Todo es lo que parece: si parece un golpe de estado, “es” un golpe de estado, si parece un “Estado de excepción”, es un Estado de excepción
Las ciencias físicas así como las sociales tuvieron un momento revelador en el postulado Ockhaniano que en su principio más elemental sostiene que no se deben multiplicar las causas sin necesidad. O dicho de otra forma, cuando para que ocurra un fenómeno se nos ofrecen 2 o más explicaciones, la que tiene más posibilidades de ser la correcta es la explicación más completa y simple.
Veamos dos ejemplos de cómo se viola el principio ockhaniano. No hace mucho –aunque con la crisis relanzada por la pandemia del coronavirus ya todo parece lejano- la derecha boliviana respaldada por el ejército lanzaba un ultimátum al presidente Evo Morales para que renunciara a su cargo, ocupaba el parlamento colocando la biblia en lugar de la whipala y emprendía la persecución de los líderes del MAS (Movimiento al Socialismo) y la represión de los pueblos originarios (que constituyen más del 60% de la población boliviana), supuestamente partidarios del presidente Evo. Se suspendían todas las garantías constitucionales, se colocaba a una presidenta –Jeanine Áñez- que se autoproclamaba presidenta con el beneplácito del ejército, la OEA (Organización de Estados Americanos) y los Estados Unidos[1].
Un militar le coloca la banda presidencial a Añez, autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen EFE (tomada de https://www.pagina12.com.ar/230719-sin-quorum-jeanine-anez-se-autoproclamo-presidenta-en-la-paz)
Para que todo esto ocurriera sin gran disgusto internacional, los medios de comunicación masivos –el poder mediático y sus paraperiodistas– arreciaron con una campaña sin precedentes presentando los acontecimientos como: crisis política en Bolivia, renuncia de Evo Morales, dimisiones del vicepresidente Álvaro García Linera y de los presidentes del Senado y de la cámara de diputados, intento de Evo Morales por imponerse, fraude electoral, etc.[2] Pero, significativamente también las críticas de la izquierda progresista y feminista hacia el gobierno “patriarcal” del presidente Evo sirvieron de material ideológico para apuntalar un discurso justificador de un golpe de Estado. Así, aunque hubo voces que proclamaron la evidencia de un golpe de Estado clásico y difundieron las pruebas de cómo fue preparado por Estados Unidos, sus organizaciones internacionales (específicamente la OEA) y las élites bolivianas, el relato que acabó imponiéndose fue el de una salida natural y formalmente democrática a una crisis institucional.
Militares bolivianos realizan un control en el municipio de El Alto durante la cuarentena. Martín Alipaz /EFE (Tomada de: https://elpais.com/internacional/2020-04-08/el-gobierno-de-bolivia-recibe-criticas-por-amenazar-la-libertad-de-expresion-durante-la-cuarentena.html)
Todavía hoy, con la crisis del COVID-19 las corporaciones mediática siguen justificando el golpe de estado en Bolivia y hablan de “Gabinete interino de Bolivia” y de “Decreto de la cuarentena que promulgó la presidenta”; y desvían la atención de la evidencia de una dictadura hacia alguno de sus síntomas: las limitaciones a la libertad de expresión.
La explicación más retorcida y rebuscada, la más difícil de argumentar y sostener: que en Bolivia hay un gobierno interino, por arte de birlibirloque y en contra de toda evidencia y análisis científico, se asume como verdadera, en vez de la explicación más completa y simple: en Bolivia hubo un golpe de Estado y hoy existe un gobierno totalitario.
El segundo ejemplo paradigmático de cómo el mundo actual se nos presenta de una forma y se nos explica de otra, es el de las democracias occidentales. La crisis de la pandemia del coronavirus ha desvelado, es decir, ha quitado el velo que ocultaba la realidad de los sistemas representativos parlamentarios a los que llamamos democracias. Como ya nos contaba el filósofo Agamben al inicio del siglo XXI, éstas se aproximaban inevitablemente a sistemas totalitarios. Puesto que, como ocurrió, por ejemplo al inicio de la Primera Guerra Mundial en la que los países beligerantes ya estaban en un estado de excepción permanente, “la legislación excepcional por vía del decreto gubernamental (que hoy nos es perfectamente familiar) se vuelve una práctica corriente en las democracias europeas”[3].
