OEA y la injerencia pro-imperialista
Un poco después de que se anunciara la detención de Jeanine Áñez y demás golpistas bolivianos (políticos, civiles y militares) se comprobó sin mayor esfuerzo el contubernio entre los detenidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el imperio estadounidense, pues si ya desde el momento de su arresto Áñez envió un mensaje a sus dos amos para ser rescatada, ahora las declaraciones de ambos cierran la pinza de complicidad en el Golpe de Estado de 2019 acontecido en Bolivia.
En un primer momento, Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado expresó que el gobierno de los “Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de ex funcionarios por parte del gobierno boliviano”. En un segundo momento y cual acto seguido, Luis Almagro difundió un comunicado de la OEA en el que se puede leer que dicho organismo “manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”. Al final del mismo documento y como último punto se menciona como propuesta de la OEA “La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA”.
Junto a estas declaraciones también se encuentran los pronunciamientos realizados por la Unión Europea (UE) y por instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidiendo se respete la “legalidad y la democracia”, sin importar que varios países europeos fueron cómplices con su silencio ante el Golpe y la represión. Además, como parte de los aliados y sumisos estratégicos de los Estados Unidos en la región, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha dicho que le resulta “irrazonable” se acuse a Áñez y a sus secuaces de haber realizado un Golpe de Estado. Todas estas opiniones están alineadas al deseo de seguir despojando-explotando los recursos naturales y la fuerza de trabajo de Bolivia y la región para satisfacer los intereses monopólicos-extractivistas del imperialismo.
Es muy clara la intención de continuar negando el Golpe de Estado efectuado en noviembre de 2019, tras el cual se derrocó al gobierno de Evo Morales, y se inició una persecución contra dirigentes y funcionarios políticos y sociales vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) así como una brutal represión contra el pueblo en resistencia que dejó por lo menos 37 asesinados, más de 800 heridos y 1,500 presos políticos. Áñez, la misma noche en que fue detenida, dijo “Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”. Puede notarse como la victimización autoproclamada de Jeanine busca eco en los sectores neofascistas de la región y el mundo que desde el principio de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los golpistas se negaron a reconocer con todas sus letras el Golpe de Estado y jugaron a la “genial impostura”, criticando al derrocado gobierno de Evo Morales en lugar de protestar contra la violación constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, contra los asesinatos y la violencia desplegada por las hordas del neofascismo. Grande es su cinismo, ya que, en ningún momento ni el imperio estadounidense, ni la OEA y mucho menos Almagro, denunciaron los crímenes ni exigieron el fin de la represión encabezada por el gobierno de facto a cargo de Áñez.
La detención de Áñez es rechazada por los sectores ultraconservadores en donde se anidan los grupos neofascistas, la oligarquía, amplios sectores de las iglesias e incluso militares en función, que se han declarado opuestos al proceso jurídico que concierne a los golpistas, evidenciando, que no les importa el resarcimiento de los daños y ni la reinstauración plena constituciona;, su intención es nuevamente, generar desconcierto en la sociedad y reorganizar sus fuerzas derrotadas en las pasadas elecciones de octubre 2020. Hay que estar muy claros, lo que en Bolivia acontece es de suma importancia y a la vez puede ser de mucho riesgo por las acciones que efectuarán los grupos de la derecha plegada al imperialismo estadounidense.
El inicio del proceso legal contra Jeanine y demás golpistas es un gran avance para el retorno pleno del orden constitucional, pues entre otras cosas, no debe olvidarse que una de las primeras acciones efectuadas por el gobierno de facto neofascista, fue pisotear los derechos de los pueblos originarios y negar el carácter plurinacional del Estado, siendo por ello justamente, que uno de los primeros actos del nuevo gobierno elegido por el pueblo que comanda Luis Arce, fue regresarle el carácter plurinacional con todas sus facultades constitucionales al Estado boliviano. Son al menos 4 las matanzas por las que deberán responder, y como resultado de las acusaciones, se ha solicitado una condena por 30 años para Áñez, siendo las matanzas las registradas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz. El pasado octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia certificó un informe en el que se indica que, de los 37 fallecidos, 27 fueron por impactos de bala.
La reacción de la derecha ha llevado a los sectores de base del MAS a declararse en estado de emergencia; voces como la del excandidato presidencial Carlos Mesa (apoyado por los golpistas) y la de Luis Fernando Camacho, exlíder cívico, comienzan a formular estrategias desestabilizadoras mediante amenazas; por ejemplo, en el Departamento de Santa Cruz, Camacho efectuó un Cabildo para “exigir” se liberen en un plazo de 48 horas a todos los detenidos o “saldrán a las calles”, justamente la misma solicitud con que la OEA finaliza su comunicado.
Por su parte, el Gobierno de Bolivia, ha dicho que impulsará un juicio contra el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por su responsabilidad y complicidad en el Golpe de 2019. El Ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que “la decisión del Gobierno nacional es llevar a juicio al señor Almagro en las instancias que correspondan”. Además, el Ministro Lima, en una muestra de apego a la legalidad internacional, ha indicado que “Hemos invitado a la comunidad internacional a que haga un escrutinio público estricto de este caso […] hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que haga una visita al país”.
