taquígrafos en unos pocos días, pero no deja de ser interesante que una ecuación así se ponga sobre la mesa, porque algún día podría o debería proporcionarnos alguna agradable sorpresa.
Aunque el tema desapareció de los últimos programas electorales de la formación morada los medios culpan a la presencia de Podemos en el gobierno por este supuesto amago. Sin embargo, seguro que son más determinantes las incontables acusaciones de inacción frente a las sanciones de Trump al sector agroalimentario español, que tienen soliviantados a agricultores y ganaderos, y que se han convertido en el primer gran escollo a salvar por el gobierno de Sánchez-Iglesias en sus primeros cien días de mandato.
Veremos ahora cómo se indignan los de las banderitas rojigualdas por una reivindicación que tiene mucho que ver con recuperar espacios de soberanía cedidos desde el franquismo al decadente imperio norteamericano, que pone en riesgo a nuestros propios ciudadanos de múltiples maneras.
(Artículo aparecido en La Comuna, el 11 de febrero de 2020)