El 14 de marzo el gobierno del Estado español decretó el Estado de alarma. La Constitución española no distingue prácticamente entre estado de alarma y estado de excepción[4], únicamente por el tiempo que duran sin necesidad de solicitar al parlamento una prórroga. En el primer caso 15 días y en el segundo 30. En ambos es el ejecutivo quien emite el decreto que los desarrolla y sólo tiene que consultar al parlamento para su prórroga.
En el 2011 con el movimiento 15M y anteriormente con la invasión y ocupación de Iraq se decía en las calles: “lo llaman democracia y no lo es”. Ahora, una parte de esos mismos que demandaban una “democracia real” insisten en convencernos de que esto es una democracia, la única posible, que el sistema es reformable y la necesidad (o la emergencia) es el fundamento y la legitimidad de un estado de alarma que suspende nuestros derechos y garantías más fundamentales (y no me refiero a salir de casa sino al derecho al trabajo, la alimentación, la salud, la educación etc.) y deja en manos de los cuerpos de seguridad la gestión de estos derechos.
Esta situación de desamparo respecto a nuestros derechos más fundamentales llevaba tiempo produciéndose. El informe del Relator Especial de NNUU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en España, Philip Alston, publicado a finales de enero de este año, antes de que se desatara la pandemia, ya nos decía que si un español mirara a su país en un espejo lo que vería sería:
“…una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas». [5]
Pero todavía entonces, a principios de año, estas palabras resultaban escandalosas igual que el Informe del Banco de España afirmando que 4,5 millones de hogares (el 25% del total) subsistían por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de la inseguridad laboral, el empleo inestable y los bajos salarios. Nadie en ese momento –excepto tal vez los neofranquistas de Vox- justificaba esa realidad, y pocos pensaban que medidas reformistas pudieran revertirla. Tampoco se justificaba, desde los sectores de izquierda, la famosa ley mordaza ni la posibilidad que ésta convirtiera de hecho a los policías en jueces al poder sancionar y multar a cualquier ciudadano que consideraran que había violado alguna norma real o imaginaria.
Así, aunque la situación actual se nos presenta como “Estado de alarma para la gestión de una crisis sanitaria”, y poder abordar la situación extrema de la población, dos son las evidencias que nos permiten decir que esto no parece un estado de alarma sino un Estado de excepción; y que este país ya venía caminando hacia él.
La primera evidencia es la actuación de los cuerpos de seguridad y la aceptación por parte de la mayoría de la población de esta actuación, es decir, la normalización de la actuación de la policía y el ejército. La segunda es la imposibilidad de cualquier tipo de crítica y/o resistencia ya que automáticamente provoca la condena, la represión y la acusación de alianza con el discurso fascista. Aparentemente porque, en España, un gobierno de coalición PSOE-UP, autoproclamado de izquierdas no puede ser cuestionado pues este gobierno se considera la encarnación en la tierra de la democracia misma. Pero como diría también Agamben en relación al fin de la República de Weimar que: “… una “democracia protegida” no es una democracia, y que el paradigma de la dictadura constitucional funciona sobre todo como una fase de transición que conduce fatalmente a la instauración de un régimen totalitario”[6]
En la ley orgánica que regula el Estado de alarma deja en manos del ejecutivo (a través del Decreto) el ámbito territorial y el alcance. En el decreto del 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma en España[7] se declara como única autoridad competente al Gobierno, el ámbito territorial es todo el territorio nacional y las primeras autoridades competentes delegadas son la ministra de Defensa y el ministro del interior, después el Ministro de transportes, movilidad y Agenda urbana, y finalmente el de Sanidad. Uno de los aspectos más significativos del decreto es el que establece que las “autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas armadas”. En las ruedas de prensa del gobierno sobre el COVID-19 suele estar el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el General Miguel Villarroya.