El Ejecutivo boliviano pondrá en marcha un proceso internacional para que la responsabilidad de la OEA sea juzgada; recuérdese que el informe preliminar de las elecciones presidenciales de 2019 elaborado por la OEA, pretendió demostrar una serie de “irregularidades” que sirvieron después como argumento y justificación de los actos violentos, la represión y el Golpe. Aunque pocas semanas después de consumada la violación constitucional por los golpistas diversas organizaciones e instituciones de prestigio desmintieron el informe de la OEA y aclararon que las llamadas irregularidades no eran tales ni podían sustentar la teoría de un fraude que usó la derecha, los grupos neofascistas, el imperialismo y mucha de la intelectualidad “progre” y “supra-crítica” que prefirió criticar a Evo Morales, en vez de condenar el golpe, exigir el respeto a la voluntad del pueblo y el fin de la represión conservadora.
En una muestra de congruencia con los principios de no intervención, el Gobierno mexicano a través de su cancillería, realizó un llamado a Luis Almagro, para que no olvide “conducirse de acuerdo con sus facultades, fomentando el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio, y no polarizando a la ya dividida organización”; esto, luego del ya comentado comunicado de la OEA en el que se pide la liberación de los golpistas. Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y coordinador nacional de México ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fue quien emitió las declaraciones en las que también recordó que Almagro “debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democráticamente como es el boliviano».
No es la primera vez que el Gobierno mexicano denuncia y rechaza el injerencismo; en la Asamblea General de la OEA efectuada en octubre pasado, México expuso que la Secretaría General de la Organización “utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió”. De igual forma, es justo destacar que fue México el primer país en ofrecer asilo político al derrocado Evo Morales y a diversos miembros de su gobierno, siendo incluso que la Embajada mexicana en Bolivia, fue hostigada y agredida por las hordas neofascistas, hechos que generaron un primer intercambio de opiniones que delineó el alejamiento mexicano de cualquier relación con los golpistas.
La OEA desde hace décadas es utilizada por los Estados Unidos como agente para la ejecución de sus intereses, ha coadyuvado en las agresiones contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y demás gobiernos progresistas o revolucionarios de la región, su actual reactivación violenta, responde a la perdida de hegemonía del imperio estadounidense y a su reactivada disputa económica con Rusia y China a quienes a acusado de influir negativamente en América Latina, al igual que por el avance de gobiernos con proyectos sociales y abiertamente opuestos al imperialismo. En los últimos años, con la presidencia de Almagro, el organismo ha cerrado los ojos ante las masacres cometidas en Colombia, la represión en Chile y Ecuador, no ha denunciado la violación consuetudinaria de los derechos humanos que en Haití realiza el gobierno totalmente rechazado por el pueblo, no ha declarado ni una sola palabra por el fin del bloqueo económico-genocida contra Cuba con ya más de 60 años, ni contra el bloqueo sobre Venezuela, nada dice respecto del despojo de territorios y el extractivismo que depreda los ecosistemas, ni de la extensión de la pobreza en zonas como Centroamérica que entre otras cosas genera los éxodos masivos de seres humanos que hemos presenciado en años recientes; en suma, la gestión de Almagro al frente de la OEA, ha dejado muy clara la necesidad de que ese organismo pro-imperialista desaparezca para siempre, y de que los países de Nuestra América refuercen su autonomía y autodeterminación procurando la integración y la unidad mediante proyectos como la CELAC, hoy encabezada por México.
La defensa de la justicia, la democracia y la garantía de que los golpistas pagarán por los crímenes cometidos, recae en la fuerza del pueblo, en sus organizaciones proletarias, populares, campesinas e indígenas, que necesariamente tendrán que movilizarse para velar por su interés, ya que no deben olvidarse las lecciones que el Golpe de Estado dejó, pues confiar en que únicamente las instituciones del Estado harán que se cumpla con la ley es una ilusión, debido entre otras cosas, a la presencia de representantes del golpismo y de los sectores neofascistas dentro de las instituciones gubernamentales; por ello, es y será la fuerza del pueblo organizado, acompañando y exigiendo a las autoridades, lo que asegurará que los criminales sean realmente derrotados; sin embargo, tampoco debe perderse de vista que las contradicciones internas generadas por los intereses del capitalismo presente en Bolivia fueron factores en el debilitamiento del gobierno. Las bases del MAS deben luchar por la profundización del proyecto socialista para poner fin para siempre a cualquier resurgimiento golpista pro-imperialista y cualquier tipo de injerencia de organismos internacionales como la OEA. La fuerza de la clase obrera y los sectores populares bolivianos, acompañados de la solidaridad entre pueblos y del internacionalismo revolucionario, serán la verdadera garantía de establecer la justicia plena para la nación andina como para toda la región.