El papel de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado está siendo tan relevante en estos momentos y los discursos aludiendo a la “guerra contra el Coronavirus” son tan frecuentes, no solo en España, que cuesta creer que se trate sólo de una medida temporal y de una metáfora para describir la emergencia sanitaria. En la revista infodefensa.com se señalaba en titulares que “La respuesta militar en España ante el COVID-19 despierta el interés de Europa” [8]. Nótese que no despierta el interés nuestra respuesta sanitaria ni la solidaridad de la población ni siquiera la respuesta del gobierno sino la del ejército. Y es que, nuestra larga experiencia totalitaria, va desde la eficacia con la que se ha disciplinado a las clases trabajadoras mediante sus sindicatos de masas hasta el control y gestión de la emigración con vallas, Centros de Internamiento, devoluciones en caliente y disparos de pelotas de goma, o la actuación de la Guardia Civil.
Casualidad o no, el mismo periódico señalaba poco antes que Bolivia había desplegado 47.000 militares ante la emergencia sanitaria.
Agentes de la Policía Nacional realizan un control de tráfico con motivo del confinamiento decretado por el Estado de Alerta en la carretera de Valldemossa de Palma de Mallorca este lunes. En vídeo, declaraciones del general de brigada de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. (FOTO: EFE | VÍDEO: EP Fuente: https://elpais.com/espana/2020-03-30/multas-penas-de-prision-y-encarcelamientos-preventivos-por-saltarse-la-cuarentena.html)
Detención en Almería el pasado sábado de un ciclista por incumplir las medidas de confinamiento del estado de alarma. Carlos Barba / EFE (Fuente: https://elpais.com/espana/2020-03-19/primeras-condenas-por-saltarse-el-confinamiento-del-estado-de-alarma.html?rel=mas)
La revista El salto, una revista de izquierdas, en un artículo de análisis jurídico sobre las detenciones bajo el paraguas del Decreto, se hacía eco del “trato poco correcto por parte de algunos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”[9], no sin antes alabar las medidas del gobierno para proteger la salud individual y colectiva de los ciudadanos.
El tratamiento benévolo hacia los cuerpos de seguridad del Estado, y subrayo “Estado”, es generalizado entre los medios de comunicación masiva, y la campaña de propaganda ha sido tal que se ha conseguido extender los aplausos al personal sanitario de las 8 de la tarde, hacia los cuerpos de seguridad. Hecho al que se ha añadido un nuevo despliegue de banderas españolas en los balcones y el himno nacional, incluso pendones negros y crucifijos, todos ellos, exhibidos de esa forma, recrean la tradición franquista.
Foto de la autora, tomada el 4 de abril de 2020
Finalmente, pareciera que el objetivo de los estados de excepción que se despliegan hoy a lo largo y ancho del planeta tuvieran como único objetivo preservar la necesidad histórica de la economía y no de la salud, es decir, del capitalismo, de continuar con la apropiación de valor y por tanto aumentar el nivel de la explotación conjurando cualquier atisbo de rebelión y/o revuelta. Esto es así porque las medidas más claras y evidentes que están tomando todos los Estados y los organismos internacionales para “gestionar la crisis” se dirigen a salvar la economía no a la gente. Y las medidas que dicen ser para ayudar a la gente también son económicas, asistenciales y temporales (ingreso mínimo vital para la población vulnerable)[10]
Pero como ya planteó Marx en 1842 en su famoso artículo sobre el robo de la leña, denunciando una ley dela Dieta que prohibía a los trabajadores recolectar las ramas secas caídas de los árboles para calentarse, si la gente no ve delito donde no hay ninguno se conseguirá que el propio delito se transforme en un hecho justo: “si el pueblo ve la pena y no ve delito, y puesto que ve la pena donde no hay delito no verá ningún delito donde haya una pena”[11]. Las leyes de las democracias que devengan estados de excepción encubiertos no se percibirán como justas, una vez finalizado el tiempo del COVID-19, y por tanto las penas que se impongan tampoco serán vistas como justas.
Quédate en casa haciendo teletrabajo, quédate en casa educándote con la escuela y la universidad virtuales, quédate en casa para recibir las ayudas de emergencia, no te manifiestes, no te concentres, no te reúnas, mantén una distancia social… o de lo contrario serás sancionado o serás delatado por tus vecinos. El estado de excepción ya está funcionando como un dispositivo de control naturalizado en un país con escasa o nula tradición democrática. Pero también se da la circunstancia de que, de forma desigual según las zonas, hay gentes en esta francocracia que no se han acostumbrado a ver delito en lo que consideran justo.
La única garantía que tiene este gobierno, cualquier gobierno, tras el COVID-19 para mantener el orden y la distancia social, será la prolongación de lo que vengo llamando la francocracia española. Esto es, unas instituciones y una población, predispuestas al totalitarismo, que durante los últimos años han ido creciendo al calor del consentimiento tanto de la izquierda como de la derecha política ante el temor de la revuelta social, ya sea nacionalista, laboral, o simplemente humanitaria.
NOTAS:
- En 15 de enero Mauricio Claver Carone, Director Senior del Consejo Nacional de Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, visitó Bolivia para transmitir el respaldo de la administración Trump al gobierno de Añez.( https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/15/alerta-bolivia-funcionario-de-trump-visito-bolivia-y-transmitio-respaldo-de-ee-uu-a-gobierno-interino-de-jeanine-anez/) ↑
- Son evidencias muy significativas la cantidad de entrevistas que se hicieron en los medios como la BBC a la autroplocamada presidenta (https://www.youtube.com/watch?v=aI0x5b8nOcc) y ↑
- G. Agamben, Estado de excepción. Homo sacer, I,II, pág. 41 ↑
- Constitución Española, Título V, artículo 116 “De las relaciones entre el gobierno y las Cortes generales”. La Constitución deja el desarrollo de este artículo a la ley orgánica que entró en vigor el 6 de junio de 1981, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774 ↑
- Declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos,Philip Alston,sobre la conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero-7 de febrero de 2020 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S ↑
- Ibídem, pág. 46 ↑
- Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 ↑
- Foto: https://www.infodefensa.com/es/2020/03/20/noticia-respuesta-militar-espana-covid19-despierte-interes-entre-paises.html. ↑
- Se trata de una revista de izquierdas. El salto, Multas y detenciones en tiempos de coronavirus: una mirada jurídica”, https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/multas-detenciones-coronavirus ↑
- La Vanguardia, “El gobierno acelerará una renta mínima de emergencia ante la pandemia”, 16/4/2020, https://www.lavanguardia.com/economia/20200415/48545657354/gobierno-acelerara-renta-minima-emergencia-pandemia.html ↑
- K. Marx, Artículos de la Gaceta Renana, 1842-43, pág. 208 ↑
Una idea fundamental que aparece al comienzo de este artículo y que no desarrolla después, es también esencial para lo que estamos viviendo aquí: «significativamente también las críticas de la izquierda progresista y feminista hacia el gobierno “patriarcal” del presidente Evo sirvieron de material ideológico para apuntalar un discurso justificador de un golpe de Estado».
Flaco servicio hacemos a un gobierno de coalición que por primera vez desde hace décadas adopta medidas sociales para las mayorías trabajadoras contra la voluntad de los grandes poderes económicos y sus portavoces en puestos políticos, si nos instalamos en la crítica de derribo, favoreciendo el objetivo que ese contrapoder busca: sólo les ayudaríamos a completar el proceso golpista de manual que han llevado a cabo siempre en América Latina y que están intentando aquí desde antes incluso del estado de alarma, con su preciada arma de los medios de comunicación del sistema.
No hay más que ver las caídas de la Bolsa. Sus pérdidas y rabietas son consecuencia de nuestros logros. Ladran luego cabalgamos, como dijo Cervantes; pero también «que el pensamiento no puede tener asiento», como cantó Aute. Si esos poderosos siguen instalados en sus prejuicios y absoluto desprecio por la clase trabajadora, nosotros obreros e intelectuales no debemos tampoco quedarnos en nuestro prejuicios, que también los tenemos, hacia el ejército, la guardia civil y la policía. Vale que desconfiemos de primeras por su golpismo del pasado o por su ilegítima violencia escudada unos en la lucha terrorista y otros en el desorden público; pero el hecho de que desde el primer momento visualicen su trabajo junto al gobierno tiene, creo, dos funciones: una es pedagógica para normalizar en la población el considerarlos como lo que deben ser, un servicio público con una función constitucional de protección de la población, y otra es desactivar de entrada todo intento desestabilizador por parte de las fuerzas armadas contra el gobierno.
También creo que hemos de poner “en observación” nuestros prejuicios hacia los partidos políticos que componen el gobierno de coalición. Vale que desconfiemos de primeras por la trayectoria del Psoe y por las actuaciones y los hechos que hemos visto, antes de la pandemia, de los distintos miembros del gobierno, pero desde que visualizaron su acción de gobierno con el estado de alarma lo que he percibido es que forman un equipo muy rico por cuanto cada persona viene con un bagaje distinto tanto en formación como experiencia y contactos y está volcando toda esa riqueza en el común del gabinete, de forma que constituyen un equipo que analiza mucho, que escucha y discute diferentes visiones, que trata de llegar a consensos y que una vez que se toman decisiones son asumidas por todos los miembros en aras de asegurar la estabilidad del gobierno en medio de una multicrisis de enorme magnitud como la actual (sinceramente, a mí no me gustaría estar en su pellejo, siempre en el punto de mira para criticarlos pero solos ante el peligro; como cuando te toca ser presidenta de una comunidad de vecinos) y además es un gobierno que después escucha también cómo recibe la población sus medidas y que rectifica si cree que se ha equivocado. Ya me gustaría a mí ver esta misma humildad, honestidad y sabiduría de rectificar a tiempo en el resto de partidos del parlamento. Considero que si ellos están aprendiendo de sus errores y corrigiendo con rapidez y en tan difíciles circunstancias —no sólo por el imparable virus sino también por todos los ataques a su trabajo—, es algo que debemos aplaudir y nos obliga moralmente a tratar de ayudarlos o encarrilarlos con propuestas constructivas, ideas y consejos, no precisamente a hostigarlos como hacen los poderosos.
Crítica constructiva siempre, presión social para conseguir más avances sociales que beneficien a las mayorías trabajadoras siempre, pero también fuerte respaldo social a medidas sociales y a gobiernos que se atreven a no seguir todas las indicaciones y exigencias de los grandes poderes económicos y sus portavoces políticos. Ya me gustaría a mí que cada persona que conforma la población que vive en España se atreviera en su pequeño ámbito de actuación a enfrentarse a esos mismos poderes económicos, ya sea boicoteando el consumo de sus productos y servicios, ya sea negándose a aceptar condiciones de trabajo indignas, ya sea negándose a pagar alquileres a los fondos buitre, ya sea cambiando de compañía financiera, energética o de telecomunicaciones, ya sea negándose a lucrar aún más a las farmacéuticas comprando lo que nos dicen por la tele o la radio en vez de lo que nuestro sentido común nos dicta una vez escuchadas las indicaciones y explicaciones de la comisión sanitaria del gobierno (y me refiero a la compra de mascarillas, guantes y ahora incluso tests rápidos por la gente en las farmacias). Si no cambiamos nosotros en nuestra actitud y en nuestros planteamientos y no damos los pasos para abandonar el capitalismo y transitar hacia otras relaciones socioeconómicas centradas en el sostenimiento de la vida, ¿qué legitimidad moral tenemos para exigírselo a cualquier gobierno? No nos engañemos. Ningún gobierno puede sacar adelante medidas sociales rupturistas si no está fuertemente respaldado por el pueblo organizado, y el pueblo necesita primero concienciarse de su condición de clase trabajadora en claro conflicto con la clase que acumula capital, para poder pensar siquiera en organizarse, y después pasar a la acción tanto en el plano colectivo como en su vida personal. Ésta es nuestra responsabilidad como pueblo que somos, no lo olvidemos.